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Represores fugados: emitieron pedido de captura internacional

Aunque se presume que están en el país, Interpol los busca en el resto del mundo. Avanzan sobre los responsables. El Ministerio de Justicia también dispuso una recompensa de dos millones de pesos, por cada uno de ellos, para quien aporte datos.


represores-dentroLas cuatro fuerzas de seguridad buscan dentro del país a los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón de Marchi, quienes se fugaron del Hospital Militar Central el jueves por la noche, en tanto que también se libró un pedido de captura internacional.

Fuentes del gobierno revelaron a NA que apenas se conoció el escape de ambos, se alertó a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para llevar a cabo un plan de custodia en todo el país, sobre todo en las fronteras y aeropuertos.

“Los medios se enteraron después, pero apenas se fugaron se implementó un gran operativo de seguridad para custodiar las fronteras. Por eso es imposible que se hayan podido escapar. Están en algún lugar de Argentina, creemos que no muy lejos de donde se escaparon”, advirtieron las fuentes.

De todas maneras, Interpol emitió el pedido de captura internacional para los dos represores, condenados por delitosdurante la dictadura. A la vez, continúan las averiguaciones para determinar quiénes fueron los responsables de haber facilitado la fuga y una de las personas que estaría siendo investigada es la esposa de Olivera, Marta Ravassi, quien se desempeña como psicóloga del Hospital Militar Central, al tiempo que la mira está puesta en la anuencia de uno de los jueces intervinientes.

Ravassi fue pasada a disponibilidad junto a otros siete militares por el Ministerio de Defensa, que encabeza Agustín Rossi, al tiempo que la cartera de Justicia y Derechos Humanos, cuyo titular es Julio Alak, tomó idéntica decisión con ocho agentes penitenciarios encargados del traslado de los prófugos. En tanto, el Ministerio de Justicia también dispuso una recompensa de dos millones de pesos por cada uno de los represores, para quien aporte datos sobre sus respectivos paraderos.

La Justicia allanó el viernes pasado el Hospital Militar para secuestrar las historias clínicas de los prófugos y las filmaciones de seguridad con el fin de reconstruir los hechos. Intervienen el juez federal Claudio Bonadío y el juez correccional Raúl García.

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