Mariángeles Guerrero
Especial para El Ciudadano
A las subas de precios en un contexto de salarios estancados y de caída del poder adquisitivo se suma la desregulación de la política sanitaria. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 de Javier Milei, que está vigente hasta ser revisado por el Congreso, elimina la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, la función social de los medicamentos genéricos y las restricciones a los aumentos de cuotas de obras sociales y prepagas. No es el único retroceso: la Ley Ómnibus también da marcha atrás en materia de salud.
“A partir de la desregulación de las prepagas, estas comenzaron a no garantizar tratamientos. Ya recibimos denuncias de personas con diabetes o cáncer que no pueden acceder a su medicación”, cuenta la médica Melania Pierini, de la ciudad de Santa Fe.
En diciembre pasado, dos de cada diez personas dejaron de comprar sus medicamentos en Argentina. Los precios de las medicinas más utilizadas se dispararon 320% entre enero y diciembre de 2023 (100 puntos por encima de la inflación general, que fue del 211% en el mismo período). Ambos datos fueron aportados por el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), que además agregó que las causas son “la devaluación y la liberación de precios”.
El titular de Ceprofar, Rubén Sajem, denunció que “en ningún país del mundo se aumentaron los medicamentos sin control como ahora en la Argentina”. Y alertó que “hay mucha gente, sobre todo abuelos, que si no tuviesen ayuda familiar, deberían abandonar tratamientos de alta complejidad”. La perspectiva es que las ventas caigan aún más en enero.
Entre 2016 y 2023, la segunda suba más importante se registró en 2019: 111,9, con una inflación general de 53,8%.
El Índice de Precios al Consumidor del Indec confirmó esta semana lo que ya se venía percibiendo en las farmacias: el aumento en salud en diciembre fue del 32,6%, impulsado por las variaciones en medicamentos y medicina prepaga. La variación para el rubro “Salud” según la estadística oficial fue de 227,7% entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023.
En tanto, Damián González, presidente de la Asociación de Pediatras de Santa Fe anunció, en declaraciones a LT10, que las consultas pediátricas costarán 10 mil pesos a partir del 15 de enero.
Pierini es médica generalista y trabaja en el centro de salud Las Lomas, de Santa Fe. Además, integra la Multisectorial conformada en esa ciudad para visibilizar las implicancias del DNU 70/23 y de la Ley Ómnibus, en caso de que esta última sea aprobada.
En el contexto de la Multisectorial –que nuclea a organizaciones sociales, sindicales, políticas e independientes– se formó una Comisión de Salud, que trabaja específicamente en desmenuzar cuál es la política que ambas medidas establecen para la salud pública en Argentina. Entre sus actividades, recientemente organizaron una volanteada en la puerta del Hospital Iturraspe para informar lo que se está discutiendo en el Congreso.
Entrevistada por El Ciudadano, Pierini toma el concepto de salud de la especialista Consuelo Chapela, quien entiende a la salud como “la capacidad humana corporeizada de concebir, diseñar y avanzar hacia futuros posibles”. La médica puntualiza: “El DNU y la Ley Ómnibus imposibilitan proyectar en un país donde se venden los recursos propios, se desregula el mercado laboral y el abastecimiento de productos alimenticios y su precio. Eso de por sí interfiere en la salud”.
Y agrega: “Todas las medidas que impliquen un deterioro del lugar donde vivimos, como la derogación de la ley de Tierras, que permite la venta indiscriminada de tierras a las empresas, o la derogación de la ley de Alquileres o de Góndolas, tiene un impacto en la salud porque genera sufrimiento psíquico en las personas que sufrimos problemas económicos o socioeconómicos”.
La profesional de la salud explicita desde su lugar de trabajo: “De a poco estamos garantizando cada vez más prestaciones y más cuidados de la salud, y tanto el DNU como la Ley Ómnibus van a tirar abajo todo ese camino”. Aunque también destaca la importancia de la autocrítica, y de saber que “las cosas no estaban bien y que la gente estaba disconforme, votó algo que pensó que iba a ser mejor”.
“Y ahora estamos viendo los efectos”, completa.
El DNU desfinancia el Programa de Producción Pública de Medicamentos y elimina la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Ambas entidades promueven la producción estatal de medicamentos y vacunas, cuya importancia es avanzar hacia la soberanía tecnológica y tener la posibilidad de ofrecer productos más accesibles en el mercado. Pierini considera que esta medida “generará la falta de medicación en los centros de salud y hospitales”. También –advierte– “desregula el mercado de medicamentos, favoreciendo a grandes laboratorios con Bayer o Elea, que son empresas con mucho poder y que finalmente serán quienes puedan poner los precios”.
La médica comenta: “Preocupa mucho el acceso a medicamentos y a derechos que las mujeres y disidencias hemos luchado por conseguir”. Y pone como ejemplo al misoprostol y mifepristona, producidas por el Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe, y las drogas para hormonoterapia que requieren las personas trans que están realizando un tratamiento con hormonas.
“Estas políticas van a terminar afectando la producción de esos medicamentos, que son un capital simbólico en términos de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y a los derechos de las personas trans”, alerta.
En cuanto a los genéricos, el DNU elimina la obligación de los profesionales de la salud de –a pedido del paciente– sustituir en una receta el nombre de la marca comercial por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades.
El decreto de necesidad y urgencia desregula el aumento de cuotas de las prepagas y suprime la obligación de las obras sociales de destinar como mínimo el 80% de sus recursos brutos a la prestación de los servicios de atención de la salud de sus beneficiarios. A su vez, deroga el artículo 5° de la ley 23.660, que establece que las obras sociales deberán generar “mecanismos de redistribución regional solidaria que asegure el acceso de sus beneficiarios a los servicios de salud sin discriminaciones de ningún tipo”.
“Todas estas desregulaciones terminarán sobrecargando un sistema de Salud Pública, ya de por sí vaciado”, anticipa Pierini. Por otro lado expresa su preocupación acerca de que, debido a la desregulación de prepagas y obras sociales, también las personas con discapacidad dejen de recibir su cobertura.
El DNU de Milei también establece que no será necesaria la presencia de un profesional farmacéutico en las farmacias. “Esto beneficia a grandes cadenas como Farmacity, y perjudica a las pequeñas farmacias, que no podrán competir con ellas”, cuestiona la médica.
Salud mental y derechos sexuales: un ómnibus que va hacia atrás
El contexto actual es de recrudecimiento de los padecimientos en salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que la pandemia ha incrementado entre un 25% y un 27% la prevalencia de la depresión y la ansiedad a escala mundial.
En ese marco, la Ley Ómnibus vuelve a establecer la internación involuntaria como una posibilidad cuando la persona “no logre adherencia a los abordajes ambulatorios y presente una falta de conciencia de enfermedad que afecte su capacidad de discernimiento y que implique una grave vulneración a su salud integral”, o “cuando se encuentre en situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. También se podrá aplicar a las personas menores de edad que padezcan alguna “adicción a sustancias psicoactivas que comprometa gravemente su salud integral o desarrollo psicofísico”.
Con una perspectiva de política criminal, la ley aclara que “la persona internada involuntariamente, o su representante legal, tiene derecho a designar un abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación”.
Estos cambios invierten el paradigma que propone desde 2010 la ley de Salud Mental, cuyo objetivo es el fin de los manicomios y poner en el centro a quien tiene un padecimiento en salud mental, en tanto sujeto de derechos. Pierini considera que “si bien esa ley aún no se aplica totalmente en todos los lugares porque es muy difícil romper con ciertas estructuras y poder avanzar en la implementación completa, lo que propone ahora el gobierno es un retroceso muy grande”.
En ese sentido, refiere: “Por ejemplo, costó mucho transformar el hospital Mira y López, ex Hospital Psiquiátrico de Santa Fe, en un hospital general al que las personas que tienen padecimientos de salud mental pueden ir, como también pueden ir a otros hospitales y centros de salud donde los equipos de salud mental están formando parte del equipo de salud y acompañando procesos de salud en general”.
“Esta modificación de la normativa implica la patologización y la estigmatización de las personas que tienen un padecimiento en salud mental y el desfinanciamiento y desarticulación de los equipos que trabajan en territorio y de los espacios que acompañan la salud mental de manera ambulatoria”, manifiesta.
Mientras se encamina al paro del 24 de enero, la trabajadora de la salud apunta otro aspecto desfavorable de la Ley Ómnibus: las modificaciones propuestas para la ley de los Mil Días, que –contrariando los pactos internacionales de derechos humanos –vuelve a establecer la defensa irrestricta del feto “desde la concepción”. Al respecto, indica que esto puede significar una traba para el acceso a la salud integral de las personas gestantes.
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