La causa penal que las fiscales santafesinas que integran la Unidad de Delitos Complejos de la primera circunscripción llevan adelante contra el fiscal Matías Edery y tuvo como corolario la imputación de siete hechos a mediados de febrero pasado derivó en una reacción del funcionario cuya suerte también se juega en la Legislatura.
El jueves pasado, a través de sus defensores Gustavo Franceschetti y Roberto Falistocco De Luca, presentó su defensa, propuso prueba entre las que citaron como testigo al ex y actual fiscal general, Jorge Baclini y María Cecilia Vranicich y la fiscal regional María Eugenia Iribarren y pidió el archivo fiscal del caso.
Rechazaron la teoría fiscal que supone un pacto ilícito entre Mariana Ortigala y Edery donde el fiscal le daba cobertura judicial a los ilícitos penales que ella y su entorno cometían a cambio de información incriminante contra Esteban Alvarado. “Se trata de una especulación que no tiene sustento”, aseguraron.
Hicieron un punteo de las siete imputaciones que enfrenta el fiscal: no investigar a los hermanos Mariana y Rodrigo Ortigala y Sebastián Felipe en la extorsión a Leonardo Peiti y alteración de pruebas.
También, de incluir en una investigación sobre la balacera a un edificio de Peiti donde tenían domicilio los Ortigala, una nota que aludía a Rodrigo Ortigala como víctima. Otro de los señalamientos fie el de omitir investigar a Rodrigo Ortigala en la extorsión al dueño de una financiera ubicada en el centro de la ciudad.
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La acusación por prevaricato es porque lo consideran acusador y asesor de Ortigala en la causa por extorsión que lo llevó a juicio. También la omisión de perseguir penalmente a Sebastián Felipe, pareja de Mariana Ortigala. A esta última como instigadora del crimen de Rodrigo Sánchez y a Lorena Córdoba, pareja de David Perona, conocido como el rey del juego clandestino en Rafaela. Con esta mujer se le encontraron chats con contenido sexual con Edery, según la acusación.
La defensa
Respecto a la imputación de no investigar a los hermanos Mariana, Rodrigo Ortigala y a Sebastián Felipe, en el caso de extorsión que sufrió Leonardo Peiti –luego condenado por juego clandestino– cuando le dejaron en 2019 un grafiti y una nota en su edificio con la leyenda “Leo pagá”.
Los defensores dijeron que se trató de una balacera en el domicilio legal habitado por Mariana Ortigala, en el que tenía custodia porque había sido ingresada al Programa de Protección de Testigos por prestar testimonio incriminante en la causa contra Esteban Alvarado.
“Cualquiera hubiera supuesto, como lo hizo el Edery, que la extorsión había sido perpetrada por Alvarado o algún secuaz. Es por esto que solicitó la asignación del caso (dos semanas después del ataque), y no para dar cobertura a Ortigala como presunta responsable. En ese momento, había elementos para considerarla víctima y no para considerarla partícipe”. La defensa destacó que en ese momento Leonardo Peiti, dueño del edificio y destinatario del cartel, era un perfecto desconocido y había un contexto en el que Esteban Alvarado había llevado a cabo varias maniobras distractivas y enderezadas para culpar a la banda de Los Monos de hechos que, en realidad, eran ordenados y cometidos por él, explicaron los defensores.
Dijeron que tras el crimen de Enrique Encino en el balcón del casino, en enero del 2020, y tras las escuchas obtenidas a través del teléfono de Maximiliano Cachete Díaz, condenado por el hecho, se investigó a Peiti para saber qué rol tenía en los hechos del casino, si era partícipe o víctima.
Si bien al final descubrieron que Peiti era extorsionado por Los Monos y que una forma de pagar era dando información que conseguía con sus contactos pagos en el MPA, ello no estaba así de claro en los comienzos de la investigación.
A lo que sumaron que fueron los defensores de Peiti quienes le aconsejaron que no nombrara a Los Monos porque su integridad física estaba en riesgo y agregaron que Peiti involucró a muchas personas sobre las que tampoco se abrieron investigaciones porque no había corroboraciones, entre ellos el dueño de la agencia de loterías El Califa que resultó víctima de la extorsión donde se ventilaron los chats entre Edery y Ortigala. En ese momento Peiti sospechó que Ortigala fue quién “lo entregó a Los Monos”.
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La defensa habló del vínculo entre Peiti y el empleado del MPA Nelson Ugolini –imputado en la causa por coimas que terminó con las carreras del fiscal Gustavo Ponce Asahad y el ex fiscal regional Patricio Serjal–. Los defensores contaron que Ugolini había ensayado una defensa donde intentó vincular a una empleada de la Agencia de Crimen Organizado y Delitos Complejos (Acodeco) ubicandola como quién brindaba información a Ortigala. Lo que luego declaró Peiti. Los defensores dijeron que no era creible esa acusación contra la empleada de Acodeco.
“Leonardo Peiti solamente hizo especulaciones varias en su declaración en Cañada de Gómez, especulaciones que no son suficientes para abrir una investigación penal o definir una línea de investigación, máxime si se contradicen con otras evidencias de peso”, refirieron.
En cuanto al cartel dice que en la balacera hubo notas dedicadas a Peiti y a Rodrigo Ortigala y que hay evidencia de eso, “Edery lo único que hizo fue imprimir esos carteles antes de mandarlos a las fiscales del caso para que estuviera completo el legajo”.
Sobre la acusación en relación a la falta de persecución a Rodrigo Ortigala, dijeron que lo imputaron por tentativa de extorsión al financista y el caso llegó a juicio, fue condenado a un año y medio de prisión. Dijeron que Edery, al momento de hacer la imputación, tuvo en cuenta la evidencia surgida del teléfono secuestrado a Maximiliano Cachete Diaz. Aun así, en ese momento precario de la investigación, hubo decisión en la Acodeco de imputar a Ortigala como partícipe secundario. Por un error involuntario se hizo una imputación más gravosa.
“Cuando la investigación avanzó, y se agregó con la declaración de la víctima se adecuó la acusación”, explicaron.
En cuanto a la imputación de acusar y asesorar a Rodrigo Ortigala al mismo tiempo (prevaricato) dijeron que es pura especulación y no hay evidencia que respalde esta imputación. Y dijeron que el prevaricato se satisface sólo si hubo perjuicio deliberado a la causa que le fue confiada. Ahora bien, la Fiscalía solicitó en el juicio la pena de 1 año y 6 meses de prisión y esa exactamente fue la pena que el Tribunal impuso a Ortigala.
Explicaron que Acodeco no pidió la prisión preventiva de Ortigala por las circunstancias del caso, decisión que fue avalada por superiores.
La integridad física de una persona sometida a proceso, de quién además el Estado protegía como testigo en el juicio contra Esteban Alvarado, formó parte de su preocupación principal. Alvarado había sido condenado a prisión perpetua y Rodrigo Ortigala había sostenido su declaración en el juicio en el que rememoraba el problema que se había generado a partir de que Alvarado descubrió la relación entre su esposa y Ortigala. Es en el marco de esa preocupación que Edery tuvo un encuentro con Mariana Ortigala dentro del Centro de Justicia Penal. La hermana de Rodrigo estaba preocupada por el lugar de alojamiento, para que tenga un lugar que sea lo menos peligroso posible, donde no haya personas directamente vinculadas a la banda de Esteban Alvarado. La preocupación era genuina si se tiene en cuenta hechos resonantes como el homicidio de RubénTuby Segovia en una celda de Coronda o las muertes violentas ocurridas en cárceles de la Provincia durante los años 2022 y 2023, dijeron.
En cuanto a Sebastián Felipe, el fiscal dijo que supieron que era pareja de Ortigala cuando la balearon. Las comunicaciones entre “Amigo Alquiler” y Cachete Diaz no hablan de ningún hecho, no tienen carga incriminante y lo único que hizo “Amigo Alquiler” (que después se supo era Felipe) fue pasarle el número de Rodrigo Ortigala.
Posteriormente empieza la comunicación entre Rodrigo y Cachete. Felipe no vuelve a participar de las conversaciones, refirieron.
El crimen de Sánchez
Ortigala fue atacada el 13 de marzo del 2020 cuando le dispararon en 40 oportunidades con 2 armas, le pegaron 4 tiros en su casa de Roldán. En este contexto acusaron a Edery de enviar a Ortigala un video desde el MPA en el momento donde se observa el ataque. Para la Fiscalía ese video entregado por el fiscal Ortigala lo hizo circular entre Los Monos y luego mataron a Rodrigo Sánchez, cercano a Alvarado, en represalia al ataque a la mujer.
Dijeron que el video era de la cámara de seguridad de la casa de la mujer, o sea de su propiedad y no entregarlo implicaría violar los derechos de la víctima. Según la investigación Ortigala mostró ese video a un hombre que identificó a Francisco Fran Riquelme y Ortigala con esa información denunció a Riquelme.
Para ellos no hubo indicio alguno que la muerte de Sánchez haya sido instigada por Ortigala. Ese video fue encontrado en los teléfonos de Pablo Caminos y Otniel Almonte de León, dos personas vinculadas a Los Monos pero no lograron vincularlo con Ortigala, dijeron.
En cuanto a Lorena Córdoba, dijo que su pareja Perona era investigada por un fiscal de Rafaela que luego fue apartado por falta de movimiento en la pesquisa.
Acodeco hizo un allanamiento allá y detuvo a Perona pero la investigación quedó en manos de los fiscales rafaelinos, explicaron. Luego del fallecimiento de Pero el caso avanzó y detuvieron a Córdoba, Peiti y otras personas, entre ellas cinco jefes policiales.
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Si bien Córdoba pidió ser imputada colaboradora y declaró los fiscales de Rafaela no le dieron ese status, explicaron.
Los defensores contaron que Acodeco investigó a Ortigala en noviembre del 2018, febrero y abril del 2019, donde se le intervino su teléfono y en 2021 se pidió un informe patrimonial que no brindó ninguna información respecto a la comisión de algún delito.
En cuanto a Rodrigo Ortigala, dijeron que hay 19 causas abiertas en su contra asignadas a distintos fiscales, ninguna de ellas derivó en una investigación seria.
Dijeron que es cierto que Mariana Ortigala aportó información para lograr la condena de Alvarado y que Edery la consideró su informante, figura que no es ilegal. La describieron como necesaria, regulada en la ley nacional para combatir el crimen organizado y es directamente aplicable en la provincia.
“Es una verdadera hipocresía desconocer que desde antaño muchas investigaciones penales avanzan gracias al aporte de los buches policiales” dijeron y agregaron que desde que los fiscales tomaron la responsabilidad institucional de participar de mecanismos de intervención multiagencial, se generó un mayor contacto con las víctimas y testigos. A partir de esta interacción es que esa información que antes era manejada de forma exclusiva por personal de las fuerzas de seguridad, pasa a ser manejada también por Fiscales, dijeron
“Y agregaron que “como Fiscal dedicado a la investigación del crimen organizado, lógicamente Edery recibió este tipo de información de periodistas, intendentes, concejales, integrantes de áreas del Poder ejecutivo, integrantes del Poder judicial ajenos al MPA e incluso de Legisladores provinciales, hasta de integrantes de la mismísima Comisión de Acuerdos”.
No es cierto que crea por su cuenta un registro de informantes arrogándose facultades. Esa información fue puesta en conocimiento de todas las autoridades del MPA
Ortigala era su informante por eso tenía el deber de protegerla e ingresarla al programa de protección a testigos y pedir que otros fiscales la investiguen como posible autora de delitos, explicaron y pidieron el archivo.
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