A poner a salvo a los inquilinos. Aunque se trata de una gestión, y por lo tanto puede tener resultado positivo como no, el Concejo Municipal aprobó ayer por unanimidad un decreto que dispone que el Ejecutivo se siente a dialogar con la Empresa Provincial de la Energía, con Aguas Santafesinas y con Litoral Gas para que accedan a incorporar en la tarifa social de cada servicio a las familias que alquilan su vivienda y que pagan, a valores de hoy, hasta 8.000 pesos mensuales. Las otras dos condiciones son que la renta represente un 30 por ciento o más de los ingresos familiares, y que estos sean menores que tres veces el monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que desde este mes se actualizó a 7.560 pesos y en enero de 2017 completará una suba ya acordada al ubicarse en 8.060 pesos.
La idea fue propuesta por el edil Eduardo Toniolli, quien tomó en consideración “el incremento de las tarifas de los servicios básicos a causa de la quita de subsidios del gobierno nacional ocurrido en los últimos meses”, y razonó que quienes alquilan quedaron contra las cuerdas, ya que además del tarifazo deben afrontar subas en los contratos que presionan todavía más sus ingresos.
Los directos beneficiarios de la iniciativa son un sector de la clase media y de la clase trabajadora que tienen contratos de alquiler en blanco y garantías propietarias o laborales como aval, que ya venían enfrentando tensión inflacionaria y renovaciones onerosas, incluso –aunque está fuera de la ley– con contratos en los cuales se fija un precio para el primer año y otro para el segundo. Para que la práctica tenga cubierta legal, muchas inmobiliarias hacen un contrato por el valor del alquiler mensual que se abonará en el segundo año, y sobre esa cifra durante los primeros 12 meses hacen un “descuento” no incluido entre las cláusulas.
Entre la espada y la pared, los inquilinos se avinieron y terminaron convalidando la práctica, admitiendo índices de precios al consumidor y aumentos salariales o de ingresos a futuro. Pero el golpe al bolsillo que les representaron los aumentos de tarifas para muchas familias fue catastrófico. Sobre todo en Rosario que es la segunda ciudad del país, después de Capital Federal, con mayor porcentaje de inquilinos: 19 por ciento, refirió Toniolli en base a los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares. Esto implica que prácticamente uno de cada cinco rosarinos no tiene techo propio.
“Lo que buscamos es contribuir con una situación que aqueja a miles y miles de familias en la ciudad, como parte de una serie de propuestas que se están presentando a nivel nacional. Ya hubo reuniones con el Ministerio de Energía por este tema, a propuesta de organizaciones de inquilinos a nivel nacional”, explicó a El Ciudadano el edil del Partido Justicialista. Incluso, según refirió, la idea avanzó pasos concretos a nivel tal que se pondría en marcha una suerte de “prueba piloto” en Río Negro, “el distrito con mayor cantidad de alquileres en blanco”, describió Toniolli.
El concejal recordó a este diario que los requisitos para las distintas versiones de la tarifa social reducen el beneficio a los casos más extremos: personas que por padecimientos de salud dependen de la electricidad, madres que perciben la Asignación Universal por Hijo, adultos mayores que cobran la jubilación mínima, o trabajadores informales relevados por equipos territoriales de la provincia o la Municipalidad, que pueden encauzar el trámite de acceso. “La tarifa social es para personas de muy bajos ingresos –puntualizó Toniolli–. De lo que se trata este proyecto es de extender el beneficio a personas que tienen mayores ingresos, pero los aumentos les comieron buena parte de esos ingresos”.
Así las cosas, el edil admitió que parece más fácil que la gestión pueda avanzar más en los casos de la EPE y Assa, que son empresas estatales y de la provincia, que en la privatizada Litoral Gas, cuya área de concesión excede los límites de territorio santafesino. De igual modo, Toniolli dijo confiar que las gestiones lleguen a buen puerto y destacó como caso principal a la distribuidora eléctrica cuyas facturas pasaron a ser un serio problema para muchos. En el caso de la EPE, explicó, la tarifa social es la mitad de la tarifa normal, y divide boleta bimestral en dos pagos mensuales. “Y si bien en los casos de Litoral Gas y Aguas Santafesinas son menores los beneficios, también el peso de la cuenta de agua en el presupuesto familiar es mucho menor”, concluyó Toniolli.
Sobre gastos hay mucho escrito
Uno de los considerandos del proyecto aprobado ayer resalta “la inexistencia de políticas públicas de vivienda destinada a las clases trabajadoras” en un tiro por elevación al gobierno de Mauricio Macri, atribuyéndole responsabilidad en que “un gran porcentaje de la sociedad se ve obligado a alquilar una vivienda”.
También destaca que “en los últimos meses se vieron incrementados en gran porcentaje precios de los alquileres de viviendas” y que la tarifa social de cada servicio “tiene un alcance excesivamente limitado y deja afuera a un gran sector de la población que necesita” de ella para sobrevivir, ya que “desde hace varios años los valores de los alquileres se vienen incrementando por encima de la inflación y de las paritarias, disminuyendo el poder adquisitivo de quienes deben alquilar una vivienda”.
Por último, la iniciativa pone también en relieve que gastos de familias como el alquiler, los servicios y las expensas en viviendas colectivas “históricamente representaron un altísimo porcentaje de los ingresos de una familia de clase media”, pero ahora “a partir de la devaluación de los últimos meses” por las subas de tarifas y la inflación “es necesario casi un salario completo para solventar dichos gastos”.
Y afirma que ante semejante cuadro que “el Estado local debe gestionar soluciones ante quienes corresponda y encabezar aquellos reclamos orientados a resguardar los derechos básicos de los rosarinos”.
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