La agrupación Hijos Capital denunció hoy que el actual jefe del Servicio de Hemoterapia del Sanatorio Otamendi, Mario Alberto Figueroa, fue uno de los médicos de la dictadura por lo que exigió a las autoridades del ese centro de salud “que arbitren las medidas necesarias para investigar sus antecedentes y resuelvan su apartamiento del cargo”.
Mediante un comunicado aseguraron desde Hijos que Figueroa fue uno de los médicos partícipes de la dictadura “que rompieron su juramento de proteger la vida”, y detallaron que “fue jefe del mismo servicio (hemoterapia) en el Hospital Militar Central durante el terrorismo de Estado”.
“Como tal, en septiembre de 1976 firmó el certificado de defunción que avaló la versión militar que sostenía que Eduardo Raúl Piroyansky, militante de la Juventud Peronista, de 29 años de edad, murió en un enfrentamiento por Fuerzas conjuntas”, indicaron desde la agrupación que reúne a hijos de desaparecidos durante la última dictadura.
En tanto, señalaron que en realidad “Piroyansky fue secuestrado en la Ciudad de Buenos Aires, en Malabia y Santa Fe, y asesinado por los genocidas, fraguándose un supuesto enfrentamiento, que fue la versión oficial del Ejército, reproducida por el diario La Nación el 29 de septiembre de 1976”.
Pero “a la versión oficial se le impone la real: Piroyansky fue asesinado a golpes ese día”, aseguraron.
Asimismo, relataron el caso de Bernardo Alberte, militar peronista y delegado de Perón en el exilio, que fue arrojado desde un sexto piso la madrugada del 24 de marzo de 1976, por un grupo de militares que irrumpió en su casa.
Cuando lo trasladaron al Hospital Militar Central, fue Mario Alberto Figueroa quien decidió no recibir su cuerpo, por lo que Alberte terminó muerto en la comisaría 31.
A raíz de estos casos desde Hijos exigieron a las autoridades del Sanatorio Otamendi que “arbitren las medidas necesarias para investigar los antecedentes de Mario Alberto Figueroa y resuelvan su apartamiento del cargo: el derecho a la salud nunca puede quedar en manos de alguien que no respeta el derecho a la vida.”
Finalmente recordaron que el Juicio y Castigo “debe llegar a todos los responsables de los delitos de lesa humanidad para que podamos vivir en un país sin impunidad. Sino, podemos encontrarnos genocidas en la calle o en un Sanatorio, como el Otamendi”.
Comentarios