Casi 20 personas serán imputadas este martes por la fiscal de la Unidad de Balaceras Valeria Haurigot, quien investiga una organización criminal dedicada al comercio de estupefacientes y extorsiones liderada por Alan Funes, un convicto de alto perfil detenido en la cárcel bonaerense de Ezeiza.
En el marco de esa pesquisa, el miércoles pasado se realizaron múltiples allanamientos tendientes a desarticular a la banda. Luego de los operativos, la fiscal reveló que la causa partió del secuestro de un celular cuyo análisis permitió esclarecer varios atentados y agregó que el teléfono pertenecía a la hermana de Funes.
El operativo se llevó a cabo por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal. Los efectivos realizaron cerca de 20 allanamientos en distintos domicilios de Rosario además de requisar nueve celdas en cárceles provinciales y federales, entre ellas la del sindicado jefe de la organización Alan Funes.
“Fueron 20 allanamientos, que se distribuyeron entre tres fuerzas, pero la investigación salió del riñón del Ministerio Público de la Acusación (MPA)”, explicó la fiscal Haurigot tras mencionar la detención de 17 personas de las cuales muchas ya están privadas de la libertad por otras causas y serán imputadas por nuevos delitos este martes.
Según Haurigot, Alan Funes eran quien impartía las órdenes desde su lugar de detención en Ezeiza para la comisión de distintos delictivos, entre ellos la administración de puntos de venta de estupefacientes. Las personas que trabajaban bajo sus órdenes fueron identificadas, según la fiscal.
Al respecto dijo que sus cómplices no sólo se dedicaban a delitos vinculados con la narcocriminalidad sino que se desplazaron a otros rubros “como las extorsiones, que tan preocupados nos tienen y habían aumentado tanto en el último tiempo, todo eso se va a ver en la audiencia con una calidad de evidencia notable”.
Agregó que se trata de una banda que “va mucho más allá de la violencia encapsulada a las drogas, sino que se desprende para todos lados y reconoce un alto poder de fuego”. En ese sentido advirtió que su investigación “vuelve a poner en evidencia la cuestión sobre el ingreso y el uso de aparatos de telefonía celular dentro de los establecimientos penitenciarios”.
La investigación comenzó a partir del asesinato de una joven de 21 años perpetrado en octubre pasado en barrio Tablada. El esclarecimiento de ese homicidio, que estuvo a cargo del fiscal Gastón Ávila, fue el puntapié para vincular a los autores intelectuales del asesinato con una asociación ilícita dedicada a cometer distintos delitos.
De acuerdo a la teoría acusatoria de la fiscal Haurigot, detrás de esa estructura está Alan Funes, quien impartía órdenes desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple una pena de 35 años de prisión por homicidio.
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