La tensión social creció ayer en Uruguay con una gran marcha de repudio contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de declarar inconstitucional una ley de 2011 que consideró imprescriptibles los delitos de la dictadura (1973-1985), generando un intenso debate entre actores políticos y sociales sobre el futuro de las leyes de derechos humanos. La senadora Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica, dijo que la medida judicial perjudica la imagen internacional del país.
Topolansky, la senadora más votada del oficialismo y compañera política de ruta de Mujica, dijo a la radio El Espectador que la resolución de la SCJ perjudica la imagen de Uruguay en el momento en que se estaba transitando “un proceso prolijo para desandar una situación (de violaciones a los derechos humanos) que ojalá nunca” se hubiera dado.
Topolansky aseguró que el gobernante Frente Amplio (FA) no está presionando a la SCJ, pero no descartó que en una eventual reforma constitucional a futuro se incluyan cambios en el sistema judicial uruguayo, cuyo diseño de un solo tribunal supremo consideró “obsoleto”.
En tanto, Raúl Oxandarabat, vocero de la SCJ, dijo que “hay una tensión entre algunos poderes del Estado, pero no deja de ser parte del juego democrático”.
“Las decisiones del Poder Judicial están para ser criticadas siempre y cuando se mantenga para esa crítica cierto margen de orden y de respeto en relación a las autoridades”, agregó el vocero, quien admitió que en los últimos días se desplegó “un dispositivo de seguridad” en torno a los ministros de la SCJ.
Oxandarabat recordó que una semana atrás, en un hecho “inusitado” para el país, un grupo de manifestantes ocupó la sede de la SCJ en protesta por la decisión tomada por el organismo de trasladar a la órbita civil a una jueza penal a cargo de decenas de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
El traslado de la jueza Mariana Mota despertó una gran controversia y legisladores oficialistas convocaron a la Corte Suprema al Parlamento para que explicara la decisión, invitación que fue declinada por el organismo, que indicó que explicará su posición por escrito.
Al malestar por el traslado de la magistrada se sumó la declaración de inconstitucionalidad de la ley que había determinado la imprescriptibles de los delitos de la dictadura por considerarlos crímenes de lesa humanidad, tras lo cual algunos sectores del FA no descartaron realizar un juicio político a la SCJ.
En tanto, ayer desde las 18, cientos de manifestantes fueron concentrándose en la plaza donde está el edificio del alto tribunal, fuertemente custodiado por la Policía. La manifestación contó con la adhesión de la central sindical PIT-CNT y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y fue convocada como protesta silenciosa.
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