Alvaro Arellano
Este lunes referentes de Defensa del Consumidor Rosario recibieron junto a organizaciones de inquilinos y la concejala Norma López a la subsecretaria de Acciones para Defensa de los Consumidores de la Nación, Liliana Liliana Schwindt, para abordar dificultades en el acceso a la vivienda y trasladar una iniciativa que barajan a nivel local con el objetivo de avanzar en paralelo a la Ley de Alquileres.
La propuesta de referentes locales tiene que ver con la conformación de una instancia multipartidaria encabezada por el Consejo Asesor de la Vivienda, y de la que también participen concejales y legisladores provinciales. Tanto a nivel municipal como provincial buscarán avanzar en mecanismos para amortiguar los valores que deben afrontar los inquilinos mes a mes.
En diálogo con El Ciudadano, el titular de la Oficina de Defensa del Consumidor local, Antonio Salinas, anticipó que habrá una primera convocatoria para esta instancia el 18 y 19 abril donde lanzarán una suerte de restitución del Consejo Asesor de la Vivienda con soporte político de concejales y legisladores provinciales a través de tres medidas principales.
Particularmente a través del Concejo, propondrán que en la Tasa General de Inmuebles (TGI) se pueda discriminar el componente impositivo y el de servicio. De esa forma se puede distinguir qué parte le corresponde pagar al inquilino y cual al propietario.
Por otra parte, llevarán la discusión sobre el impuesto a la vivienda ociosa al ámbito provincial. Lo que propondrán desde el Consejo a los legisladores es aplicar el tributo a través de una suba en impuesto inmobiliario a quienes cuenten con determinada cantidad de bienes ociosos.
La tercera medida que pondrán a consideración tiene que ver con este último punto. Así como buscarán avanzar con el impuesto a la vivienda ociosa para sectores concentrados, también intentarán promover incentivos fiscales para pequeños tenedores de viviendas con el objetivo de que las vuelquen al mercado inmobiliario.
El futuro de la Ley
Mientras se debate el futuro de la nueva Ley de Alquileres, organizaciones locales plantearon ante la subsecretaria de Acciones para Defensa de los Consumidores de la Nación, Liliana Liliana Schwindt, una serie de cuestiones que vulneran esa legislación y atentan contra el bolsillo de las y los locatarios que residen en viviendas de la ciudad y la región.
Tras el encuentro, el titular de la oficina de Defensa del Consumidor, Antonio Salinas, deslizó: “Intercambiamos miradas sobre la especulación de las corporaciones inmobiliarias que llevaron los precios de los alquileres por las nubes, con exigencias que imposibilitan cada vez más conseguir alquileres que puedan ser sostenidos por las familias rosarinas”.
Desde su aplicación, tanto propietarios como inquilinos manifiestan, desde su posición, cuestionamientos a la ley que entró en vigencia en julio de 2020. Por estos días cobraron fuerza nuevas iniciativas para cambiar algunos aspectos de la legislación, aunque para los inquilinos bastaría con que se aplique correctamente la normativa.
“La Ley que fue impulsada por las organizaciones de defensa de inquilinos/as, ha sido totalmente desvirtuada por quienes siempre se han opuesto al acceso de trabajadores a viviendas dignas”, explicó Salinas.
En el Congreso de la Nación hay un sector del oficialismo que pretende mantener la base de la actual legislación, con algunas modificaciones, entre ellas la implementación de un impuesto a la vivienda ociosa con la finalidad de desalentar la especulación inmobiliaria.
En paralelo, desde la oposición rechazan la posibilidad de debatir sobre un impuesto a quienes tienen viviendas sin habitar y empujan para desarticular totalmente la nueva ley, aunque sin demasiadas precisiones sobre una alternativa.
Al respecto, el titular de la Oficina del Consumidor, sostuvo: “En este contexto, nos preocupa que sólo se analice la posibilidad de suspender la aplicación de la Ley de Alquileres, una legislación que llevó años de debate y que suspenderla sin generar otras medidas de protección para los contratos vigentes y futuros pone aún más en riesgo los derechos de los sectores más vulnerables en el eslabón de la cadena de propiedad privada: inquilinos y dueños de una propiedad, no los que concentran el mercado”.
Por último, agregó: “Los gobiernos municipal y provincial deben involucrarse en el mercado inmobiliario para regular las políticas de acceso a la vivienda y no dejar a la deriva a la ciudadanía”.
De la reunión participaron: la concejala justicialista Norma López, Antonio Salinas, Titular de la Oficina de Defensa del Consumidor Rosario; Ariel D’Orazio, Coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor; Emmanuel Canelli, de la Asociación de Inquilinos Rosario; Nire Roldán, dirigente del Frente Nacional de Inquilinos; Sebastián Artola, Integrante de la Federación de Inquilinos Nacional; y trabajadores/as de la Oficina de Defensa del Consumidor Rosario.
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