Luciana Mangó
Lisandro y Débora son pareja hace cinco años. Se conocieron trabajando en una cervecería artesanal y desde hace tres años viven junto con Neuén, el hijo de nueve de ella. Lisandro tiene 34 años y Débora 32. Quieren dedicarse a sus proyectos personales y no piensan en tener hijos por el momento. Cansada de tomar pastillas anticonceptivas y de las consecuencias que trae en su cuerpo, Débora pensó en buscar un método alternativo. Lo charló con su pareja y él decidió hacerse una vasectomía. Consultó con el médico de la obra social, pero este se negó. Le dijo que era joven, que se podía arrepentir y que la cirugía iba en contra de sus principios. Lisandro salió molesto del consultorio. Está seguro de su decisión y sabe que la ley lo ampara. Buscará otro profesional y hará la denuncia en la superintendencia de salud. Quiere que su historia se conozca porque lo considera un caso de salud pública.
“Pensé que porque era hombre no me iba a pasar. No estamos acostumbrados a poner el cuerpo. Tomé noción de la repercusión política de una decisión sobre tu cuerpo y de que ejercen violencia a través de la autoridad. Es una cuestión cultural que sea la mujer la que se tiene que cuidar. No hay políticas para fomentar el cuidado en el hombre”, contó Lisandro a El Ciudadano.
Fue la primera vez que Lisandro sintió que no tenía libertad sobre su cuerpo.
En un contexto nacional donde se debate la autonomía de las mujeres, con el proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo, los objetores de conciencia ejercen su poder a través de los hombres.
Como si ante el temor de perder el control sobre las mujeres intervinieran sobre los hombres para seguir achacándoles la responsabilidad de la reproducción y la anticoncepción a ellas.
“El urólogo de la obra social me dijo que no me iba a hacer la vasectomía porque no estaba de acuerdo. Que va en contra de sus principios. Me preguntó cuántos años tengo, si tengo hijos y por qué no quiero tenerlos. Me dijo que era irreversible y que me podía morir. Por último me dijo que iba a tener que pagar porque nadie lo iba a querer hacer”, contó Lisandro.
“Hubo un mandato de masculinidad como capacidad reproductiva. Si sos hombre y joven tenés que hacer pibes”, agregó.
Según dijo, en la obra social se sorprendieron de la negativa y le sugirieron que consulte otro profesional.
“El empoderamiento de mi pareja me llevó a plantearme qué hago yo con mi cuerpo. Me pregunté qué puedo hacer para que la reproductividad no sea un cargo para ella y tomé la decisión. La reproducción es una cuestión de los dos”, opinó Lisandro.
Pocas intervenciones
El coordinador de Salud Sexual, Municipalidad de Rosario, Daniel Teppaz, dijo que en la salud pública se hacen un máximo de seis vasectomías por año, aunque en el último tiempo aumentaron las consultas.
Recordó que la ley obliga a las obras sociales a incorporarlas dentro del plan médico obligatorio y que, en caso que los profesionales sean objetores de conciencia, deben buscar un médico ajeno a la cartilla.
“Es un procedimiento ambulatorio. Algunos profesionales usan sedación y también hay métodos de resolución más simples que no requieren bisturí y se pueden hacer en consultorio. El especialista determina cuál es el indicado”, explicó.
Todo el que quiera puede
La ley 26.130 de anticoncepción quirúrgica establece que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la vasectomía en los servicios del sistema de salud. Debe expresar de manera formal su consentimiento y el profesional debe informarle sobre el procedimiento.
La ley señala que las cirugías deben ser realizadas sin cargo en los establecimientos del sistema público de salud y que las obras sociales y prepagas deben incorporarlas a su cobertura.
El artículo 6 hace referencia a los objetores de conciencia. Establece que “toda persona, ya sea médico/a o personal auxiliar del sistema de salud tiene derecho a ejercer su objeción de conciencia sin consecuencia laboral”.
Y agrega que las autoridades del establecimiento asistencial “están obligados a disponer los reemplazos necesarios de manera inmediata”.
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