Alvaro Arellano
El inicio de la transición entre Alberto Fernández y Javier Milei agregó una cuota de incertidumbre a lo que viene sucediendo en el mercado locativo. Tanto a nivel nacional como en la ciudad de Rosario muchos contratos de alquiler fueron aplazados y hasta cancelados durante esta semana teniendo en cuenta las manifestaciones del presidente electo, quien ratificó sus intenciones de derogar la legislación vigente para dar lugar a acuerdos entre las partes.
En el transcurso de esta semana convulsionada, las entidades que representan a inquilinos recibieron gran cantidad de denuncias de personas que debían firmar un nuevo contrato o concretar una renovación y que recibieron la noticia de que deberán esperar. En algunos casos, directamente les ofrecieron rescindir el contrato para dejar la propiedad vacía. Desde el sector consideran que esto responde a una práctica especulativa por parte de algunas inmobiliarias y propietarios, mientras esperan por una derogación de la legislación vigente.
A poco más de un mes de la promulgación de la nueva Ley de alquileres, que parecía traer algo de certidumbre al mercado, ahora todo parece volver a la incertidumbre previa. El acceso a una vivienda fue una de las tantas problemáticas que no pudo resolver el Frente de Todos durante su gestión, y que trataron de sanear sobre el final por vía legislativa. Pero cuando parecía que el mercado comenzaba a adaptarse a las nuevas reglas, Javier Milei marcó la cancha al respecto, y ratificó que el Dios mercado ordenará esta coyuntura durante su gobierno.
A partir de ahora quedará por resolver si se dará una suspensión de la Ley o se derogará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Hasta el momento la postura del presidente electo es clara: que los contratos pasen a regir en el marco del Código Civil y Comercial. Esto implica volver a las reglas previas a la implementación de la Ley sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri. Antes los acuerdos contemplaban dos años de contratos y actualizaciones con ajustes establecidos por el locador, que solían ser de entre cuatro y seis meses.
Reclamos
Mientras la resolución del tema entra en una nebulosa, quienes deben definir su situación contractual quedaron atrapados en la incertidumbre. El coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor, Ariel D’Orazio, señaló: “Hay muchas denuncias de gente a la que le prorrogan o le patean hacia adelante un contrato ya firmado, pero también hay gente que denuncia que les plantean recisiones contractuales. Los van presionando para salir de la Ley actual y buscar lo que les propone Milei”.
La especulación y dilación venía siendo una constante en medio de las indefiniciones sobre las reglas para los alquileres, pero las recisiones arbitrarias comienzan a ser una novedad en el sector. En diálogo con El Ciudadano, D’Orazio detalló: “Los reclamos más recurrentes, vienen siendo la intención de rescindir los contratos de parte de los locadores, algo que es ilegal, algunos argumentando que no van a realizar los reclamos necesarios en la propiedad y ofreciendo al inquilino finalizar el vínculo, otros han solicitado una supuesta rescisión acordada y sin causa alguna”.
Cabe recordar que mientras se mantenga la Ley promulgada por el gobierno nacional el 17 de octubre, los contratos de alquiler firmados desde ese entonces deben cumplir todo lo detallado en esa legislación. Esto contempla tres años de duración de alquiler, actualizaciones semestrales ajustadas al índice Casa Propia y contratos en pesos.
“Hemos presenciado la imposibilidad de renovar contratos en los cuales se venía negociando un acuerdo y donde los propietarios proceden a la restitución del inmueble y como última cuestión, notamos también, que en contratos que finalizan el 30 de noviembre, los dueños notifican directamente que no se va a renovar el contrato, exigiendo la devolución de la unidad locada”, agregó D’Orazio.
Respecto a lo que viene, está la posibilidad latente de que, luego de su asunción, el presidente electo plantee una derogación de la Ley, lo que puede generar una ola de expedientes judiciales de parte de inquilinos u organizaciones. La derogación llevaría a que todos los acuerdos entre inquilino y propietario o inquilino e inmobiliaria queden sujetos al Código Civil y Comercial, sin referencias temporales ni de ajuste de precios claros.
Qué dicen las inmobiliarias
Desde el sector inmobiliario reconocieron un impacto de las declaraciones de Javier Milei en la actividad, aunque consideraron que cualquier determinación al respecto llevará tiempo en tomar forma e implementarse de manera concreta.
En este sentido, el referente de la Cámara de Inmobiliarias Rosario (Cadeiros), José Ellena, analizó: “Se notó cierta retracción en cuanto a la disponibilidad de inmuebles, algunos que estaban para ofrecerse, en un acto instintivo, decidieron esperar a ver qué sucede”.
Si en algo coinciden, tanto entidades en defensa de los inquilinos como del sector inmobiliario, es en recordar que la Ley sancionada recientemente sigue vigente y en aconsejar a los locatarios que no firmen nada que esté por fuera de esa legislación. A esto sumaron que, pese a las declaraciones de Javier Milei respecto al tema, la Ley de alquileres goza de plena vigencia.
Respecto a los tiempos que puede demandar una modificación en lo establecido actualmente, Ellena analizó: “Creemos que esto no va a ser algo inmediato. Supongamos que el nuevo presidente asume el 10 de diciembre, tendría que derogarlo por decreto. Si así fuera, quedará vigente el Código Civil de 2015, con lo cual yo creo que si alguien está dispuesto a tener el inmueble cerrado durante cinco o seis meses, es una decisión, no sé si conviene. En algunos casos que prefieren eso, pero en general no hubo un retiro masivo de las propiedades del mercado locativo”.
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