El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, calificó ayer de “autoritaria” la estatización del predio ferial de Palermo dispuesta por la presidenta Cristina Fernández y recordó que “la Constitución dice que los gobiernos que hacen este tipo de confiscaciones, tienen que ser penados como infames traidores a la Patria”. En tanto, el ex vicepresidente Julio Cobos advirtió ayer que dicha decisión del gobierno, al desconocer la venta realizada durante el menemismo, implicaba “un golpe a un sector productivo que exhibe diferencias con la política del gobierno”. Por último, el ministro de Justicia, Julio Alak, aseguró anteayer que el sitio no sufrirá modificaciones en su uso habitual, y ratificó que el “fundamento sustancial de la nulidad es el precio vil que en su momento el Estado argentino pactó con directivos de la Sociedad Rural” para la venta del lugar.
Ofuscado, Etchevehere calificó como “traición a la Patria” que el Estado se quede con el predio ferial del barrio porteño de Palermo, y lo llevó al terreno de un “antojo presidencial”. El agroempresario confirmó que se “iniciaron los trámites correspondientes” para presentar la semana próxima un amparo judicial contra el decreto presidencial 2.552 anunciado el pasado jueves, que declara la nulidad de la venta a la SRA del predio ferial de Palermo.
Etchevehere añadió: “De este gobierno podemos esperar a partir de la mentira, cualquier cosa”. Respecto a la norma, enfatizó que “es una confiscación que se hacía por parte de los gobiernos autoritarios antes de la sanción de la Constitución nacional, y por eso la Carta Magna prohíbe expresamente al confiscaciones de bienes que realizaban los gobiernos con sus adversarios o contra los que pensaban diferente”.
“Por tener independencia, por decir lo que pensamos con fundamentos y con respeto, como castigo el Estado nos confisca un bien. La Constitución dice que si los gobierno hacen esto, tienen que ser penados como infames traidores a la Patria”, recalcó Etchevehere, quien afirmó que es una “venganza por la 125”.
Siguiendo esa conjetura y defendiendo la operación del gobierno menemista, Cobos apuntó que “más allá de todas las consideraciones jurídicas que merezca el caso y del tiempo transcurrido (21 años), queda claro que la forma, el lenguaje y la oportunidad de la decisión del gobierno nacional, tienen que ver más con un golpe a un sector productivo que exhibe diferencias con la política del gobierno que con un acto de justicia propiamente dicho”.
El ministro de Justicia, Julio Alak, señaló que el uso del predio ferial de Palermo “no sufrirá mayores modificaciones, e incluso puede haber mejoras”.
Al mismo tiempo, el funcionario explicó que “mediante la transferencia” en el manejo del predio que se dio durante los últimos años “se modificó el uso, se le dió un uso impropio para una zona residencial y una reserva natural”.
Por otra parte, el ministro señaló que el decreto firmado por la presidenta “no es un acto de expropiación ni de confiscación, es una declaración de nulidad de un acto que le ocasionó una grave pérdida al patrimonio de la Argentina”.
Para Alak, el “fundamento sustancial de la nulidad es el precio vil que en su momento el Estado argentino pactó con directivos de la Sociedad Rural”.
“El decreto presidencial no solamente busca recuperar para el patrimonio nacional, está fundado en argumentos jurídicos que hace necesaria y obligatoria la decisión de retomar este bien”, señaló.
El ministro señaló también que la venta se hizo en forma directa, ignorando la tradición de llamar a licitación, concurso público o remate fiscal.
Además, Alak recordó la investigación judicial en curso, que lleva el juez federal Sergio Torres, por la que se encuentran procesados 11 ex funcionarios nacionales entre los que está el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
Respecto al precio de 30 millones de dólares por el cual el Estado cedió el predio a la Rural, Alak recordó que a un valor inmobiliario real, la tasación del área ronda los 1.200 millones de dólares. Alak recordó incluso que en su momento, luego del acto de compraventa, el por entonces presidente de la Sociedad Rural, Eduardo de Zavalía, había manifestado que el valor del predio era de 300 millones de dólares, diez veces más del que habían acordado con el Estado nacional.
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