La Defensa Pública presentó oficialmente el Informe de Monitoreo de los Centros de Detención Policiales que editó recientemente dicha repartición. El monitoreo a todas las dependencias policiales de la Provincia de Santa Fe fue realizado por todos los Defensores Públicos y un grupo de colaboradores que integran la institución sobre la base de protocolos de actuación fijados por el Defensor Provincial. Se trató del segundo informe, ya que oportunamente se había dado uno similar sobre los Centros de Detención Penitenciarios.
Allí, lograron constatarse graves falencias edilicias y de infraestructura, como también, altos niveles de hacinamiento y malos tratos recibidos contra los detenidos en estos establecimientos. Además, el informe da cuenta de que la casi totalidad de los lugares destinados al alojamiento de personas privadas de libertad no cumplen con los estándares constitucionales ni lo dispuesto por los tratados internacionales de derechos humanos.
La presentación tuvo lugar el viernes, en el Salón Sur del Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario; allí el Defensor Provincial, Gabriel Ganón, presentó oficialmente el Informe de Monitoreo de los Centros de Detención Policiales que editara recientemente la Defensa Pública.
La oportunidad fue propicia para llevar adelante un Panel/debate a cargo del diputado provincial, Eduardo Toniolli, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), y María Eugenia Mistura, en representación del área de Implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Ganón destacó la importancia que tiene este documento y el precedente que sienta dentro de la Provincia de Santa Fe al ser el único informe oficial que hasta el momento ha sido publicado sobre la problemática en torno a las condiciones en que se encuentran las dependencias policiales en el territorio provincial, ya que el trabajo elaborado a partir de un estricto plan de monitoreo permite, a su vez, superar la brecha producida por la ausencia de información estadística sobe las comisarías y centros de detención, conocer con datos precisos y confiables los problemas de afectaciones de derechos humanos e iniciar acciones pertinentes a efectos de revertir dichas situaciones bajo la nueva mirada de la Defensa Pública desde su trascendente rol institucional.
María Eugenia Mistura abrió el panel exponiendo acerca del estado actual de todas las provincias argentinas y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a la plena implementación del Protocolo Facultativo contra la Tortura, cuyo mecanismo fue aprobado por el Congreso Nacional. En junio de 2006 entró en vigencia el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, del que el Estado argentino también resulta parte por Ley 25.932. Mediante ese instrumento los Estados Partes afirmaron la “necesidad de adoptar nuevas medidas para alcanzar los objetivos de la Convención contra la Tortura” y se fijaron como tarea “establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Mistura recordó la tarea que vienen desarrollando con Enrique Font al respecto dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y describió con detalle el mapa nacional de funcionamiento del citado Protocolo.
A su turno, Paula Litvachky ponderó la iniciativa de la Defensoría Provincial de visibilizar con el informe los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Señaló la actuación que le cupo al Cels en todas las etapas de implementación del Protocolo Facultativo y subrayó como un eje central la necesidad de reconocer la autonomía de la Defensa para poder llevar adelante sus importantes responsabilidades en la materia. También hizo hincapié en un aspecto del informe al cual no todos le prestan la atención que merece cual es la diferente forma de registración que utilizan las comisarías respecto a las personas que ingresan en averiguación de antecedentes, donde incluso no existe si quiera registro de actas de dichas situaciones, con una clara vulneración de derechos.
Por su parte, el diputado Eduardo Toniolli reconoció la seriedad del informe presentado al poder contar con datos estadísticos que antes no se disponían y justificó el acompañamiento de esta iniciativa desde su labor en la presidencia de la Comisión de Derechos y Garantías de la cámara baja. Asimismo analizó la labor legislativa en los últimos cuatro años. Allí hizo referencia a los numerosos proyectos de ley y debates en torno al mejoramiento de la seguridad. Aludió también a las diferentes presentaciones judiciales que realizó, como las que tienen que ver con la modificación del artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía, que habilita a las fuerzas de seguridad provincial a realizar detenciones por averiguación de antecedentes.
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