Un grupo de aficionados a las picadas se manifestó anteanoche frente al Concejo Municipal para reclamar por la habilitación del Autódromo Juan Manuel Fangio, ubicado en la avenida Jorge Newbery y García del Cossio, para la actividad que, según afirman, moviliza a alrededor de dos mil personas de Rosario y sus alrededores. Desde el Departamento Ejecutivo denunciaron que durante la protesta los manifestantes arrojaron bombas de estruendo y prendieron fuego contenedores de residuos, por lo que ratificaron que iniciarán trámites legales para que alguien se haga cargo del equipamiento urbano destruido. Pero sobre la cuestión de fondo, en tanto, desde el Palacio Vasallo recordaron que el tema ya está resuelto: el año pasado se aprobó el proyecto que crea la figura el “Picódromo” en la ciudad, y es el Ejecutivo el que debe actuar ahora, reglamentando y poniendo en vigencia la normativa, para legitimar una actividad que –todas las partes reconocen– no se detuvo y se hace en forma clandestina.
En las últimas horas del jueves, un importante número de corredores inició una movilización por peatonal Córdoba con destino al edificio legislativo emplazado frente al Monumento a la Bandera. Según dijo uno de los manifestantes, unas 300 personas se sumaron a la protesta en reclamo de un lugar para competir libremente, erradicando así las carreras clandestinas. “Ante la imposibilidad de hacerlo en la ciudad, nos tenemos que ir a correr a Buenos Aires, San Pedro o Córdoba. El tema es que no todos están dispuestos a emprender ese viaje, por lo que, generalmente los más jóvenes, terminan compitiendo en la calle”, reconoció el aficionado Nelson “Pomelo” Pereyra a El Ciudadano. “Por eso pedimos que nos abran el Autódromo hasta que tengamos un picódromo”, completó.
De este modo, los aficionados a esta actividad deportiva propusieron, a través de la gestión de un privado y del cobro de entradas, abonarle a la Municipalidad el alquiler del terreno, hacerse cargo de la seguridad y donar gran parte de la recaudación a hospitales o a organizaciones no gubernamentales. A modo de ejemplo, Pereyra relató que “en las carreras de San Pedro participan alrededor de dos mil personas”, y cada una abona una entrada de 70 pesos, por lo que el total alcanza y sobra para hacer lo que dijo.
“No le pedimos a la Municipalidad un gasto, sólo que nos abran la puerta –insistió–. Estamos dispuestos a pagarles un alquiler y a hacernos cargo de la seguridad. Además, con la plata que recaudemos queremos hacer una donación a donde haga falta porque lo más importante es sacar a los chicos de la calle para que corran en lugar seguro”, amplió.
El Concejo Municipal aprobó hace casi un año un proyecto del edil Rodrigo López Molina que dejó creada la figura legal del Picódromo, aunque la ordenanza no fue reglamentada aún por el Departamento Ejecutivo, que debe definir detalles clave como la ubicación, las condiciones de seguridad y la infraestructura para un escenario compatible con este tipo de competencias.
Para el edil del PRO, la demora en la reglamentación está generando “un impacto negativo”, ya que “como los rosarinos siguen sin un espacio para competir, muchas veces terminan corriendo clandestinamente en la calle poniendo en riesgo su vida y la de terceros”. Frente a esta situación, consideró que “no es menor” la implementación inmediata de un predio en el que se pueda desarrollar en forma normalizada la actividad.
De acuerdo a la ordenanza, el lugar habilitado para este tipo de competencias consta de una pista doble de asfalto, una para competir y otra paralela de retorno, con las dimensiones para correr un cuarto de milla, esto es unos 400 metros. Asimismo, debe contar con las condiciones de seguridad necesarias, gradas y/o barreras de protección para los espectadores, así como también deben realizarse obras de insonorización. Todo esto se suma a la construcción de espacios de uso público como baños e ingresos accesibles para casos de emergencias. Así, “cualquier persona con un espacio fisco puede iniciar un trámite de habilitación”, aunque también se baraja la posibilidad de que el Estado “preste” un predio y que un privado se encargue de las obras.
“Serían picódromos privados con control estatal”, resumió el concejal, quien fundamentó desde dos aspectos su rechazo a que los eventos se desarrollen en el Juan Manuel Fangio, tal y como lo reclaman los aficionados.
“En primer lugar la ordenanza que habilita a funcionar el Autódromo (aprobada por unanimidad a través del consenso entre vecinos, corredores, legisladores y el Ejecutivo) lo rechaza. Además el municipio no cumplió con las obras que tenía a su cargo, como la insonorización del lugar y las obras públicas en su entorno. Entonces, no es posible plantear la discusión si los compromisos no se han cumplido. Por tal motivo, convocamos el próximo 24 de junio al presidente del autódromo (Mauricio Malano) para que dé información al respecto”, concluyó el autor de la ordenanza.
El Ejecutivo, contra el método de la protesta
El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Fernando Asegurado, cuestionó con dureza la movilización frente al Palacio Vasallo en la que –asegura– se arrojaron bombas de estruendo y se quemaron contenedores. “No estábamos al tanto de esta manifestación. Las bombas eran arrojadas sobre un edificio de valor patrimonial como lo es el del Concejo Municipal. Todo esto fue registrado por el sistema de videovigilancia, por eso vamos a presentar todo el material en la fiscalía correspondiente y haremos la denuncia”, se enojó el funcionario.
A modo de defensa, Nelson Pereyra reconoció que se arrojaron algunos fuegos artificiales pero negó de plano que se haya violentado el mobiliario urbano. “Con la quema del volquete no tenemos nada que ver. Cuando nos fuimos no había nada de fuego”, se desmarcó el corredor.
De igual modo Asegurado reconoció que “no dan ganas de seguir conversando este tema” cuando las protestas se desarrollan de manera violenta. “No vamos a atender a quienes utilizan esta metodología para encontrar un acuerdo. En esto vamos a ser contundentes”, cerró.
En el mismo sentido se pronunció el concejal López Molina: “Cualquier manifestación es buena hasta que se cruzan algunos límites. Estamos a favor de cualquier protesta siempre que se respeten los límites sin obstaculizar calles ni generar daños en el espacio público. De otro modo, deja de perder sentido el reclamo y pasa a ser reprochable”.
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