Amsafé –el principal gremio de los docentes públicos de la provincia– ratificó su compromiso con la campaña que lleva adelante la multisectorial ambientalista “Paren de Fumigarnos” y se sumó al reclamo que enarbolan las organizaciones verdes de la provincia por una nueva ley de agroquímicos que incluya principios precautorios y establezca límites para las fumigaciones.
En la recta final del período ordinario –las sesiones legislativas terminan el 30 de noviembre y a partir de esa fecha sólo se podrán tratar los temas que habilite el Ejecutivo–, los principales referentes de la campaña “Paren de Fumigarnos” reiteraron la necesidad de reformar a la actual ley de agroquímicos.
Hay tres proyectos ingresados en la Cámara de Diputados durante el último año –uno de la socialista Inés Bertero y otros dos de los kirchneristas José María Tessa y Aliza Damiani–, pero hasta el momento no se logró el consenso necesario para avanzar en el debate. Las organizaciones ecologistas denuncian que hay intereses compartidos por legisladores y productores que frenan la reforma de la ley vigente.
Sonia Alesso, secretaria general de Amsafé –gremio que viene realizando talleres sobre el tema destinados a docentes de escuelas rurales–, sostuvo: “Tenemos que pelear para que esta ley se debata y se tomen medidas para que no se afecte la salud de las personas. Estamos muy preocupados por este tema porque tenemos denuncias graves”.
Alesso explicó que esas advertencias obedecen “a cómo se han ido corriendo las fronteras y cómo se fumiga sobre las escuelas y las viviendas. En muchas localidades, la frontera de las fumigaciones es de una cuadra. Sabemos que esto produce un impacto ambiental muy serio y en la salud de las personas afectadas por los agrotóxicos”.
La dirigente sindical reclamó a los legisladores “poner en el debate esta problemática para que la sociedad sea consciente de que es un tema que nos afecta a todos”.
Uno de los proyectos, presentado en mayo por el legislador kirchnerista y ex secretario general de Amsafé José María Tessa, recoge los estudios y las propuestas de las organizaciones que forman parte de la campaña “Paren de Fumigarnos”.
Esa iniciativa pretende que se prohíba la fumigación aérea de todo tipo de productos y que se disponga una franja de 800 metros libre de agroquímicos, respecto del ejido urbano, para las aplicaciones terrestres. El límite de 800 metros se basa en el fallo judicial de San Jorge, de junio de 2009.
Las organizaciones que militan por la reforma de la ley de agroquímicos advierten sobre los efectos que causan esos productos en la salud, en particular las afecciones respiratorias por la exposición continua a productos químicos. Invocan como prueba el incremento en las tasas de cáncer, determinado por un estudio de la Facultad de Medicina de Córdoba.
“Han hecho relevamientos en poblaciones de no más de 10 mil habitantes y detectaron que en esas poblaciones, en medio de campos fumigados, las tasas de cáncer de distintos tipos se incrementaron al triple de la media nacional. Es un dato alarmante”, explicó Horacio Brignone, uno de los referentes de la campaña “Paren de Fumigarnos”.
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