El Ciudadano
La noticia del crimen del prestamista Lucio Maldonado en los medios a fines de 2018 fue la puerta de ingreso de los hermanos Mariana y Rodrigo Ortigala a la Fiscalía. El segundo había “pateado” con Esteban Alvarado y habían compartido correrías, en la época en que este último fue preso en agosto de 2012, y luego condenado, como jefe de la banda de los Rosarinos, cuya investigación tramitó en Buenos Aires, por el robo de autos en aquella provincia para reducirlos o convertirlos en mellizos en Rosario. Incluso el propio Alvarado reconoció que Ortigala “pagó” una causa judicial en la que estuvieron imputados juntos, en el primer semestre del año mencionado.
Rodrigo Ortigala declaró que tras “hacer negocios” con Alvarado -o sea, vender los autos robados por su compinche, según él mismo reconoció- tuvo un amorío con la esposa del hampón, lo que le valió integrar la lista negra de Chuchino, como también conocían en la zona oeste al ladrón de autos. A partir de allí, Ortigala dijo haber sufrido una serie de ataques incluso la pérdida de una casa en Roldán.
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Según reconstruye en más de medio centenar de fojas la investigación administrativa del auditor general del MPA Leandro Mai, Rodrigo declaró que su hermana Mariana le había dicho -cuando se conoció el crimen de Maldonado- que era el momento de recuperar la casa y se presentaron en la Fiscalía. La primera vez declararon ante fiscales de Homicidios Dolosos y la Agencia de Crimen Organizado y Delitos Complejos. Pero luego le siguieron otras declaraciones, siempre ante los fiscales de la Agencia, Luis Schiapa Pietra y su subordinado Matías Edery.
Según el auditor ya en el año 2020 los fiscales Edery y Schiappa Pietra pudieron conocer que los hermanos y la pareja de Mariana Ortigala, es decir Sebastián Felipe, “podrían ser integrantes de la organización criminal Los Monos. La mujer ya había declarado que era amiga de Vanesa Barrios, pareja del líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero.
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A merced de Los Monos
Explicó el auditor que Edery estaba a merced de Los Monos, debido a unos chats y fotos de contenido sexual con Lorena Córdoba, la viuda de David Perona, el rey del juego clandestino en Rafaela, quien murió durante la pandemia mientras avanzaba la investigación en su contra por explotación ilegal del juego.
En los chats entre Ortigala y Edery -donde hablan de este intercambio entre el fiscal y Córdoba- el funcionario manifestó su temor ante la divulgación de ese material. Refiere frases como “esas fotos no deberían existir”, “qué boludo que fui”.
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Para el auditor, a pesar de que Ortigala le dio a Edery información sobre la posible comisión de delitos por parte de Lorena Córdoba no hizo denuncia ni abrió una investigación.
Los fiscales, según Mai, tampoco investigaron por juego ilegal al dueño de la agencia de loterías El Califa, quien fue víctima de extorsión, a pesar de que esa información la tuvo de boca de Mariana Ortigala, quien terminaría imputada junto con otros integrantes de la banda de Los Monos, incluído su jefe Guille Cantero, por un apriete a este empresario.
En las conversaciones que obran en poder de la comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura -la que definió por unanimidad la suspensión del fiscal Edery mientras dure la investigación- Ortigala le decía a Edery que había hecho muchos encargos que él y “su empleada” -en referencia a C.B.- le habían pedido “infiltrándose en las organizaciones, sacando fotos y pasando datos que eran utilizados por el fiscal”.
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A lo que sumó que avanzaron en la pesquisa de juego ilegal y extorsiones -que implicó la condena del fiscal Gustavo Ponce Asahad, y la caída del jefe regional del MPA de ese momento, Patricio Serjal, además de la sentencia al empresario Leonardo Peiti- por un teléfono que se presume entregó Ortigala, que los fiscales denunciantes Miguel Moreno y Pablo Socca presumen que era de Maximiliano “Cachete” Díaz. Ese teléfono llegó a la Fiscalía a través de una mujer que se presentó y dijo que lo había encontrado en la calle.
Para la auditoría los hermanos Ortigala y Felipe, como integrantes de Los Monos, cometieron extorsiones en nombre de la banda y con el mismo patrón delictivo, entre ellos el atentado al casino City Center de Rosario donde fue asesinado el turista Enrique Encino, cuando atacaron a tiros un balcón del edificio donde había gente fumando, y los fiscales denunciados estaban al tanto.
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Advertencia del tribunal
Rodrigo Ortigala fue llevado a juicio en un caso aislado de extorsión -no como integrante de la asociación ilícita de Los Monos-, donde Edery, ante el planteo de la hermana, le dijo que la decisión de enjuiciarlo era de Schiappa Pietra, porque tenía miedo de que lo sancionaran si no lo hacían. Acusaron a Ortigala por una participación secundaria en una tentativa de extorsión y pidieron un año y medio de prisión, lo que le valió una advertencia por la situación por parte del tribunal de juicio.
A ello sumó que un video de la Fiscalía enviado por Edery a Ortigala aparentemente fue utilizado por Los Monos para vengar el ataque a tiros que sufrió Mariana Ortigala en Funes, que según la investigación trajo aparejado como vuelto el crimen de Rodrigo Sánchez, un hombre cercano a Alvarado.
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La mujer tenía algunas dudas respecto de si estaba involucrada en la investigación por el crimen de Sánchez, tenía el dato que la habían “mencionado” en la causa y le pregunta a Edery sobre si se presentaba o no ante la Justicia, siguió Mai. El funcionario aconsejó que no: nunca fue imputada a pesar de que la causa la tenía la Agencia que dirigía Schiappa Pietra y en la que trabajaba Edery.
Para el auditor, no caben dudas que esta mujer era cercana a Guille Cantero y trajo a colación una situación donde, según trascendió, el ex ministro de seguridad Marcelo Sain le pidió que actúe como intermediaria, tome mate y “ranchee” con él. Mientras que Edery le preguntó a su informante qué iba a hacer Guille Cantero -o sea si aceptaría un ofrecimiento similar- respecto de la propuesta de acuerdo abreviado que le había hecho a Alvarado en el caso de homicidio y asociación ilícita por el que terminaría condenado a perpetua tras un debate oral.
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Lista de informantes
Tras la audiencia del año pasado donde fue imputada Mariana Ortigala junto con otros integrantes del grupo entre ellos Guille Cantero, donde se conocieron los audios entre el fiscal y la mujer. Edery dijo que Mariana Ortigala era su informante y que había presentado una lista con quienes le pasaban información a la fiscal regional María Eugenia Iribarren.
El auditor detalló que el 33 por ciento de esas personas estaban muertas cuando envió el listado. En referencia a Carlos Arguelles, imputado por integrar la banda de Alvarado, quien sufrió varios atentados hasta que fue asesinado. Antes de ello había declarado anticipadamente y había comprometido a su ex amigo y ex jefe Alvarado.
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Otro de los integrantes era Nicolás “Fino” Ocampo, miembro del grupo armado de la banda. Este último, al tiempo de ingresar como informante, participó en el tiroteo a la casa de una funcionaria del MPA que trabajaba con Edery y que estuvo al frente de la investigación financiera a la banda de Esteban Alvarado. Fino recibió una condena a 3 años tras un acuerdo abreviado como integrante de la asociación ilícita y al terminar la audiencia recuperó la libertad. Fue asesinado en la puerta de su casa.
Otro de los que había en la lista era Miguel Alejandro “Peladito” Ramírez, asesinado un tiempo después. Esa causa por homicidio quedó en manos del fiscal Adrián Spelta, a quien nunca le notificaron que había sido informante de Edery y seguía la hipótesis de que el crimen se produjo en un contexto narco.
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Naty Bum Bum
Natalia Salinas alias “Naty Bum Bum” es otra de las personas de la lista de informantes que terminaron asesinadas. Según surge de la causa que investigó al financista Yalil Azum, el fiscal Edery la conoció por intermedio de un abogado penalista que en su domicilio organizaba orgías con otros dos abogados y distintas mujeres, evocó el auditor.
Salinas denunció que había sido víctima de una balacera a su casa y amenazas, y sospechaba que el tirador podía haber sido enviado por Lauraro “Lamparita” Funes, cabecilla de un clan que tuvo a mal traer a la zona sur. La causa la tenía Edery y no hubo imputados en el caso, cuenta el auditor.
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Según el documento de la causa Azum surge que el presunto móvil del crimen fue el vínculo entre ella y el fiscal, y la información que la mujer le proporcionaba. “Salinas nunca fue debidamente tutelada ni resguardado su rol, por lo que el desenlace fatal podría tener relación con el negligente e incorrecto desempeño fiscal”, dijo el auditor.
A este grupo se suma Ortigala, quien fue atacada a tiros pero logró sobrevivir. Es decir de 9 integrantes 5 fueron atacados, o sea el 45% de los mismos, pudiendo vislumbrarse de esta forma una “total improvisación e impericia por parte del fiscal Edery y su superior en la Agencia, Schiappa Pietra”, estimó el auditor. Y agregó que se avanzó en esta línea “sin contar con el marco institucional y normativo adecuado que resguarde tanto la seguridad como la identidad de quienes suministraban información”.
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Recordó que todos los informantes fueron víctimas de sicariato y, a excepción del caso Ramirez, el fiscal Edery tomó intervención en las investigaciones y todos los fallecidos estaban vinculados con organizaciones criminales dedicadas a la venta de drogas.
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El nexo con el jefe de una banda
Los fiscales denunciantes presumen además que el jefe de una banda que supo tener una lucha territorial a sangre y fuego con otro líder territorial de la zona sur, en lo que se conoció como la guerra entre el barrio Grandoli contra el barrio Municipal, era informante de Edery, aunque no figuraba en la famosa lista, afirma Mai.
Este cabecilla de grupo en 2018 amenazó en el marco de una audiencia al fiscal Ademar Bianchini. Este caso quedó también en manos de Edery y se archivó sin resolución. En varias declaraciones surge que Bianchini recibió poco después en su casa la visita de dos personas cuando había pintores. Lo buscaban y preguntaron si era su casa, describe el auditor.
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Bianchini sospechó que este hecho estaba relacionado con la amenaza que había sufrido poco tiempo antes, reclamó en varias oportunidades por el avance de la pesquisa y no tuvo respuestas, estimó la Auditoría del MPA. También le transmitió a otros funcionarios sus sospechas de que el caso no avanzaba porque quien lo había amenazado era informante de Edery, transcribió Mai. También trascendió la falta de acompañamiento institucional respecto de esta situación que sintió el funcionario, quien fue hallado muerto a fines de 2023.
Mirando para otro lado
“Leo pagá”, fue el mensaje que escribieron en un edificio ubicado en Servando Bayo al 1000 en julio de 2019. Leonardo Peiti era propietario del edificio y es el empresario que fue condenado por juego clandestino junto al fiscal Ponce Asahad, señalado por recibir coimas.
En esa causa también están acusados el ex fiscal regional Serjal y un empleado de la fiscalía. Este caso lo llevaron adelante los fiscales Edery y Schiappa Pietra, quienes intentaron imputar al legislador Armando Traferri como la pata política del grupo y por brindar protección al empresario.
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Los fiscales sabían que en esa dirección estaban registrados Mariana y Rodrigo Ortigala, quienes ya eran testigos protegidos en la causa por asociación ilícita a Esteban Alvarado, cuenta el documento de la Auditoría.
El auditor resumió que Edery siempre estuvo al frente de ambas investigaciones. Es decir Peiti como víctima de la extorsión y como imputado en la causa por juego clandestino. Según los fiscales denunciantes, Ortigala, Felipe y Cachete Díaz, todos vinculados con Los Monos, tuvieron una probable participación en la extorsión a Peiti, lo que era conocida por los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada que dirigía Schiappa Pietra y no hicieron ninguna medida para profundizar la pesquisa, dice el documento.
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