Aldo Casella es abogado especialista en Derecho Agrario, inspirador de la ley de arrendamientos propuesta por Federación Agraria y redactor del proyecto oficial de ley de tierras aprobada el año pasado. Fue uno de los que motorizó el 3º Congreso Nacional de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas Públicas que se hizo días atrás en la sede de la UNR y que reunió miradas multidisciplinarias en torno al anteproyecto de ley de semillas que el gobierno puso a discutir en el ámbito de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), como paso previo a su envío, o no, al Congreso. Casella habla del debate abierto en el propio oficialismo: “Sin dudas el anteproyecto tiene en cuenta fundamentalmente el interés de las empresas de biotecnología o de las semilleras que reclaman hace una década un cambio en la ley en el sentido propuesto en este anteproyecto. Buscan poder cobrar al agricultor la semilla que reserva de su cosecha. Lo que hay que plantear es la necesidad de una discusión integral, desde la semilla, desde la biotecnología, de los intereses de los agricultores, de las empresas, del interés general, nacional y de la producción.
—El principal argumento es que los productores deben pagar más para financiar innovación.
—Como cualquier producto que contiene innovaciones registradas, certificadas o patentadas, uno lo paga en el precio, paga todos esos costos. Y en base a esos costos las empresas que los producen tienen sus márgenes de ganancia para reinversión. Acá plantean un pago posterior, ya una vez que uno ha pagado el material, y luego lo utiliza y cuando obtiene su producto, que es la semilla, que es del agricultor, debería volver a pagar. Bueno, debería demostrarse, además, que ese nuevo pago va a ser destinado a la inversión en innovación, cosa que en realidad nadie puede demostrar. Por ahora está visto como una simple transferencia de renta.
—¿Hay que modificar la ley?
—La respuesta son los hechos. Durante los últimos años se registraron y se cultivaron enormes cantidades de variedades con innovación tecnológica, y se logró un enorme aumento en la producción, lo cual quiere decir que el sistema no ha sido tan malo. Es verdad que puede actualizarse, el tema es en qué sentido. Por ejemplo, acá se mencionó que hay que tomar resguardo respecto del posible dominio por parte de los grupos que concentraron esta tecnología. Si hace 30 o 40 años había gran cantidad de semilleras, hoy hay una enorme concentración en el mundo. Eso puede provocar dependencia y la tentación a través de estos sistemas de propiedad intelectual de dominar toda la cadena productiva. Entonces tenemos que verlo desde esa perspectiva: ¿cuáles son los anticuerpos que vamos a adoptar para no permitir esa dependencia?
—¿Cuando el Estado avala estas patentes que piden consolidar un status quo de mercado?
—No me cabe duda que es así. Eso estamos discutiendo, el derecho de propiedad intelectual no es un tema de técnica jurídica. Es un tema de definición de políticas públicas.
—Se ha lanzado un plan agroalimentario y uno de los objetivo es llegar a 150 millones de toneladas de cosecha. ¿Se puede cumplir ese objetivo sin consolidar una ley que garantice lo que piden las grandes semilleras para traer nueva biotecnología que permita aumentar la producción?
—Sí. Nada demuestra que aumentar la producción dependa de otorgar la legislación que pretenden. Ninguna compañía va a dejar de vender en uno de los principales mercados del mundo. Y el argentino lo es para venta y generación de insumos agropecuarios y genética. No es un mercado para perderlo. Va a seguir habiendo inversiones sin esta ley, sin duda.
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