El gobierno de Miguel Lifschitz avanza en su objetivo de reformar la Constitución provincial. Aunque el Ejecutivo no definió un proyecto, sino que lo irá construyendo en las consultas con partidos políticos y especialistas, hay cuatro borradores que empezaron a circular la semana pasada y que incluyen varios puntos que prometen polémica.
Los borradores fueron distribuidos a una veintena de constitucionalistas, en una primera ronda informal de consulta, con el objetivo de ir tomando sus opiniones y sugerencias. Entre los ejes conceptuales que definen el espíritu de la discusión ciudadana para una reforma constitucional, se puede leer: “Pretendemos una Constitución santafesina para el siglo XXI”.
Hasta hoy el gobierno recibe devoluciones por escrito de los especialistas consultados. Mientras tanto, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, se apresta a iniciar el diálogo con los partidos políticos: la primera reunión será con referentes de la UCR provincial (ver aparte). El lunes 22 será la presentación pública de la reforma con la difusión de la plataforma digital donde se irán volcando las propuestas, el debate y el cronograma de actividades.
Para el gobierno de Lifschitz, según consta en los borradores, la reforma de la Constitución es necesaria por “buenas razones”. Y agrega: “El Plan Estratégico de la provincia propicia definir políticas de Estado, pensando en el mediano y largo plazo, como respuestas estructurales a las necesidades más importantes de la sociedad”.
El Ejecutivo plantea además la necesidad de actualizar “un andamiaje institucional modificado por última vez en abril de 1962, hace 54 años”.
En el texto dirigido a los especialistas se consigna que “Santa Fe no adhirió al mayoritario espíritu reformista de mediados de los 80, luego de la recuperación democrática y que signó el derecho público provincial argentino. Santa Fe tampoco modificó su texto pese a la Reforma Nacional de 1994 que estableció nuevos paradigmas en el horizonte político, jurídico y constitucional en la Argentina, como la democracia y los derechos humanos”.
En paralelo a las consultas con académicos, el Ejecutivo pretende desarrollar actividades con instituciones y organizaciones sociales.
“El objetivo consiste en que esa participación logre dotar de la mayor legitimidad social al proceso de reforma y que la ciudadanía se apropie del debate sobre la necesidad de la reforma, sea protagonista del cambio institucional y tome conciencia cívica sobre los beneficios concretos para su vida en una sociedad democrática”, señala el texto.
El escollo más difícil
El contenido de la reforma –esto es: qué temas estarán sujetos a debate– es el escollo más difícil que deberá superar el gobierno. Para que se sancione la necesidad de una reforma constitucional, el Ejecutivo necesita los dos tercios de ambas cámaras legislativas. El Frente Progresista no tiene esos números –es minoría en el Senado y tiene mayoría simple en la Cámara de Diputados– por lo cual deberá construir consensos con la oposición y con sus propios aliados.
El gobierno propone incorporar una cláusula en defensa del orden democrático constitucional y del Estado de derecho, concordante con lo dispuesto por el artículo 36 de la Constitución Nacional. Un “reconocimiento del pueblo de Santa Fe a la democracia”, según consta en el texto titulado Diálogos por la Constitución.
En ese escrito se plantea uno de los cambios que prometen disparar muchas discusiones. Es el ítem referido a la igualdad de religiones. El Ejecutivo sugiere discutir “la derogación del artículo 3 sobre la religión y la ratificación de la libertad de cultos contemplada en el artículo 12 de la Constitución provincial”. El artículo 3 determina que el Estado provincial debe prestar la “protección más decidida” a la religión Católica, Apostólica y Romana.
En sentido similar, el borrador del gobierno plantea “el reconocimiento del derecho a la igualdad real entre hombres y mujeres y de derechos sobre la perspectiva de género”, la obligación del Estado de dar “reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos, así como realizar acciones positivas encaminadas a eliminar normas desigualitarias y discriminatorias”.
En otro punto se propone el “reconocimiento del derecho de todo ciudadano a la información pública” ya que “los actos del Estado provincial en cualquiera de sus poderes son en principio públicos”. Además se establece un “reconocimiento pleno de la libertad de expresión en todas sus formas que incluye el derecho al conocimiento, el acceso a la información, divulgación periodística y la garantía de no revelación de la fuentes de información”.
Muchos temas
En el plano político no hay propuestas concretas, sino un largo listado de temas o ítems a poner sobre la mesa. Entre ellos, la autonomía municipal, la unicameralidad, el sistema electoral, la regionalización, la posibilidad de incluir minorías en el Senado (siempre que continúe el sistema bicameral), el balotaje e incluso reformas al seno del Poder Judicial, como la sugerencia de debatir la jubilación de los jueces a los 65 años.
En materia electoral, la idea es establecer que la normativa deberá ser aprobada por mayorías especiales. También se propone la creación de una justicia electoral independiente y especializada, reconocer el derecho al sufragio a los jóvenes a partir de los 16 años y “establecer pautas de acciones positivas que lleven a obtener similar participación en cargos electivos y partidarios a varones y mujeres”.
Las consultas arrancarán con el principal aliado
La ronda de consultas con los partidos políticos de cara al objetivo de reformar la Constitución provincial empezará con el radicalismo, principal aliado del socialismo dentro del Frente Progresista. Lo confirmó la semana pasada el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías. Después de la UCR, el diálogo continuará con las otras fuerzas políticas con representación parlamentaria: el PJ, el PRO, el Frente Social y Popular y el resto de los partidos del Frente Progresista.
Según Farías, la intención del gobierno de Miguel Lifschitz es “tener en agosto las conversaciones con todas las fuerzas partidarias; en un primer contacto, queremos conocer la postura de cada sector respecto de la viabilidad de la reforma, y una vez que tengamos ese aval, vamos a constituir una comisión con representantes de todas las fuerzas para empezar a trabajar sobre los temas y los tiempos”.
Las negociaciones con la UCR no serán sencillas. Dos de sus sectores internos, el MAR y NEO, adelantaron que apoyarán la reforma, pero el Grupo Universidad –liderado por José Corral y Mario Barletta– sostiene que el debate debe darse recién en 2018 porque ahora las prioridades de la ciudadanía pasan por la seguridad, el empleo y la evolución de la economía, según explicó Corral, intendente de Santa Fe y titular del radicalismo a nivel nacional.
La Mesa Ejecutiva de la UCR santafesina resolvió enviar representantes de los tres sectores. En el encuentro con Farías, estarán el presidente del partido a nivel provincial, Julián Galdeano (MAR), el senador Rodrigo Borla por el Grupo NEO y el diputado nacional Hugo Marcucci por el Grupo Universidad.
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