Un intenso debate precedió la media sanción que en la última sesión de la Cámara de Diputados recibió el proyecto de ley por el cual se regula el uso de videocámaras en los espacios públicos con fines de colaborar con la tarea de los organismos de seguridad. El debate giró en torno a qué se debe privilegiar: la seguridad o el derecho a la intimidad. Si bien no hubo votos en contra, sólo dos abstenciones, las inquietudes quedaron flotando en el ambiente.
El proyecto del justicialista Marcelo Gastaldi –unificado en comisiones con otro del radical Hugo Marcucci– regula en todo el ámbito de la provincia la instalación y el uso de sistemas de captación de imágenes y sonidos obtenidos en lugares públicos. Y determina además las reglas para el posterior tratamiento de la información recogida “con el objetivo de garantizar la convivencia ciudadana y la utilización pacífica de los espacios públicos”, según el primer artículo del proyecto.
El espíritu de la iniciativa es regular el uso de los sistemas de videovigilancia sin poner en riesgo las garantías individuales. “Sigue los lineamientos de las avanzadas normativas dictadas en el ámbito de la comunidad europea”, aseguró Gastaldi. Pero luego lo desmintió el kirchnerista Marcelo Brignoni, uno de los diputados que se abstuvo de votar el proyecto, señalando que en Barcelona y en Londres la proliferación de cámaras en la vía pública genera más problemas que los que evita.
De sancionarse la iniciativa, la información obtenida sólo podrá ser requerida por jueces, fiscales o defensores abocados a causas contravencionales o penales. “La ley tiene por finalidad primordial garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de los espacios públicos y la prevención de delitos y faltas sin poner en riesgo las garantías individuales”, explicó Gastaldi, quien admitió que “el tratamiento posterior de la información obtenida, sin un marco regulatorio preciso, puede provocar graves lesiones a los más variados derechos individuales”.
Según el diputado obeidista, su proyecto parte de tres principios: proporcionalidad y razonabilidad, procedencia e intervención. “La regla prohíbe la instalación de sistemas en lugares privados de acceso público, salvo en casos específicos, y dispone que las videocámaras instaladas en la vía pública no captarán sonidos salvo autorización judicial expresa”. La autoridad de aplicación será compartida por los organismos provinciales competentes, los municipios o comunas donde funcionen las cámaras, la Justicia y las fuerzas de seguridad.
El radical Marcucci, otro de los legisladores que impulsaron el proyecto, indicó que uno de los antecedentes es el uso de cámaras para el control del tránsito. Su compañero de bloque Santiago Mascheroni –que fue quien más criticó, en el recinto, las zonas grises de la iniciativa– lo desmintió al señalar que ese antecedente –justamente en virtud del crecimiento exponencial de los siniestros de tránsito– debería invalidar por completo la argumentación.
Mascheroni se manifestó en una línea distinta de la de Gastaldi y Marcucci. Propuso repensar todo el proyecto a partir del principio de precaución: “Como no tengo certezas de que sea bueno ni de que sea malo, por lo tanto no puedo prohibir –por eso lo regulo– ni permitir libremente el uso de las cámaras”, graficó. Mascheroni se mostró proclive a analizar caso por caso y, según las circunstancias puntuales, autorizar o retirar la autorización para el uso de los sistemas de videovigilancia.
Marcucci había dicho antes: “Nos parece fundamental que el desarrollo de este tipo de instrumentos deba ordenarse, porque si bien tiene funciones que son muy útiles a la comunidad, como en el caso del tránsito, debe estar regulado. Caso contrario, no podríamos brindar las garantías que tenemos que dar, las más elementales, como el derecho a la privacidad”.
El más crítico de los diputados –Mascheroni– cuestionó el proyecto desde un punto de vista filosófico: “Estas ideas forman parte de un discurso de modernidad en las ciudades del interior de la provincia: ‘Pongamos cámaras, miremos a los ciudadanos para darles la tranquilidad de que la seguridad está funcionando’. Yo sé que existen problemas de seguridad. También sé que hay sensaciones: algunos la relativizan, otros la agudizan. Pero la inseguridad es consecuencia de un montón de traumas que tiene la sociedad”.
Luego, Mascheroni agregó: “Hay que actuar sobre el fondo y sobre la forma en la acción preventiva. Si la Policía hiciera inteligencia, que no es lo mismo que espionaje, y detuviera a quienes van a provocar acciones delictivas, prefiero ese gasto o esa inversión antes que tratar de descubrir con la cámara, mucho después, si la persona que llevaba el gorro era fulano o mengano. Está bien que se regule un hecho que ya existe. Lo que no comparto es que, sobre la necesidad de regular algo que está imponiendo la demanda, por no decir el mercado, tengamos que admitir que los hechos sobre los que regulamos son un derecho natural del que no se debe decir nada”.
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