El juez federal 3 de Morón, Juan Pablo Salas, se reunirá este mediodía con familiares del ex dictador Jorge Rafael Videla, fallecido el viernes pasado, para notificarles el resultado de la autopsia y, recién entonces, podría liberar la entrega del cadáver para que sean inhumados sus restos.
El cuerpo de Videla permanecía en la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Capital Federal, ubicada en Viamonte y Junín, y los familiares aún pueden solicitar que le realicen algún examen complementario del cual participen peritos de parte, por lo que la inhumación puede demorarse, explicaron las fuentes.
Mientras tanto, persiste la incógnita sobre el destino final del cuerpo del genocida y ex presidente de facto. La versión más firme indica que sería depositado en el cementerio de Mercedes, su ciudad natal.
Según trascendió, los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo de Videla indican que el dictador sufrió “una muerte traumática”. El canal C5N informó que el militar sufrió una caída cinco días antes de su fallecimiento que le provocaron fractura de pubis, una de sus costillas y hemorragias internas.
El Servicio Penintenciario Federal (SPF) informó en un comunicado que a Videla “se lo encontró en su celda sin pulso ni reacción pupilar, por lo que se realiza un ECG (electrocardiograma) constatándose su óbito”.
Videla murió a los 87 años cuando cumplía una pena de prisión perpetua unificada por tres condenas: una de ellas por el juicio a las juntas de 1985, otra por torturas y secuestros en la provincia de Córdoba y la restante por apropiación de bebés, hijos de desaparecidos.
El dictador encabezó el golpe militar del 24 de marzo de 1976 y ocupó la presidencia hasta 1981, y actualmente enfrentaba un juicio oral por el llamado “Plan Cóndor”, la coordinación de la represión ilegal entre gobiernos de facto latinoamericanos.
La última visita a los tribunales federales de Retiro fue el martes pasado, cuando se lo trasladó desde la cárcel bonaerense de Marcos Paz para prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 1 por el Plan Cóndor, donde era juzgado junto a otros 24 acusados.
Allí se negó a declarar, pero leyó un breve manifiesto en el que asumió “en plenitud” las “responsabilidades castrenses” por lo hecho en lo que llamó una “guerra” contra el “terrorismo” y deslindó de culpas a sus subordinados.
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