En el medio de un paro lanzado el jueves por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en todo el transporte urbano de la ciudad por falta de pago de salarios con el aumento acordado en paritarias, y que continuó ayer en la empresa Rosario Bus con 16 líneas fuera de servicio, la intendenta Mónica Fein anunció que designará un veedor para que realice una auditoría financiera en la única concesionaria privada del sistema. El objetivo, según señaló la jefa del Palacio de los Leones, es conocer cuál es la verdadera situación financiera interna. La medida, de fuerte voltaje político, podría también ser interpretada como una virtual intervención estatal. En esa línea, Fein informó en conferencia de prensa que había intimado a la firma propiedad de Agustín Bermúdez para que diera total prioridad al pago de los sueldos y postergara “si esto es necesario”, los compromisos con los proveedores. También informó que le solicitará a la Legislatura provincial que delegue a intendentes y presidentes comunales la potestad de establecer la tarifa del transporte urbano de pasajeros, en lo que supone un fuerte foco de conflicto con el Concejo Municipal, que es el que tiene la potestad de hacerlo por ley pese a que en el primer año de gestión de la intendenta, le cedió temporariamente las facultades.
En una conferencia de prensa convocada de manera casi urgente en horas del mediodía, la titular del Palacio de los Leones señaló que “la mayor preocupación” eran los usuarios que se habían quedado sin el servicio durante el intempestivo paro de la víspera. En ese marco, puntualizó: “El veedor que vamos a designar nos va a poder dar información fehaciente de la empresa, ya que nosotros estamos a poco tiempo de terminar la primera etapa de una concesión y tenemos que continuarla. Necesitamos garantías o una perspectiva del financiamiento y la prestación que pueda llevar adelante la empresa. Hemos tomado hoy (por ayer) esa decisión porque las intimaciones que hicimos no tuvieron efecto”, remarcó.
“Voy a poner un veedor porque creo que está peligrando el financiamiento del sistema de transporte. Lo sabemos porque con nuestras empresas públicas, en lo que va del año, ya aportamos 60 millones de pesos, por lo tanto queremos saber cuál es la realidad financiera de la empresa privada”, insistió.
Pero, a diferencia de la privada, que lo hizo desde el vamos, las estatales pueden desde hace relativamente poco tiempo –cuando lo aprobó el Concejo– llevar publicidad externa en las unidades y en el boleto, un extra que, hasta ahora, no forma parte del estudio de costos que mensura cuánto debería ser el precio del boleto.
Poder al Ejecutivo
“Voy a solicitarle a la Legislatura, junto con el Concejo Municipal, que nos delegue a intendentes y presidentes comunales la definición de tarifas. Ahora tenemos una ley de Municipios, que tiene muchos años, hay un cuerpo colegiado que resuelve el tema de tarifas y voy a solicitar que sea modificada esa norma”, anunció la intendenta Fein.
“También he hablado con casi todos los bloques del Concejo en estos días y lo que les he solicitado es la máxima madurez política para buscar alternativas. Estamos abiertos a todos los diálogos que aporten y garanticen el funcionamiento del sistema”, indicó.
Fein resaltó que en el corto plazo lo primordial era que se cumpla con el pago de los salarios. “Para eso le hemos pedido a la empresa que postergue los proveedores para garantizar el cien por ciento de los salarios, sabemos que los proveedores son en muchos casos el pago del gasoil o el pago de coches que han comprado, pero creemos que se pueden postergar esos pagos y jerarquizar los salarios”, añadió.
“Nosotros hace un mes que mandamos el estudio de costos. Cuando yo estaba en Roma las empresas tuvieron que pagar un retroactivo salarial, casi vamos a un paro y lo logramos destrabar, y ahora en este momento del pago se ha complicado nuevamente el financiamiento. La empresa no tiene ningún justificativo para no cumplir con el pago de los salarios, se lo estamos exigiendo, y obviamente la decisión de nombrar un veedor tiene que ver con mirar el futuro ya que en agosto se vence el plazo de esta licitación y si se la quiere prorrogar es necesario para nosotros entender y ver el manejo de la empresa”, siguió.
Al ser consultada sobre los problemas que habían surgido también en las empresas estatales del servicio con la liquidación de los sueldos, la intendenta respondió que “el pago de La Mixta y la Semtur no se demoró”. “Ahí lo que hubo fue un error de interpretación entre el gremio y las empresas, quienes pagaron de acuerdo a su interpretación y el gremio consideró que no era la adecuada, lo mismo pasó en Córdoba. Unificado el criterio se terminó de pagar”, indicó.
Sobre las distintas propuestas que vienen surgiendo desde el Concejo para solucionar el problema de la tarifa del transporte público de pasajeros, la mandataria explicó que no quería opinar sobre el tema y que “todas eran válidas”.
“Lo que sabemos es que el usuario no debe hacerse cargo de la financiación del sistema, por eso tenemos un fondo compensador importante en la ciudad. Nosotros a través del estacionamiento medido, del Drei y muchas otras cosas aportamos a ese fondo que hoy es de 11 millones de pesos mensuales y estamos dispuestos a seguir incrementándolo si hay alguna alternativa. Los fondos que recibimos de la provincia nos dan 30 centavos por pasajero, por eso seguimos en la búsqueda de fondos para aportar y reducir el costo que los pasajeros deben pagar de tarifa”, destacó.
Por último y sobre la conducta de los empresarios de Rosario Bus, señaló que “el privado se presentó en una licitación y debe cumplir con lo que se marca, que es prestar el servicio”. “Deben pagar los salarios, no hay ningún motivo para no hacerlo”, concluyó.
El gremio menor ve “destrato”
“Ya es hora de darle caducidad a Rosario Bus por los atropellos que comete y la presión inescrupulosa para que le inflen la tarifa del boleto”, disparó el titular de la Asociación de Obreros del Transporte Automotor (Aota), el gremio minoritario de los choferes, Alberto Montenegro. El sindicalista repudió así la “maniobra extorsiva” por parte de la privada del transporte urbano de pasajeros a la par que acusó casi en el mismo tono al Ejecutivo municipal: “Acompaña y mete más presión para el aumento de boleto”, sostuvo.
Montenegro pidió la intervención de la Justicia: “Debería haber un fiscal que tome cartas en el asunto y en base al pliego de concesiones sancione a esta empresa por incumplimientos y destrato a la ciudadanía”, insistió.
Es que, para el titular de Aota, “el colectivo no puede aumentar porque el servicio es malo”. Y con esa idea llamó a concejales a la reflexión y a “no dejarse llevar por presiones”.
“Nosotros somos parte de este sistema, tenemos choferes en empresas de la Municipalidad y en Rosario Bus y sabemos de la poca inversión que se realiza para mejorar el servicio”, insistió Montenegro, apuntando “principalmente a la empresa privada”.
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