La llegada de las boletas de gas con el aumento dispuesto por la administración central disparó las quejas de los usuarios. Los reproches y pedidos de freno a la quita de subsidios no sólo se dan en la empresa Litoral Gas. También creció la cantidad de rosarinos que en las últimas horas se acercaron a la oficina de la Defensoría del Pueblo de la Nación en la ciudad.
La titular de ese ente nacional en la provincia de Santa Fe, Claudia Durigón, explicó ayer que la defensoría ya tomó la decisión de exhortar a la Secretaría de Energía de la Nación a que vuelva atrás con el aumento en la tarifa. También se anunció que se elevará un informe al Congreso.
Según el organismo, la nueva mecánica que instrumentó Nación para implementar el nuevo cuadro tarifario no sólo impone una reasignación de subsidios. “Esto también encubre o contiene un claro aumento, el cual se ha efectuado sin transparentar los costos de las empresas, sin explicar las razones que lo justifiquen ni las inversiones realizadas por las distribuidoras para mejorar la calidad del servicio. Además, la medida evidencia otro claro vicio que resulta de haber omitido realizar la debida Audiencia Pública”, explica el texto.
Durigón señaló que a la oficina local de la defensoría nacional llegaron en las últimas horas gran cantidad de consultas y de las más variadas. “Estamos gestionando el freno a la quita de subsidios en los casos puntuales que establece el decreto. Igual, el trámite hay que realizarlo en la empresa. Lo cierto es que lo que notamos ahora que empezaron a llegar las facturas de gas es un acercamiento masivo de la gente a consultar. El tema es que las dudas y pedidos ya no son sólo por el subsidio, sino también por el incremento de la tarifa directamente. La gente está sorprendida”, explicó la funcionaria.
Quién estuvo ayer con Durigón en la sede local de la defensoría fue el titular de la ONG Asamblea por los Derechos Sociales (ADS), Aníbal Faccendini.
El dirigente explicó que solicitó a la defensoría que promueva una acción de amparo colectivo con el fin de que se dicte una medida cautelar que frene el incremento. “La idea es juntar firmas y que la defensoría en nombre de todos presente esa acción. Esto es algo que se puede hacer rápido, hay muchos antecedentes”, agregó el titular de la ADS.
Faccendini sostuvo que los reclamos por las abruptas subas llegan desde todos los barrios. Ayer algunos vecinos que participaron de la reunión mencionaron el caso de un usuario al que le llegó una factura de 7.000 pesos cuando lo usual era que pagar hasta 400 pesos.
“En ese caso puede haber una conjunción de varios factores, lo que puede incluir un error de facturación, que es algo que a veces sucede. Pero igual es preocupante lo que está pasando”, señaló el dirigente.
Cuando se conoció el incremento de la tarifa a principios de año desde Litoral Gas habían advertido que las facturas tendrían un aumento “de hasta cuatro veces” en comparación con los que los usuarios venían abonando. Así, usuarios que hasta ahora pagaban 300 y 400 pesos este bimestre se encontraron con facturas de entre 1.200 y 1.800 pesos.
Según señaló ayer Marcos Aviano, el presidente del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), los incrementos promediaron el 300 por ciento por el impacto de las dos primeras etapas de la suba (una en abril y la otra en junio). El dirigente recordó que el trámite para realizar nuevamente la reincorporación del subsidio que se quitó se puede realizar en la oficina central de Litoral Gas o llamando al 0810- 5555427.
Quiénes no pagan
Padecer una enfermedad crónica que implique un mayor consumo del servicio.
Percibir como único ingreso previsional el equivalente a un haber mínimo.
Percibir pensiones no contributivas.
Ser beneficiario de algún plan o programa social, como es el caso de la asignación universal por hijo, subsidio por desempleo o cualquier otro de carácter nacional, provincial o municipal.
Domicilio afectado a actividades sociales (institutos, comedores comunitarios o centros de recuperación, entre otros).
Percibir alguna asignación familiar considerando el nivel de la misma en relación a su salario registrado.
Contar con certificado de discapacidad.
Poseer ingresos familiares insuficientes para afrontar el pago de la tarifa plena.
Encontrarse exento del pago de la tasa municipal o impuesto inmobiliario.
Poseer vivienda con características edilicias desfavorables que impliquen la utilización de un mayor consumo del servicio (vivienda precaria con familia numerosa o precaria carente de alguno de los otros servicios públicos, entre otros).
Poseer vivienda con local anexo destinado a la actividad comercial (pequeños comercios o talleres de oficio, entre otros).
Poseer vivienda en la cual conviven múltiples hogares.
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