Las relaciones entre el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y la cabeza del Poder Judicial volvieron ayer a sumar tensión: el ministro coordinador justificó su rechazo al fallo que ordenó desalojar la sede porteña del gremio de aeronavegantes ante una interna sindical porque en que había dos dictámenes “contradictorios”. Enseguida, dos integrantes de la Corte Suprema salieron a cruzarlo. Carlos Fayt dijo que el funcionario de mayor peso en el gabinete es un “piloto de tormentas” que “a veces se equivoca”, y le recordó que el Código Penal contempla en este caso la posible figura delictiva de “desobediencia” para la que prevé una pena de entre 15 días y un año de prisión. Carmen Argibay, en tanto, renovó las críticas de la víspera y advirtió: “Si el poder político se arroga la facultad de juzgar, estamos mal”. Sobre lo anterior, cobró fuerza una iniciativa del radicalismo para interpelar a Fernández en la Cámara de Diputados y pedir contra el un “voto de censura”, paso previo a la remoción y mecanismo utilizado en las democracias parlamentarias pero inédito en Argentina.
En una extensa conferencia de prensa en la Casa Rosada, Fernández afirmó que decidió no acatar la orden judicial porque “era de cumplimiento imposible”, ya que había “dos fallos antagónicos” y “cualquier acción implicaba una situación de enfrentamiento” con posibles heridos y hasta muertos.
“Estábamos frente a dos judiciales antagónicas de imposible cumplimiento y, con dos sectores en pugna, cualquier acción implicaba una situación de enfrentamiento”, señaló Fernández. Enseguida, agregó que “no es obligación del Estado reprimir en estos casos y menos terminar en situaciones con personas heridas y eventualmente muertas”, y dijo que “de ninguna manera” la intención fue beneficiar a la Lista Verde, que responde a la embajadora en Venezuela, Alicia Castro.
“Tuve que bregar por lo mejor: busqué una salida para no tener que reprimir a nadie”, subrayó el jefe de ministros poco después de que la justicia laboral volviera a suspender una orden de desalojo del gremio para la asunción de las nuevas autoridades.
Los fallos judiciales “contrapuestos” a los que aludió Fernández son el que en 2006 determinó que en las elecciones del gremio se había impuesto la Lista Celeste y otro que en noviembre pasado dictaminó que había triunfado la Lista Verde.
Sin embargo, a pesar de las explicaciones, ganó fuerza en el arco opositor el proyecto de resolución que presentó la UCR para que la Cámara baja interpele al jefe de Gabinete, en mérito de una “moción de censura”, el paso inmediato a la remoción. Y ya se mostraron dispuestos a acompañar con sus votos la jugada el Peronismo Federal, la Coalición Cívica (CC), el PRO y sectores de la centroizquierda.
La moción de censura es un mecanismo propio de las democracias parlamentarias introducido en la Constitución en la reforma de 1994, pero hasta ahora nunca fue aplicado. Para interpelar al ministro y aprobarla, se necesita el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las dos cámaras, pero el jefe de Gabinete sólo perdería su cargo si así lo dispusiera la mayoría absoluta de cada una de las cámaras.
En paralelo con esto, el juez de la Corte Fayt se sumó a los cuestionamientos desde el máximo tribunal, al considerar que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, “a veces se equivoca”. Además, advirtió que existen “recursos legales que dan la Constitución y la ley para hacer cumplir las decisiones” judiciales: “El artículo 230 del Código Penal habla del delito de desobediencia: el que desobedeciere una orden de autoridad competente será penado con 15 días a un año de prisión”, advirtió el magistrado.
Su colega Argibay reiteró en tanto que “es preocupante que se ignoren las órdenes” de los magistrados, y alertó que las cosas no funcionan “si el poder político se arroga la facultad de juzgar”. La jueza ya había criticado el miércoles la decisión del gobierno de desconocer un fallo del máximo tribunal que ordenaba desalojar la sede del gremio de aeronavegantes.
“El gobierno puede decir que políticamente no le conviene desalojar, pero después se tendrá que comer un proceso por desobediencia, porque los jueces son jueces. El que se niega al cumplimiento de esa orden sufrirá un juicio por desobediencia; la orden hay que cumplirla”, remarcó Argibay.
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