Ciudad

Polémica por fumigaciones en terrenos del Aeropuerto

El edil Gandolla pidió al municipio que ordene cesar fumigaciones, por el riesgo a la salud de los vecinos. Y reclamó delimitación de zona urbana para aplicar ley de fitosanitarios.

Otra vez la soja hace brotar la controversia: el concejal justicialista Arturo Gandolla reclamó al Ejecutivo rosarino, mediante un proyecto de decreto presentado anteayer en el Concejo Municipal, que ordene el cese de las fumigaciones en terrenos pertenecientes al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, en los que desde hace varios años se cultiva la rentable oleaginosa. El edil fundamentó la presentación en los riesgos que, dice, implican esas aplicaciones de agroquímicos para los habitantes de las urbanizaciones aledañas a la aeroestación. Y tras aclarar que no cuestiona la legalidad de tales sembradíos, apuntó al Palacio de los Leones por una supuesta falta en determinar fehacientemente el límite urbano para así poder aplicar la ley provincial de fitosanitarios, que establece restricciones espaciales y técnicas para la inoculación de pesticidas o herbicidas alrededor de las zonas clasificadas como residenciales.

Desde la intendencia explicaron que la delimitación exigida por Gandolla está contenida en el Código Urbano, la norma marco por la cual el municipio establece el “uso” permitido del suelo en cada sector de la ciudad. Y agregaron que los terrenos bajo la lupa figuran como destinados a uso “aeroportuario”. Por último, desde el directorio de la propia aeroestación de Fisherton aseguraron que las pulverizaciones de la discordia se realizan cumpliendo con todas las normas de seguridad, que además están fiscalizadas por dos ingenieros agrónomos y que por añadidura se autoimpuso un perímetro de seguridad de 50 metros libre de siembra para minimizar los inconvenientes a los vecinos.

En su proyecto, Gandolla –titular del bloque del Frente para la Victoria– reclama a la Municipalidad que “ordene la suspensión de fumigaciones en terrenos aledaños al aeropuerto Islas Malvinas hasta que se delimite la planta urbana de la ciudad, con criterio agronómico, a los fines de dar cumplimiento a las distancias que se deben respetar para la aplicación de productos fitosanitarios establecidas en la legislación vigente”. El concejal se refiere así a la llamada ley de fitosanitarios 11.273, una norma provincial que en rigor también está en discusión y cuya modificación en dirección a profundizar el control del manejo de agroquímicos demora el Senado provincial (ya cuenta con media sanción de Diputados).

“Observamos lo del aeropuerto, pero vale para cualquier sitio urbanizado. Esto es muy peligroso; las fumigaciones con agroquímicos pueden contaminar las napas de agua, de alimentos, impactos sanitarios en población expuesta, desaparición de especies agrícolamente benéficas, contaminación del suelo, pérdida de biodiversidad, además de económicas”, argumenta Gandolla en el texto de su proyecto. El concejal insistió: “Es el Estado municipal el que debe velar y resguardar la salud de los habitantes y las condiciones ambientales de la ciudad. Si no fijamos el límite preciso del municipio, entonces hay que tomar prevenciones urgentes”.

El edil indicó que su presentación está motivada en los planteos de los vecinos de las urbanizaciones cercanas al aeropuerto: Aldea, San Eduardo y Hostal del Sol. Y añadió que algunos de sus pobladores aseguran haber oído avionetas fumigadoras por las noches. Pero desde la aeroestación niegan enfáticamente esto. El ingeniero Sebastián Bonet, representante del Municipalidad en el directorio del Aeropuerto, afirmó que las inoculaciones de agroquímicos son exclusivamente terrestres, que están controladas por dos ingenieros agrónomos –uno en representación del aeropuerto y otro del Ejecutivo rosarino–, que no se realizan cuando hay vientos que puedan originar deriva de los productos sobre las viviendas aledañas y que se avisa a los vecinos antes de proceder a esas tareas. El funcionario aclaró que el arrendamiento de terrenos del aeropuerto a los contratistas que siembran la soja se realiza por licitación, y ello desde la época en que el directorio lo presidía el justicialista Esteban Borgonovo. Y que siempre se respetaron estrictamente las normas de seguridad fitosanitarias. Con todo, Bonet adelantó que quizás ésta sea la última temporada en que se implante la oleaginosa, si es que prosperan los proyectos logísticos que darán nuevos usos a los terrenos de la discordia (el Aeropuerto también alquila otras 100 hectáreas para producción rural, pero en este caso ganadera).

Respecto del planteo de Gandolla sobre la delimitación del contorno urbano de Rosario para así aplicar las distancias mínimas a los centros poblados que deben respetar las fumigaciones, de acuerdo con la ley de fitosanitarios, la secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad, Daniela Mastrángelo, explicó que ese tema está contenido en el Código Urbano y las modificaciones que se le realizan por ordenanzas ante cada nueva urbanización autorizada. La funcionaria ratificó que son los Estados locales los que tienen la potestad de establecer el uso del suelo en sus propios territorios, y que en Rosario ese proceso se revisa constantemente. De cualquier modo, expresó su preocupación por el correcto uso de los agroquímicos, insumo básico en el modelo agrario basado en cultivos modificados genéticamente y siembra directa. Un esquema productivo que expande sin cesar no sólo sus fronteras geográficas: también la polémica sobre sus consecuencias sociales, ambientales y sanitarias.

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