La jornada de ayer puede considerarse como el comienzo de una semana que promete ser ajetreada en el Juzgado Correccional Nº 5 de los Tribunales provinciales ya que comenzaron a declarar los distintos testigos de la tragedia ocurrida la semana pasada –más exactamente el último miércoles– en la obra ubicada en Herrera y Unión que dejó como saldo dos obreros muertos por causas que se están investigando. Según fuentes judiciales a las que tuvo acceso este diario pasaron por el despacho de la jueza Marisol Usandizaga dos vecinos que relataron lo que habían visto durante las horas que ocurrieron los hechos. Para hoy la magistrada espera el testimonio de dos obreros que fueron en auxilio de los trabajadores que perdieron sus vidas sepultados en una mortal masa de lodo así como también el de cuatro policías que prestaron ayuda mientras se llevó adelante el infructuoso y prolongado operativo de rescate.
Otro de los aspectos de la causa que está en marcha es que se ofició a Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa) para que informe sobre un hecho ocurrido el sábado anterior a la tragedia porque –según lo destacan distintas informaciones que se manejan desde la Justicia– “ese día habría sucedido otro incidente de similares características en la obra que no tuvo mayores consecuencias”.
Por otra parte, desde Tribunales señalaron que como no hay listas oficiales de peritos civiles expertos en seguridad –quienes deben evaluar los informes técnicos presentados por las empresas encargadas de llevar adelante las obras de cloacas– se debe pedir autorización a la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que se autoricen los fondos para la realización de una pericia en el caso que fue caratulado como homicidio culposo. En situaciones como esta se oficia a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) o al colegio correspondiente para que lo designe. Este dictamen es fundamental para dar luz sobre los hechos y si no se tiene una pronta respuesta desde la instancia superior se puede frenar la causa, ocasionando una dilación en el avance de la misma.
Otra información que trascendió desde el juzgado es que aún no llegaron las actuaciones pertinentes y que el Tribunal sólo tiene el parte policial. También se supo que las empresas responsables de la obra ya acercaron todo el documental relacionado a la licitación y el avance de las obras. En igual sentido, la delegación local de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra) brindó el último jueves información relacionada a la seguridad necesaria en esta clase de trabajos.
“Hasta el momento no tenemos la nómina de empleados ni la tarea que estos desarrollaban en la obra. Existe la posibilidad que lo informen en la Policía, pero hasta el momento no se tenían noticias de que se haya accedido a esa información”, destacaron desde el Palacio de Tribunales.
Actualmente la obra está vallada y custodiada por la Guardia Urbana Municipal (GUM) a fin de proteger el perímetro y por consecuencia las eventuales pruebas que precisen chequearse.
Además, se solicitó que se presenten todos aquellos que hayan sido testigos de los hechos ya que sus testimonios pueden ayudar a dilucidar qué fue lo que ocurrió durante la jornada.
Siniestro
Cabe recordar que –por causas que se están investigando– dos obreros fallecieron el miércoles pasado cuando cavaban una zanja en el marco de las obras de ampliación de una red de cloacas en la zona noroeste de la ciudad a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Pecam y Del Sol, quienes están realizando los trabajos para la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. Esto hizo que hasta el propio gobernador Hermes Binner solicitara públicamente que se investiguen “sin concesiones” las causas de la tragedia. Además se registraron cruces entre el Ministerio de Trabajo santafesino y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación. Los últimos dijeron que contaban con tres casos en su base de datos que apuntan a las contratistas involucradas en la tragedia, y que estos archivos están accesibles para las administraciones provinciales, por lo que la administración provincial no puede alegar desconocimiento ni ocultamiento de datos. Desde la cartera laboral se defendieron diciendo que “esa información no va a las provincias, ya que queda retenida en el organismo nacional”.
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