¿Qué fue de la ley de Medios?

A casi 10 años de la Ley de Medios queda poco o nada. El gobierno de Cambiemos disolvió los órganos de aplicación, los reemplazó con una institución que aún está acéfala. Quitaron las trabas a cuántos licencias de TV y radio puede tener un titular y por cuánto tiempo. Fueron todas decisiones tomadas por decretos de necesidad y urgencia y resoluciones administrativas. El argumento fue que la ley no comprendía a las nuevas tecnologías. Hace más de dos años la Nación prometió presentar un proyecto superador en 180 días. Aún no lo hicieron. Especialistas en comunicación explicaron el proceso y cómo afectó.

Recorrido

Desde diciembre de 2015, la ley sufrió modificaciones a lo sancionado en octubre de 2009. El 7 de junio tres especialistas hablaron de los efectos durante una charla organizada por el Sindicato de Prensa de Rosario (SPR). La llamaron “El mapa de la concentración – Después del desguace de la Ley de Medios” y participaron el corredactor de la ley, Damián Loreti; la subdirectora de Protección de Derechos de la Defensoría del Público, María Capurro Robles; y el vicepresidente de Foro Argentino de Radios Comunitarios (Farco), Daniel Fossaroli. El encuentro fue en la sede de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en el marco del Día del Periodista.

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medio, fue sancionada en 2009 después de más de cinco años en universidades, escuelas y paneles por todo el país. La plena aplicación de algunos artículos de la ley fue trabada por medidas cautelares interpuestas por el Grupo Clarín. Apenas asumió Cambiemos, Mauricio Macri firmó el decreto de necesidad y urgencia 267. Disolvió a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Los reemplazó por un nuevo órgano de aplicación: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Macri derogó dos artículos: el 48 y el 161 que ponían límites a la concentración de licencias y cambió otros cuatro sobre el mismo ítem.

Mientras la ley permitía una única prórroga por 10 años, Cambiemos definió que puedan haberlas de forma sucesiva. Cuando la ley había prohibido la transferencia de licencias, la Nación propuso que el Enacom las autorice con la excepción de los prestadores de gestión privada sin fines de lucro. Mientras la ley había puesto límites en la cantidad de licencias de TV y radio que tenía un titular, la Nación amplió los topes. Dos años después eliminó el Ministerio de Comunicaciones. Telecom Argentina (Fintech) y Cablevisión Holding (del Grupo Clarín) aprovecharon para fusionar empresas y este año el Senado debate una “ley corta” de telecomunicaciones que permite a las empresas telefónicas brindar televisión satelital.

Reparos

Damián Loreti es corredactor de la ley de Medios, doctor en Ciencias de la Información y secretario del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). En abril de 2016 fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte de la Coalición por una Comunicación Democrática y denunció el desmantelamiento de la ley vía DNU sin muchos más argumentos que porque el presidente lo podía hacer. La respuesta del gobierno de Cambiemos fue un compromiso: iban a presentar un proyecto superador que regule las telecomunicaciones en Argentina en el lapso de 180 días. Hasta hoy no presentaron nada y pidieron cuatro prórrogas. Para Loreti el argumento oficial no es válido para descartar el resto de los valores positivos de la ley de medios: el crecimiento de contenidos nacionales, la conquista de derecho al acceso a la información y la comunicación. “No existe legislación en otros países que aborde en su totalidad la convergencia en las comunicaciones, sino que hay leyes yuxtapuestas”, señaló. Loreti habló de cuestiones técnicas, poniendo como trasfondo la Constitución Nacional y las resoluciones de organismos internacionales en materia de libertad de expresión a lo largo de la historia. Para el especialista otros reclamos –como los vinculados despidos y tarifazos– relegaron el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Medios.

La defensa

María Capurro Robles es magister en Ciencias de la Comunicación especialista en Planificación y Gestión de la Actividad Periodística y subdirectora de Protección de Derechos de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Defensoría es uno de los pocos elementos de la ley que no se perdieron. Su función es recibir, canalizar y dar respuesta a los reclamos, consultas y denuncias del público de radio y televisión de todo el país. Tiene la obligación de generar espacios de participación y representa también los derechos de las audiencias. Si bien no es un organismo con capacidad sancionatoria, sirve el trabajo que realizan – y sostienen desde 2012- en conjunto con organizaciones sociales que se dedican a las poblaciones más vulnerables como la comunidad LGBTI, personas mayores, mujeres, migrantes, entre otras.

“La ley es modificada cada día por resoluciones del Enacom. Son micro reformas que junto al DNU 267 habilitan la concentración de medios. Afectan la institucionalidad, fomentan la concentración, impactan en los contenidos y en los mercados regionales”, dijo Capurro Robles. Desde noviembre de 2016, el Enacom está acéfalo tras la salida de Cynthia Ottaviano.

El poder

El vicepresidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y miembro fundador de Aire Libre de Rosario, Daniel Fossaroli opinó que la ley de medio fue uno de los primeros blancos del gobierno de Cambiemos al asumir en 2015. “Fue una demostración de poder. Como si dijeran «Hacemos lo que queremos, ustedes se la tienen que aguantar»,”, señaló Fossaroli. Para él, los cambios no afectaron a los medios cooperativos, pero sí a todas las personas que trabajan en la comunicación. “Vuelve a ser un negocio de pocos. La intención del gobierno es reducir los medios comunitarios a un mínimo de experiencias testimoniales, minoritarias, «pintorescas», para mostrar al mundo lo democráticos que son”, explicó el referente. También contó que tienen problemas para acceder a subsidios -que contemplaban la LSCA- desde 2016. “El único desguace que las radios comunitarias no vamos a poder tolerar es la indiferencia de nuestra gente, de nuestro público, nuestra comunidad y nuestros vecinos”.

La lucha

Alicia Simeoni, secretaria adjunta del SPR, presentó a los panelistas contextualizando el momento que se vive para quienes ejercen el periodismo en todo el país: cierre de medios, persecución a dirigentes gremiales, precarización de condiciones laborales y al menos 3.500 despidos en los últimos dos años y medio. Por eso el gremio estuvo presente el miércoles 6 de junio en Ciudad de Buenos Aires durante la Marcha Federal de Trabajadores de Prensa donde terminaron frente a las cámaras patronales. “La libertad de expresión no puede ser una invocación sin sustento”, dijo Simeoni.

En un contexto donde la concentración mediática encontró apoyo del gobierno, los expositores subrayaron que la ley fue reconocida internacionalmente como de avanzada para preservar el acceso a la información dentro de los derechos humanos. Reconocieron que los periodistas viven tiempos difíciles, pero fueron claros con un mensaje: “A no deprimirse”. “No es peor que lo pasó entre dictadura y menemismo. Diría que es igual. Lo que hay es más tecnologías y más actores. Hay un movimiento de FM que en los ochenta no existían. Hay radios públicas, universitarias y medios públicos de TV que no existían en los noventa”, planteó Loreti y agregó: “Hay que ver cómo se sale de esto. Hay que reforzar lo que tenemos y pelear por lo que nos falta. Tenemos que ser conscientes del poderío que tenemos”.