Desde que el 24 de noviembre la Corte Suprema de la Nación emitió el fallo que manda cesar de inmediato el descuento de coparticipación a Santa Fe (6.000 millones al año) y acordar la devolución de lo detraído (unos 20 mil millones de pesos más la actualización e intereses), el gobierno de la ciudad desempolvó el reclamo a la provincia de una deuda de más de 80 millones a valores históricos y que actualizada rondará los 400 millones. Lo paradójico es que si la Fiscalía de Estado dictamina a favor de Rosario como todo indica, el gobernador Miguel Lifschitz pagará como gobernador una deuda que reclamó como intendente.
“Esa deuda está activa y estamos esperando dictamen de Fiscalía de Estado. Más allá de la legitimidad del reclamo creemos que éste es un momento en el que hay condiciones más que adecuadas para resolverlo”, afirmó la intendenta Mónica Fein cuando El Ciudadano la consultó ayer por el tema. Recordó que la demanda administrativa “la hizo Miguel Lifschitz cuando era intendente. Ahora que está resuelto el litigio con la Nación, se presenta una oportunidad ideal para solucionar esto. Es el momento”.
El reclamo original es por unos 80 millones de pesos, pero a eso hay que agregarle los intereses y las actualizaciones propias de una deuda histórica. La ex secretaria de Hacienda de la ciudad y actual concejala, Verónica Irízar, aclaró que si bien incidirá la tasa de interés que se negocie, la cifra final alcanzaría los 400 millones de pesos.
El reclamo de Rosario se debe a que durante años la Casa Gris no coparticipó con municipios y comunas el ciento por ciento de lo que recibía de Nación. Hasta determinado monto repartía, pero de ahí en más se lo quedaba en su totalidad. Todo, basado en una particular interpretación de la letra del Pacto Fiscal que la Casa Rosada firmó con las provincias en 1993.
Irízar recordó ayer que “Santa Fe fue la única provincia que resolvió no coparticipar con municipios los fondos que recibía por encima del piso, porque aducía que era dinero con afectación específica”.
El reclamo
En 2004, el entonces intendente Miguel Lifschitz reclamó que se coparticipe el ciento por ciento de los fondos que llegaban de Nación y que se pagara la diferencia desde 1993 hasta 2007. El período que más acumuló fue 2004-2007, cuando se reactivó la economía tras la salida de la crisis y los giros a las provincias comenzaron a crecer geométricamente.
El fiscal de Estado de la provincia, Pablo Saccone, explicó a El Ciudadano que el expediente con el reclamo de Rosario “hace dos meses fue enviado a Economía para que haga la determinación de débitos y créditos entre las partes (ciudad-provincia)”. Cuando retorne a esa oficina estará en condiciones de hacer el dictamen definitivo.
La intendenta pide que sea pronto. De hecho, espera “un acuerdo en 2016” y ya definió destino: “Son fundamentales para invertirlos en infraestructura pública; son los recursos que le faltaron a la ciudad los últimos años. Tenemos 22 obras preparadas y listas para licitar apenas dispongamos de financiamiento”. Mencionó las últimas etapas de la red de cloacas, pavimento a nivel definitivo y los accesos a la ciudad que faltan completar.
Reclamo legítimo agitado por dos décadas de avatares políticos
En 1993, el ex gobernador Carlos Reutemann impuso un techo a la coparticipación a municipios y comunas. Implicaba que por encima de una determinada cifra, se lo quedaba todo la Casa Gris.
Esa disposición se aplicó a partir de una interpretación de la letra del Pacto Fiscal de 1993 que habían firmado Nación y provincias, que decía que los fondos que recibían estas últimas por encima de “equis” piso de coparticipación debían destinarse a procesos de reforma del Estado entre otros fines. Reutemann y su ministro de Hacienda, Juan Carlos Mercier, argumentaron que por ese motivo no eran coparticipables.
El regateo de esos fondos tomó enorme vuelo político con la llegada del socialismo a la Intendencia y la siempre áspera convivencia con los gobiernos provinciales de Carlos Reutemann y Jorge Obeid. El primero había negociado el pacto fiscal y el segundo mantenido el techo sobre el reparto. Para el socialismo, era una muestra de que los gobernadores en la capital provincial le restaban recursos a la ciudad productiva del sur.
El 24 de noviembre de 2004, el entonces intendente Miguel Lifschitz formalizó el reclamo administrativo al Estado provincial (más tarde también lo haría Esperanza).
El comunicado oficial de la Intendencia ese día decía que la deuda tenía origen “en la tergiversada interpretación que ha hecho el gobierno santafesino del Pacto Federal de 1993 (cláusula 2º, inciso 8º, párrafo segundo), a través de la cual pretendió sujetar las transferencias a municipios a un tope (techo), desconociendo que el mismo estaba claramente derogado. Incluso –se sostiene en la misma línea de argumentación– aun estando vigente dicho precepto no tuvo el sentido que Santa Fe pretendió darle”.
La presentación de Rosario exigía coparticipar la totalidad de los recursos nacionales y el pago de lo que se había dejado de enviar a la ciudad más los intereses. Advertía que de no obtener respuesta afirmativa por vía administrativas recurriría a la judicial.
Sin embargo, no pasó ni una cosa ni la otra, porque en el medio se dio un hecho político que cambió todo el panorama: en diciembre de 2007, horas después de asumir la Gobernación, Hermes Binner ordenó por decreto eliminar el techo y coparticipar el ciento por ciento de los recursos que llegaban a Santa Fe.
Esa situación descomprimió las relaciones porque Rosario y el resto pasaron a recibir más dinero en sus arcas. Se rompía así con una situación que durante años incomodó no sólo a las comunas gobernadas por la oposición, sino y sobretodo a los jefes comunales justicialistas, que eran la mayoría: tras el fin de la convertibilidad y el descongelamiento de la economía a partir de 2002, los ingresos por coparticipación de la provincia crecían a ritmo mucho mayor que el de pueblos y ciudades como resultado de ese techo.
La decisión de Binner no sólo significaba más dinero, sino que implícitamente reconocía que el Estado provincial había retenido fondos que no correspondían, lo que planteaba la necesidad de devolverlos.
El hecho de que provincia y ciudad fueran gobernadas por el mismo signo político a partir de diciembre de 2007 hizo desaparecer el nivel de conflictividad y el tema se esfumó de la agenda pública y mediática.
El gobierno de la ciudad tuvo una mirada más contemplativa con las posibilidades de pago de la provincia. Los socialistas de la Casa Gris pedían a los del Palacio de los Leones no descuidar un detalle central: detrás de Rosario vendría el resto de los municipios y comunas y el problema podría convertirse en una bola de nieve para las arcas de la Gobernación.
Tanto en los últimos cuatro años del intendente Lifschitz como en los primeros de Fein, el tema reaparecía en la mesa de negociaciones. Se analizaba el escenario económico, el contexto y las alternativas para implementar un plan de cancelación que indudablemente no será al contado ni de una sola vez. Ahora, la intendenta cree que están dadas las condiciones y es el momento de ponerle punto final.
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