Alvaro Arellano
La primera semana de transición tuvo declaraciones de todo tipo por parte del presidente electo y algunas definiciones sobre lo que viene en materia económica para los próximos meses. El norte para Javier Milei está en alcanzar el equilibrio fiscal a fines de 2024, sin importar lo que eso demande. Entre las variables de ajuste para ese objetivo, anunciado en campaña y ahora ratificado a días de asumir, figuran entre otros puntos los contratos de obra pública, partidas para jubilados y las transferencias a provincias que contemplan gastos en salud y educación.
Ante este escenario el gobernador electo, Maximiliano Pullaro, optó por la cautela para referirse al tema, aunque anticipó un panorama poco alentador en términos económicos para la provincia. En primer lugar explicó que la motosierra de Milei pasará por las transferencias discrecionales e interpretó que en ese sentido “a Santa Fe la jodieron durante mucho tiempo”. Por otra parte recordó que su gestión deberá adaptarse a estas nuevas reglas en un contexto de déficit para las cuentas santafesinas.
Más allá de las interpretaciones, el nuevo presidente ya reconoció que llevar adelante las reformas que pretende, demandarán un recorte equivalente al 15% del PBI argentino. Una parte importante está compuesta por la inversión en obra pública, pero el resto contempla sectores como: jubilaciones y pensiones, Asignaciones Familiares , pensiones no contributivas, medicamentos y otros programas sociales. También estarán incluidos en la poda subsidios económicos, a la energía, al transporte, gastos de funcionamiento, transferencias a provincias para educación, salud y transferencias a las universidades.
El economista del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economìa (Mate), Sergio Arelovich, calculó (en base a la información disponible en los primeros nueve meses de este año) que la economía nacional tuvo un déficit de casi 5 billones de pesos. Las transferencias para obra pública suman un poco más de la mitad, algo cercano a los 2,7 billones. Para llegar a déficit cero necesitarán recortar otros 2,7 billones de pesos, que saldrán de los sectores mencionados, entre ellos, jubilaciones y servicios sociales.
El Estado nacional tiene un conjunto de gastos, denominados gastos primarios, que incluyen los gastos corrientes y de capital. Del 100% de los gastos primarios, las prestaciones sociales se llevan el 54%. Eso incluye jubilaciones y pensiones, asignaciones, pensiones, medicamentos de Pami y otros programas sociales. A la hora de evaluar un recorte sobre este sector, el gobierno de Javier Milei puede efectuar una poda en términos reales o bien dejar que la inflación siga subiendo y licúe esos recursos. De una forma u otra, se puede dar un ajuste brutal.
El dilema de la obra pública
El economista de Mate hizo un análisis particular sobre las consecuencias del fin de la obra pública y sostuvo: “Si efectivamente, tal como dijo, ante la inexistencia de financiamiento para obra pública va a dejarle la responsabilidad a municipios y provincias para que consigan dinero, esto implica que el efecto sobre la tasa de empleo va a ser brutal y en el corto plazo. Es probable que si se suspende el giro para la obra pública, en muy corto plazo podemos duplicar la tasa de desempleo”.
Para tener una noción del apoyo nacional a las provincias en materia de obra pública, basta ver los números de los primeros nueve meses de este año, vinculado a lo que se denomina gasto de capital. Hasta septiembre, el Estado giró a las provincias 574 mil millones de pesos, equivalentes al 2,45% del gasto total del Estado. Esto incluyó 197 mil millones para vivienda, 74 mil millones para transporte, 87 mil millones para agua potable, 25 mil millones energía y 141 mil millones para otros recursos.
Por otra parte, y a la hora de revisar los gastos corrientes, que contemplan giros automáticos y no automáticos, durante los primeros nueve meses, por cada 100 pesos de gasto total del estado nacional, 3,40 fueron para atender a las provincias y municipios. En total fueron 788 mil millones de pesos. Esto incluyó: 242 mil millones para Educación, 86 mil millones para Salud, 92 mil millones para Seguridad Social y 68 mil millones en concepto de Otras transferencias corrientes.
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