La jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría suspendió ayer el trámite de reconocimiento de las alianzas para participar en la elección de integrantes del Consejo de la Magistratura, mientras que el Colegio Público de Abogados respondió al pedido de per saltum que presentó el gobierno ante la Corte Suprema de Justicia.
Ambas acciones se inscriben en el litigio librado por la ley de reforma del Consejo de la Magistratura que dispone la elección popular de sus miembros, y tienen lugar luego de que la Corte aceptara el recurso de salto de instancia presentado por la Casa Rosada para que el máximo tribunal resuelva la cuestión.
Servini de Cubría resolvió suspender el reconocimiento de los frentes para la elección de consejeros luego de que tanto el oficialismo como la oposición presentaran sus alianzas para esos comicios, a pesar de que la magistrada había declarado previamente su inconstitucionalidad.
Cuando la Corte aceptó el recurso de per saltum aclaró que su resolución tenía “efecto suspensivo” sobre el fallo de Servini de Cubría que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la reforma del Consejo.
No obstante, en resoluciones que dio a conocer ayer, la jueza explicó que si bien ella declaró la inconstitucionalidad de esos artículos, aún están en vigencia varias medidas cautelares que frenaron el proceso electoral de consejeros, por lo que se podía frenar también el reconocimiento de las alianzas.
Así, Servini de Cubría suspendió el trámite de reconocimiento de la alianza Frente para la Victoria, la del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, la del Frente por la Justicia y la del MST Nueva Izquierda.
Al justificar su decisión, la jueza citó la resolución de su par en lo Contencioso Administrativo Federal Liliana Heiland, quien mediante una medida cautelar frenó la elección de consejeros.
“Mas allá de lo decidido por el tribunal a mi cargo sobre el fondo de la cuestión, y considerando lo dispuesto en las medidas cautelares citadas que suspendieron el referido proceso electoral, corresponde suspender el trámite de reconocimiento de la alianza electoral transitoria constituida al único efecto de participar en los comicios de elección” de los consejeros, resolvió.
Por otra parte, el presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, respondió al pedido de per saltum que presentó el gobierno ante la Corte Suprema de Justicia para que defina la constitucionalidad de la elección popular de los consejeros de la Magistratura.
Es que el máximo tribunal le había dado un plazo de 48 horas a Rizzo, en su carácter de apoderado de la lista Gente de Derecho, y al apoderado del partido Democracia Cristiana, para que respondieran sobre el pedido de per saltum en su calidad de autores de las dos presentaciones sobre las cuales resolvió Servini de Cubría.
“Esta ley constituye un abuso de derecho, y claramente el pueblo no ungió a su presidente para que, mediante la promulgación de leyes inconstitucionales, avasalle las garantías constitucionales que la hicieron primera mandataria”, aseguró Rizzo en el escrito.
Asimismo, el titular del Colegio de Abogados pidió a la Corte que confirme el fallo de Servini “a fin de evitar el grave atropello” que, a su criterio, implica la ley de reforma del Consejo de la Magistratura.
Para Rizzo, “resulta indudable que el efecto de esta ley será la directa vinculación de los nuevos Consejeros con el partido político que los proponga”.
“Nos ha quedado claro a todos los actores de la Justicia que ésta necesita una profunda reforma. Sin embargo, esta ley no sólo no cumple con las necesidades de los habitantes sino que, por el contrario, diluye la representación de los estamentos actores del sistema judicial”, agregó.
Comentarios