La presidenta Cristina Kirchner sostuvo ayer que “para hacer una verdadera y profunda reforma de la Justicia” debería ser modificada la Constitución Nacional, pero aclaró que no impulsará una iniciativa en ese sentido, por lo que pidió a los jueces que realicen una interpretación de la Carta Magna “que no sirva a los intereses corporativos”.
“Para hacer una verdadera y profunda reforma de la Justicia debería ser modificada la Constitución Nacional. Pero no voy a proponer ninguna reforma constitucional. Por eso envié estos seis proyectos al Congreso”, apuntó la mandataria, en alusión al paquete de medidas para la reforma judicial que aprobó el Congreso por iniciativa de su gobierno.
La presidenta formuló estas declaraciones al encabezar un acto en la Universidad Nacional de La Matanza, en el marco del cierre del congreso nacional sobre “la democratización de la Justicia”, una jornada de debate sobre la reforma judicial realizada en esa casa de altos estudios y organizada por el Ministerio de Justicia.
Durante su discurso, la presidenta no anunció la promulgación de ese paquete de medidas –falta que el Congreso apruebe el proyecto de ingreso laboral a la Justicia por concurso– y no se descarta que deje correr el plazo para que entren en vigencia automáticamente, el próximo 22 de mayo.
Los proyectos más importantes, que generaron un fuerte rechazo de la oposición y miembros del Poder Judicial, establecen una reforma del Consejo de la Magistratura, con la ampliación de su cantidad de integrantes a 19 y la elección de sus miembros mediante el voto popular, además de una regulación de las medidas cautelares que se interpongan contra el Estado.
En caso de que la presidenta espere que se cumpla el plazo, se acortarían los tiempos para que la oposición, que rechaza por “inconstitucional” esas leyes, presente sus planteos ante la Justicia para impedir su vigencia.
En medio de esas denuncias que prepara la oposición y organizaciones de jueces y abogados para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura, la mandataria pidió “una interpretación por parte de todos los jueces, desde la más alta magistratura hasta la primera instancia, que no sirva a los intereses corporativos y a que los tres poderes funcionen en beneficio propio sino en beneficio del conjunto la sociedad”.
Entre el 22 de mayo y el 12 de junio, cuando vencerá el plazo para que se inscriban alianzas para las elecciones legislativas de este año, quedarán sólo 14 días hábiles para que la Justicia decida sobre la constitucionalidad de esa decisión.
En momentos en que sectores del oficialismo sospechan de un posible fallo negativo de la Corte Suprema cuando le toque resolver sobre la constitucionalidad de la reforma de la Magistratura, Cristina Kirchner advirtió que significa “una bocanada de aire fresco la representación popular” en ese organismo.
“¿Cómo van a estar en contra de que (los integrantes del Consejo) sean elegidos por el voto popular, cómo puede ser posible?”, se preguntó sobre el rechazo opositor. Por otra parte, la mandataria remarcó que “hay entramados que hay que derribar para que pueda haber justicia en la Argentina”, en alusión a las complicidades que involucran a jueces y policías, y reclamó al Poder Judicial que no adopte “una agenda mediática”, sino “la agenda de la sociedad, la de juzgar y castigar a los culpables cualquiera sea su rango”.
“Observamos una Justicia de dos velocidades: si los implicados son corporaciones poderosas, que tienen poder de presión sobre jueces, fiscales y políticos, la Justicia tiene un ritmo lento”, sostuvo la mandataria y puso como ejemplo la ley de Medios y la expropiación de la Rural.
Sobre su propia iniciativa de la denominada “democratización de la Justicia” subrayó que “las reformas son instrumentos que tratan de mejorar” el accionar del Poder Judicial, pero advirtió que “no es la panacea”, y hasta se permitió mencionar futuros cambios que se podrían impulsar como los juicios por jurados, que “están en la Constitución”, recordó.
La presidenta estuvo rodeada por el intendente Fernando Espinoza, y el ministro de Justicia, Julio Alak, además de Susana Trimarco, madre de Marita Verón; Pablo Ferreyra, hermano de Mariano Ferreyra; Sergio Burstein, de la Asociación 18J y Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quienes formaron parte del panel de debate previo al acto.
Cristina Kirchner definió a esas personas como “víctimas de la falta de Justicia” y agregó: “Si hay una sociedad entera que reclama justicia, igualdad y legitimidad, se la tenemos que dar, se la merecen”.
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