El titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, consideró que el empleo de niños y niñas para la venta al menudeo de estupefacientes puede encuadrarse en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. “Podría plantearse la hipótesis de que el imputado haya utilizado al menor como víctima de <trata de personas> y que la finalidad de explotación haya consistido precisamente en obligarlo a vender sustancias estupefacientes”, dictaminó al aceptar el pedido de colaboración que había planteado el fiscal Marcelo Degiovanni, a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario, en una investigación por la posible explotación de menores de edad por parte de organizaciones narcocriminales de la provincia de Santa Fe.
La presencia de niños y niñas en los lugares de venta de droga preocupa a los fiscales federales de Santa Fe, quienes sospechan que las bandas se aprovechan de menores de edad en situación de vulnerabilidad para esconder a los verdaderos responsables, según publicó el sitio web >www.fiscales.gov.ar>.
Según esta versión, los menores son encerrados desde afuera en pequeñas habitaciones, donde permanecen sin poder salir por períodos de hasta 72 horas, sin baño y en algunos casos sin pagarles, porque les descuentan la droga que ellos mismos consumen mientras venden. Para iniciarlos en la actividad, suelen forzarlos mediante violencia.
Opinó el titular de la Protex: “no existe óbice (impedimento) para plantear como hipótesis de investigación que el menor haya sido captado por el imputado con este objeto. Sin embargo, para formular una imputación contra este último en esa línea, a criterio de esta parte, faltan elementos”, en el caso puntual evaluado.
El fiscal a cargo de la procuraduría especializada sintetizó: “Se pretende evitar que en su labor investigativa la Justicia no resulte burlada por quienes están detrás de los autores materiales del hecho, y pretenden de esta forma evitar quedar expuestos a un proceso de criminalización por el tráfico de sustancias ilícitas de las que resultan sus principales responsables y de la que los que son detectados no son más que meros instrumentos a quienes se los obliga a guardar un manto de silencio bajo coacción”.
Colombo sustentó su postura en la directiva N° 36/2011 de la Unión Europea, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas del trabajo infantil (C182/1999), la ley modelo contra la trata de personas elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y los principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (E/2002/68 Add.1).
El caso
El 11 de noviembre de 2012, efectivos de la comisaría 24ª de la Policía provincial allanaron un galpón utilizado para el comercio de drogas ubicado en calle 1 al 300de Granadero Baigorria. Los uniformados irrumpieron en la casilla luego de intentar identificar a un joven, quien arrojó un arma del tipo tumbera a la vereda antes de entrar a la casa, donde había otro joven intentando escapar, además de un adolescente de 13 años. Allí fueron halladas pequeñas cantidades de marihuana y cocaína.
El inciso 3 del artículo 227 del Código Procesal Penal permite a las fuerzas de seguridad realizar un allanamiento sin la orden de un juez si un imputado por un delito ingresa a un domicilio mientras es perseguido. Esta excepción a la garantía que evita procedimientos ilegales suele ser utilizada como argumento por los policías para realizar operativos.
El principal imputado fue indagado y procesado por el comercio de estupefacientes, agravado por haber utilizado a un menor de edad.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal intentan que la investigación no concluya en los eslabones más débiles de organización, quienes suelen ser niños y niñas, y subir en la cadena de responsabilidades.
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