Ezequiel Nieva
Los plazos que había imaginado el gobierno provincial para la discusión de la reforma constitucional se dilatarán hasta el segundo semestre. Al momento de enviar el proyecto, en abril, el gobernador Miguel Lifschitz aspiraba a lograr la media sanción de la Cámara de Diputados durante el mes de mayo. El tema quedó trabado en la Comisión de Educación que ahora organizó cuatro reuniones para debatir los alcances de la reforma; las últimas dos se harán recién después del receso invernal.
El calendario y los tiempos de la política complotan contra el deseo del Frente Progresista de lograr la reforma de la Constitución durante 2018 para que se habilite la posibilidad de reelección del gobernador. El proyecto oficial pasó sin problemas por la primera de las cinco comisiones a las que fue girado en la Cámara de Diputados (Asuntos Constitucionales), pero quedó estancado en la Comisión de Educación.
Luego de tres reuniones en las que el oficialismo no consiguió consenso para darle dictamen al proyecto, los integrantes de la Comisión de Educación acordaron realizar cuatro encuentros informativos para discutir los alcances de la reforma en materia educativa. Ese proceso concluirá recién en el segundo semestre, lo que aleja definitivamente la posibilidad de que haya reforma de la Carta Magna durante 2018.
A la primera reunión –que se realizará este miércoles– fueron invitadas cuatro ministras de Educación: la actual titular del área, Claudia Balagué, su antecesora Elida Rasino y las justicialistas María Rosa Stanoevich y Carola Nin. Las cuatro confirmaron su presencia al titular de la Comisión de Educación, el socialista Julio Garibaldi.
Para la semana que viene, los integrantes de esa comisión recibirán al director de Reforma Política y Constitucional del gobierno provincial, Oscar Blando, y a los autores de los otros proyectos de reforma: los diputados Luis Rubeo (PJ), Héctor Cavallero (PPS) y Carlos Del Frade (Igualdad). A diferencia del proyecto oficial, las iniciativas de Cavallero y del interbloque Igualdad proponen una reforma total y no parcial de la Carta Magna santafesina.
Las otras dos reuniones serán después del receso invernal, que se extenderá del 7 al 22 de julio. En la primera expondrán representantes de los gremios docentes y, en la última, especialistas en educación de las universidades nacionales radicadas en la provincia de Santa Fe. Recién cuando finalice ese proceso la Comisión de Educación dictaminará sobre el proyecto.
A partir de entonces, el trámite sigue en otras tres comisiones: Presupuesto y Hacienda, Derechos y Garantías y Asuntos Constitucionales. Los tiempos atentan contra la idea del Frente Progresista de lograr la sanción de la ley que declara la necesidad de la reforma dentro del primer semestre para que la Convención Reformadora pueda sesionar durante a segunda mitad de 2018.
La sanción de esa ley por la Legislatura es el primer paso hacia la reforma. Una vez promulgada la norma, corre un plazo de 120 días (cuatro meses) para la elección de convencionales constituyentes (el día de esa elección lo fija el Ejecutivo provincial) y luego hay un plazo máximo de 60 días para que sesione la convención.
En el proyecto se establece que la elección de los convencionales (69 en total, con criterio de paridad de género y lista de distrito único) “no podrá coincidir con otra elección”. En otros términos: la reforma sólo será posible este año si la ley se aprueba en junio, cosa que no va a ocurrir. En febrero de 2019 comienza formalmente el proceso electoral provincial con la inscripción de las listas para las primarias de abril y así se cumplirá el deseo de la oposición de postergar el debate de la reforma hasta 2020.
Al archivo
El bloque mayoritario de senadores del PJ mandará a archivo el proyecto alternativo de reforma constitucional presentado la semana pasada por los senadores del Frente Progresista. El argumento, según indicaron fuentes del PJ, es que el proyecto resulta “una falta de respeto hacia el gobernador” teniendo en cuenta que el propio Lifschitz remitió la iniciativa a la Cámara de Diputados, donde se está estudiando actualmente.
Con el objetivo de acelerar el tratamiento del proyecto alternativo, el vicegobernador y presidente del Senado Carlos Fascendini remitió el proyecto a solo dos comisiones: Asuntos Constitucionales y Asuntos Comunales. Los senadores del PJ la movida cayó mal y ya avisaron que, por respeto al gobernador, mandarán a archivo la iniciativa de sus colegas oficialistas.
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