Con la continuidad de la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, se reanudan hoy las audiencias del juicio oral de la causa Díaz Bessone que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario, en la que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos en Rosario durante la última dictadura.
Las audiencias que se iniciaron el miércoles pasado en los tribunales federales de bulevar Oroño al 900 tienen en el
banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.
Los delitos por los que están procesados son privación ilegítima de la libertad, homicidios y tormentos en múltiples
casos, mientras que todos están acusados por asociación ilícita.
Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160
testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el Servicios de Informaciones durante el primer año de la última
dictadura.
El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Varaban y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el
equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara, Mabel Colalongo y Mario Gambacorta.
Según estableció el TOF 2, las audiencias se desarrollarán los lunes y martes de cada semana de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00,
y miércoles por medio en el mismo horario.
Los imputados formaron parte del aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de
la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.
Según declaraciones de un ex militar que actuó durante la represión ilegal, por ese lugar pasaron al menos 1.800
detenidos-desaparecidos.
El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante
años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación.
El Espacio Juicio y Castigo de Rosario -integrado por víctimas, querellantes y organismo de derechos humanos- reclamó
que los imputados permanezcan detenidos durante la tramitación del juicio, atento a que salvo Díaz Bessone, que cumple prisión
domiciliaria, los cinco restantes gozan de libertad por diversos fallos de la Cámara de Casación Penal.
Sin embargo, ese planteo, que fue presentado por escrito por los abogados de las querellas, fue denegado por los integrantes
del TOF 2, que sí establecieron una serie de medidas restrictivas para los imputados en la causa.
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