El Estado nacional, a través de la Secretaría de Salud (que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), apeló el fallo de la Justicia Federal de Rosario que habilita a madres de niños con diferentes patologías a producir el aceite de canabis para suministrar a sus hijos, bajo el control de la Universidad Nacional de Rosario, de los Ministerios de Salud y Educación y de los profesionales agrupados en la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (Aupac).
La concejala Caren Tepp (de Ciudad Futura) –que acompaña a las madres en su reclamo ante la Justicia– confirmó que este jueves se notificaron de la apelación, pero aclaró que “hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva la cuestión de fondo, seguirá firme la medida cautelar convalidada por la jueza Silvia Aramberri, que autoriza a las madres a continuar con el autocultivo”.
A través de sus abogados, la Secretaría de Salud dependiente del Ministerio de Desarrollo Social apeló ambas partes de la resolución: cuestionó la orden de comenzar a suministrar los aceites, y también la decisión de la magistrada de autorizar a las madres a cultivar en sus domicilios.
El cuestionamiento apunta a la utilización de los aceites por fuera de los casos de epilepsias refractarias que los mecanismos vigentes hoy permiten, desconociendo los aportes científicos que avalaron la presentación de las madres y que tienen consenso y reconocimiento institucional en el mundo científico y académico.
“No sólo incumple la orden judicial, sino que pretende impedir que las madres continúen realizando los aceites que probadamente garantizan una sensible mejora en la salud y calidad de vida de cada niño o niña y su entorno familiar”, señaló Tepp al portal local Rosario3.com.
“Lejos de acompañar el avance que desde la sociedad civil se viene dando en materia de cannabis medicinal, en un caso donde la Justicia avaló una forma de acceder a la salud resuelta por las madres con el acompañamiento de profesionales y de la Universidad Pública, el Estado nacional puso todos sus esfuerzos no sólo en impedir esta medida sino cuestionar seriamente el uso del cannabis medicinal por fuera de los casos de epilepsia refractaria. Un verdadero retroceso”, agregó la edila.
El recurso fue elevado a la Cámara por la jueza sin suspender la medida cuestionada, es decir, manteniendo la vigencia de la sentencia dictada por la misma, haciendo lugar al autocultivo.
La historia
La apelación se da luego de que el primer fallo también ordenara al grupo de madres que se inscriban en el programa nacional para el estudio e investigación del uso medicinal de la planta. También exigió a la Nación que coseche, haga los aceites y se los dé a las familias. Por último, definió que el Estado y las facultades de Ciencias Médicas y Bioquímicas de la UNR controlen el aceite que ellas hacen.
En la causa declararon las madres, los médicos y psicólogos que tratan a los chicos –todos de menos de 9 años y con distintas patologías crónicas–, y los bioquímicos de la UNR que analizaron los aceites que usan.
A pesar de la convocatoria, ninguna autoridad del Ministerio de Salud de la Nación había respondido los pedidos del juzgado.
Con las pruebas la jueza Aramberri había entendido que el tratamiento con aceites artesanales le mejoró la vida de los chicos. Incluso superó los beneficios del aceite importado, el único que circula de forma legal en Argentina. “Los derechos consagrados (por la ley 27.350 de cannabis medicinal) son un compromiso del Estado”, dejó escrito en el fallo al que accedió días atrás El Ciudadano.
Ese fue el cuarto amparo de este tipo en el país para garantizar el uso medicinal después del de Salta, Viedma y Córdoba.
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