El acuerdo entre Nación y provincia para trabajar juntos en materia de seguridad, que el gobernador Miguel Lifschitz había dado por hecho el miércoles, todavía no terminó de abrocharse, según las claras señales que brindaron los principales referentes de una y otro lado, en las horas previas a las marchas en reclamo contra el delito y la violencia en Rosario y Santa Fe.
Apenas iniciado el día, los principales funcionarios del gobierno provincial estropearon su desayuno al leer las declaraciones al diario La Nación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde acusó al gobernador de no querer “asumir el compromiso de depurar y hacer cambios estructurales” en la Policía, y pidió para el gobierno nacional la “capacidad para tomar decisiones que van a influir en un cambio estructural en la Policía y el Servicio Penitenciario, para que sean parte de la solución y no del problema del narcotráfico”.
Entre otras explosivas declaraciones, la funcionaria nacional agregó que el problema del narcotráfico en Santa Fe “está atravesado por la complicidad de la Policía”.
Paños fríos
Pese a eso, el gobernador, en declaraciones a radio 2 negó que la Nación quisiera “controlar” la Policía provincial e insistió ayer en que el acuerdo “se va a firmar”, y agregó un deseo: “Espero que la semana que viene tengamos a Gendarmería”.
“No hay conflicto, sí mucho ruido de parte de intermediarios que van y vienen llevando información”, minimizó Lifschitz, quien insistió en el trabajo conjunto “en una fórmula –en el marco de la legislación vigente y de la Constitución nacional, que permita compartir–, información para trabajar con la Nación”.
“Ligereza no deseable”
Pese los paños fríos de Lifschitz, el primero en responder con más fuerza a Bullrich fue el asesor de Gabinete de la provincia, Juan Carlos Zabalza, quien la acusó de hablar con “una ligereza no deseable en un ministro del gobierno nacional”.
Zabalza ratificó “la necesidad de un acuerdo con el gobierno nacional a los efectos de tener un planteamiento común en la lucha contra la narcocriminalidad y todo otro tipo de delitos”, pero aclaró que “ese acuerdo debe establecer claramente el necesario intercambio de información y acciones comunes, a los efectos de no reiterar la mera actitud de desembarco que tuvo la participación anterior de las fuerzas federales en nuestra región”.
“Sospecha generalizada”
Otro que se sumó a la polémica, fue el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, quien confirmó, al igual que el gobernador, que las tratativas con la Nación siguen en marcha, para permitir la llegada de las fuerzas federales a la provincia.
Sin embargo, sí se refirió al eje de la discordia: “Hay un punto que se añadió a lo que veníamos hablando en el que no estamos de acuerdo, porque instala una sospecha de corrupción generalizada sobre toda la Policía. No podemos firmar un acuerdo donde diga que se va a someter a exámenes toxicológicos y psicofísicos a los 23 mil integrantes de la fuerza, porque si ponemos a todos bajo sospecha no vamos a agarrar a ninguno”.
Farías ratificó la decisión del gobierno provincial de “ir a fondo” y aclaró que se está trabajando en una redacción alternativa para el acuerdo.
Decomiso: Diputados aprobó y giró al Senado
La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley de decomiso, que propone la creación de un organismo que administrará los bienes secuestrados provenientes de actividades ilícitas.
El proyecto prevé la creación de un ente autárquico, dependiente del Ministerio de Justicia, que se ocupe de la administración, custodia, disposición y también el eventual decomiso de los bienes secuestrados a individuos o bandas que cometan delitos de competencia provincial.
Tras la aprobación, el proyecto será girado al Senado, para ser transformado en ley.
Además, ayer se dio ingreso al proyecto que tiene media sanción del Senado desde la semana pasada y consiste en la creación de 10 cargos de fiscales titulares, 10 de fiscales adjuntos, 3 secretarios de gestión procesal, 15 escribientes mayores y 23 colaboradores mayores auxiliares: un total de 61 nuevos cargos dentro de la órbita del Ministerio Público de la Acusación, a pedido del fiscal general Julio De Olazábal.
El proyecto fue ingresado el 9 de junio por el senador Joaquín Gramajo (PJ) y se votó recién una semana después de la masiva marcha Rosario Sangra. El propio De Olazábal les reclamó a los senadores, en una reunión realizada la semana pasada, su rápida sanción.
Por último, también se convirtió en ley el proyecto del Ejecutivo “Equipar Santa Fe”, que financia a municipio y comunas la compra de equipamiento para mejorar servicios a la comunidad, como construcción, mantenimiento, ensanche y apertura de calles y caminos urbanos y rurales, pavimentación y repavimentación de calzadas, obras hidráulicas y mejoramiento de comunicaciones interurbanas, entre otras.
Mediante este Programa el gobierno de la provincia realiza la compra centralizada y a escala del equipamiento solicitado por los municipios y comunas, y logra mediante la compra global condiciones económicamente favorables, para otorgar financiamiento en tasas y plazos convenientes por hasta 1.000 millones de pesos.
Comentarios