Policiales

Denuncia penal

Investigan cómo accedió testigo protegida del fiscal Edery a datos sensibles sobre crimen organizado

Los fiscales Socca y Moreno denunciaron a su par Edery por la presumible comisión de delitos de acción pública, como no haber alertado a otros funcionarios sobre delitos de los que tomó conocimiento por su labor como funcionario judicial. La fiscala general María Cecilia Vranicich le dio curso


El fiscal Matías Edery (der.) junto a su par Luis Schiappa Pietra llevaron adelante múltiples investigaciones del crimen organizado.

La fiscala general María Cecilia Vranicich abrió una investigación penal contra el ex integrante de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía Regional Rosario Matías Edery. Fue luego de una denuncia por delitos de acción pública que radicaron los también fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, al finalizar la tercera jornada de audiencia por un caso de extorsión atribuido a la banda de Los Monos. Según trascendió en estas jornadas y pusieron por escrito los denunciantes, Edery chateaba con la ex testigo estrella del MPA Mariana Ortigala, ahora acusada de aprietes al dueño de una agencia de loterías, de ser testaferro del clan Cantero y también –en el fuero federal- por lavado de activos, sobre procedimientos aún no concretados y, siempre de acuerdo con la denuncia, no alertó a otros fiscales de ilícitos de los que tomó conocimiento por su trato con esta mujer, con la que se comunicaba con un celular que el propio funcionario le había entregado, dice Ortigala.

Mariana Ortigala fue presentada como testigo protegida de Edery desde hace unos cuatro años. Hacía un tiempo que la mujer había dejado de ser cercana al convicto por robo de autos, homicidio y narcotráfico Esteban Alvarado y en una especie de enroque en el crimen organizado ahora está siendo imputada como integrante de Los Monos, bajo los cargos de extorsión y ser testaferro.

La mujer fue testigo relevante en el juicio que llevó a una condena a perpetua a Alvarado y  que contó con el propio Edery como investigador. Su hermano Rodrigo también estuvo en el banquillo junto a parte de la cúpula de Los Monos en el caso del crimen en el casino City Center.

Este miércoles, en la tercera audiencia de la causa que investiga nuevos aprietes de la banda liderada por Ariel “Guille” Cantero, el fiscal Socca mostró como nueva prueba el peritaje de unos de los celulares de Mariana en los que se exponen intercambios de chats que comprometen a su colega Edery, en un celular que la mujer asegura el funcionario le dejó sólo para que se comunicara con él.

Ortigala fue detenida el 11 de septiembre último en su casa del country Funes Town. Investigan cómo es que tiene 14 inmuebles a su nombre, bajo la sospecha de que en realidad pertenecen a Los Monos.

Un dato singular es que figuran como adquiridos “desde que (a pedido de Edery) entró en el programa de protección de testigos”, en marzo de 2019. Cuando la aprehendieron, la mujer informó a los agentes que uno de los celulares que tenía en su poder, marca Xiaomi, lo usaba solo para pasarle información a Edery.

El fiscal Socca, quien trabaja junto a Miguel Moreno en la investigación de los ataques y amenazas al propietario de la cadena de agencias El Califa por parte de Los Monos, pidió peritar los teléfonos.

Así, en la tercera audiencia de imputación y al brindar elementos para oponerse a la excarcelación de Mariana Ortigala, Socca comunicó que le había llegado el resultado de la apertura de los celulares. Entre ellos, el “exclusivo” para comunicarse con Edery.

Para sorpresa de los presentes, se conocieron particulares chats, como por ejemplo, que la mujer le comunicó el apodo – por Flaco, a quien relaciona con la banda de René Ungaro– del probable autor de una de las balaceras perpetradas entre 2021 y 2022 a un negocio de Mendoza y Matienzo, que regenteaba un condenado en causa narco y después pasaron a ser propiedad de la misma Ortigala.

Socca recordó en la audiencia que la investigación de esos ataques la encabezó su par Federico Rébola, para enseguida destacar que Edery nunca le pasó a su colega el dato del supuesto tirador que le había dado su informante Ortigala.

En otra conversación, el contacto agendado “Mati Fiscalía”, que se sospecha corresponde a Edery, le escribe a Ortigala que Fiscalía tiene “todas las escuchas” de las conversaciones que el detenido Esteban Alvarado mantuvo con un tal Carmona. Se trata de información sobre una causa en proceso que nunca tendría que haber compartido, menos con una mujer vinculada a las organizaciones criminales, evalúan Socca y Moreno.

Aunque el contenido de los chats se reveló este miércoles, ya existía la presunción de que la causa por las extorsiones y ataques contra el dueño de El Califa podía derivar en impactos institucionales. Por eso, personal de la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició un monitoreo de las audiencias del juicio, trascendió de fuentes extraoficiales.

También se mostraron en la audiencia chats del fiscal con otra de las imputadas, Lorena Córdoba, viuda del rafaelino fallecido durante la pandemia David Perona -considerado zar del juego clandestino provincial- con mensajes sugestivos. Esta mujer también está ahora imputada en el caso por extorsión al propietario de la agencia El Califa.

La imputación a los 9 integrantes de este grupo al que le adjudican la extorsión y varios ataques incendiarios y a tiros a las agencias de lotería para lograr la entrega de un millón y medio de dólares dejó entrever preocupación institucional: Socca y Moreno dijeron que es de suma gravedad esta situación y agregaron que la colaboración de la Justicia no tiene nada que ver con la impunidad.

Legajo penal con intervención de la Auditoría 

Voceros del Ministerio Público de la Acusación de Rosario informaron que “a partir de los datos presentados en la audiencia, los fiscales hacen una serie de inferencias entre la cuales podían haber omisiones de un fiscal, por lo que su obligación es hacer una denuncia ante cualquier hecho que tomen conocimiento y que pueda tener apariencia delictiva, sino ellos cometerían un delito”.

Las fuentes judiciales indicaron que “se dispuso la iniciación de un legajo penal, además de la intervención de la Auditoría General de Gestión, ya que debe ser en ese ámbito donde se investigue la conducta del fiscal y donde pueda ejercer su derecho de defensa ya que no participaba de dicha audiencia”.

Comentarios

10