Luego de que este medio publicara en su edición de ayer que el municipio ya clausuró 12 inmobiliarias que funcionaban fuera de la ley, las repercusiones no tardaron en llegar. El titular del Colegio de Corredores local, Javier Grandinetti, había alertado sobre la situación y vinculó de alguna manera a esas firmas con parte de las denuncias que se realizan por “mal asesoramiento” o “publicidad engañosa”. Desde el Consejo Asesor de Vivienda de la Oficina Municipal del Consumidor salieron a confrontar ayer con ese relato, cuestionaron también a los intermediarios habilitados y el proceder que en muchos casos lleva adelante el propio Colegio.
El dato sobre las 12 inmobiliarias que quedaron clausuradas en el marco de las inspecciones que se están realizando bajo la nueva ley provincial que regula el sector (que creó el Colegio de Corredores y exige un matriculado al frente) lo entregó la Dirección de Habilitación de Comercios y Servicios local.
Desde la repartición también mencionaron que se prevé que otras 15 firmas sigan el mismo camino en breve. A esos corredores ya se les labró el acta de infracción y están cerca de quedar sin habilitación para funcionar bajo ese rubro.
En ese marco, Grandinetti había pedido a quienes vayan a realizar una transacción estar en alerta (invitando a consultar en el sitio web oficial de la institución, cosir.org.ar, el listado de las firmas habilitadas) y vinculó de alguna manera a las firmas fuera de regla con parte de las denuncias que a menudo se realizan por “mal asesoramiento”, “publicidad engañosa” o cobro ilegal de honorarios.
“Ante alguien que no está matriculado nosotros no podemos hacer nada. En un caso de mala praxis a la persona afectada sólo le queda que recurrir a la Justicia ordinaria”, agregó el titular de la Cámara de Corredores.
Todos en la misma
Consultado por El Ciudadano, Ariel D’Orazio, el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda de la Oficina Municipal del Consumidor, salió al cruce de esas afirmaciones.
“Las irregularidades, sobre todo en los contratos de alquiler, se dan tanto en las inmobiliarias que están registradas como en las que no. Lo que nosotros hacemos cuando hay una denuncia contra alguien que no tiene matrícula es pedirle igual que se presente ante el Colegio de Corredores. Además, hay otro tema: hemos enviado personas a que fueran a hacer sus denuncias al Tribunal de Ética del Colegio en casos donde un intermediario habilitado actuó mal y allí las han desestimado. En general corren a la gente. No suelen tomarlas”, manifestó D’Orazio.
Tras eso, el dirigente mencionó que en los primeros seis meses del año se realizaron unas 660 denuncias en el Consejo Asesor de personas que tuvieron algún tipo de inconvenientes en la propiedad que habitan. De ese total, el 80 por ciento son contra inmobiliarias y están vinculadas con “problemas con los alquileres”. El restante 20 por ciento involucra a los dueños de la vivienda, administradores de edificios o estudios contables, entre otros.
La presentación más usual, señaló D’Orazio, es cobrar expensas extraordinarias a los inquilinos, cuestión que por normativas vigentes corresponde a los propietarios. “Lo que hacen muchas inmobiliarias es trasladarle esa responsabilidad a los que alquilan. Eso se da en el marco de contratos redactados por los intermediarios, que en el 90 por ciento de los casos perjudican al inquilino”, señaló.
También son habituales las quejas por el traslado de la responsabilidad a los inquilinos de arreglos estructurales (que también corresponde a propietarios), el pago de intereses usurarios por el atraso en el abono de los alquileres y la falta de respuesta y atención ante las interrupciones del servicio de gas.
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