Diputados nacionales del FpV presentaron ayer un amparo judicial para frenar la transferencia y utilización de información de los ciudadanos en poder de Ansés por parte de otras oficinas del Estado. Por esa medida denunciaron al director ejecutivo del organismo, Emilio Basavilbaso, y al jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Por un lado, los legisladores Héctor Recalde, Teresa García y Carolina Gaillard elevaron un amparo colectivo “a fin de que se declare la nulidad de la resolución que dispuso la transferencia de la base de datos de la Ansés a la Secretaría de Comunicación de la Nación”. Además, solicitaron como medida cautelar “la suspensión de su aplicación y, si la información ya ha sido transferida, que se prohíba a Comunicación Pública utilizarla”.
Para los legisladores del FpV, la resolución “viola tanto el derecho a la intimidad previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución, como la ley de Protección de Datos Personales, ya que la Ansés remitirá nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, Cuit /Cuil, estado civil, fecha de nacimiento, estudios y direcciones de correo electrónico de cada persona”.
En un comunicado, los diputados consideraron que esta práctica “remite a estrategias empresariales (propias de los CEOs que integran el gobierno) que a cambio de un «regalo» obtienen los datos personales de los consumidores y los someten, posteriormente, a un permanente asedio por vía telefónica o por el envío de correos electrónicos”.
En tanto, los legisladores kirchneristas Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié denunciaron a Peña, Basavilbaso, Jorge Greco, secretario de Comunicación Pública, y Federico Braun, subdirector ejecutivo de Ansés, por la utilización de la base de datos del organismo por parte de la Secretaría de Comunicación. En la acusación, que recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, los diputados señalaron: “Los datos personales de todos los argentinos que Ansés remitirá periódicamente a Peña y su equipo terminará en las manos de empresas privadas”.
“Los datos personales que realmente necesita Peña para su búsqueda de una «comunicación federal» requieren para su tratamiento, inexorablemente, del consentimiento del titular”, señalaron en la presentación judicial.
Tras el decreto que autorizó a Ansés a compartir información de los ciudadanos con la Secretaría de Comunicación, ayer se conoció que el organismo le pidió a los bancos firmar un convenio de intercambio electrónico de información para “facilitar los compromisos asumidos para la implementación del programa de reparación histórica”.
En el convenio, Ansés indica que el intercambio de datos no violenta los principios de la ley 25.326, de hábeas data, y que el objetivo es empadronar a los jubilados que aún no registraron su huella digital.
Peña, en tanto, negó que la utilización de los datos de Ansés tenga como fin “vulnerar la intimidad de los ciudadanos” y rechazó que esta medida tenga fines de “comunicación política o propagandística”.
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