Divididos por la zanja. Finalmente, los vecinos de dos de los barrios más castigados de la ciudad, Azcuénaga Sur y Bella Vista Oeste, lograron volver a sus casas con alivio: el Concejo Municipal aprobó tras una larga pulseada interna una modificación de la ordenanza 8539, que lleva el título “Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales” pero se conoció más como “Cloacas para todos”. La norma, que fue celebrada por todos los sectores políticos y votada por unanimidad el año pasado, coronaba un largo anhelo de dotar a todos los barrios de Rosario de servicio cloacal. Pero de inmediato apareció un manchón: en dos sectores periféricos las obras habían comenzado un año antes, gracias a una ley provincial, y lo que hizo la ordenanza, además de integrarla al plan, fue cambiar los montos que debían pagar los vecinos: de una estimado de “600 o 700 pesos”, que habían escuchado de sonrientes funcionarios que visitaban las obras, pasaron a recibir facturas de entre 1.500 y 4.000 pesos. Acaso ninguno de ellos había terminado de leer que esos montos se podían cancelar en hasta 48 cuotas: la indignación ya los había enceguecido.
“Si un ciudadano comete un error, debe aprovechar la oportunidad para enmendarlo”, dijo, palabras más, palabras menos el edil de la Coalición Cívica Oscar Greppi. Hablaba en una sesión que, en rigor, no había comenzado: durante horas, los únicos que estuvieron en el recinto eran los miembros de los distintos bloques opositores, y Greppi, alineado en no pocas votaciones con el oficialismo, dijo que atravesó por un “debate ético” y no podía votar “en contra de la gente”.
No era, sin embargo, el tema de las obras cloacales de Azcuénaga y Bella Vista lo que había enfrascado al socialismo en un profundo debate interno. La mitad de las gradas del Palacio Vasallo estaban ocupadas por los vecinos de ambos barrios, pero la otra mitad estaba poblada por trabajadores de Promoción Social de la Municipalidad. Los dos grupos se miraron y en un tris se estableció la solidaridad entre los que reclamaban unos y otros: el pase a planta permanente de los empleados (ver aparte) y por parte de los vecinos que se respeten los montos originales que les habían dicho que tenían que pagar.
Poco antes de las 16, la impresión era que la sesión naufragaba sin remedio. Pero a medida que se diluía la posibilidad de discutir el orden del día aumentaba la inquietud en las barras. “Adónde están, los que querían dialogar”, estalló el primer canto. Menos armónicos, los vecinos de la zona sudoeste, que les llevaban unos cuantos años de edad –como lo atestiguaban al menos media docena de bastones– reclamaban a gritos la presencia de los concejales que faltaban.
Y los permanentes cabildeos dieron frutos. Tras un llamado de la radical Daniela León –autora del proyecto para modificar la ordenanza de cloacas– y una suerte de sesión en minoría encabezada por la vicepresidenta del cuerpo, la kirchnerista Norma López, mientras sonaban tres timbres de media hora cada uno llamando a los ediles que estaban “en la casa” a sesionar, el jefe del Legislativo, Miguel Zamarini, ingresó en el recinto, y se sentó en la cabecera.
De a uno los miembros del bloque socialista ocuparon sus lugares y, pasadas las 17.30, la sesión pudo comenzar. Con disculpas a los vecinos, se adelantó el tratamiento del tema. Y se hizo la modificación: los vecinos de Azcuénaga y Bella Vista, según dispuso el Concejo, pagarán lo estipulado en la ley provincial 11.220, de servicio de agua y cloacas, aprobada en 1994, en el marco de la a la postre fallida privatización del servicio. Esto es, para una propiedad de hasta 400 metros cuadrados –se sabe, las casas en los barrios suelen tener el tradicional “fondo”, más grande o más chico– sus propietarios abonarán un mínimo de 233 pesos, y un máximo de 1.165 pesos. Eso, en un solo pago. Pero también tendrán un plan de cuotas: 24 bimestrales o 48 mensuales y lo que pagarán –en total– no excederá los 1.864 pesos. Las caras de alivio eran visibles: los vecinos acusaban cuentas que iban de 1.500 pesos hasta los 4.000, montos que habían generado invitaciones a los ediles para que fueran a ver “cómo y dónde vivían”, para que después concluyeran ellos mismos si los podían pagar o no.
La votación de la festejada norma, empero, tampoco fue simple. El oficialismo empujó que el proyecto, que llegaba al recinto con despacho de tres comisiones, volviera a tratarse en esos cuerpos. El pedido, en nombre del oficialismo, lo formuló Aldo Gómez, quien marcó que si bien era comprensible que los montos que llegaron en las facturas de Aguas Santafesinas –a los que se sumó el “cargo de infreestructura” por cuenta y orden de BMR Mandatos y Servicios –fideicomiso del Banco Municipal– eran excesivos, los previstos en la ley de 1994 –aunque actualizados– no llegaban a costear una obra de gran infraestructura como una red clocal.
Pero el número le fue esquivo al oficialismo: con la ausencia con aviso del radical Jorge Boasso –de viaje– la oposición se abroqueló contra el regreso a comisión del tema: 11 votos contra 10. Y la siguiente votación, en la que el bloque Socialista y el radical Gonzalo del Cerro pidieron permiso para abstenerse, los 11 votos de los bloques Unión Cívica Radical, PRO, Frente para la Victoria, Partido del Progreso Social, Encuentro por Rosario, ARI-Coalición Cívica, Partido Socialista Auténtico-Proyecto Sur y Rosario Federal volvieron a sumar 11 a favor, con 0 en contra. Ahora la palabra la tendrá el intendente Miguel Lifschitz.
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