El gobierno oficializó ayer la creación del Ente Nacional de Comunicaciones mediante la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que elimina la Afsca y modifica la esencia de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, sancionadas durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Se trata del decreto 267/2015 que fue firmado por Macri el 29 de diciembre pasado, pero que se publicó ayer en el Boletín Oficial: a través de él se fusionan las competencias de los organismos de aplicación de esas dos leyes, la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), que son finalmente suprimidos.
Por la norma se crea el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que será presidido por Miguel de Godoy, como organismo autárquico y descentralizado, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, que conduce el radical Oscar Aguad.
Pero, además, Macri resolvió modificar por DNU aspectos clave de la ley de Medios, bajo el argumento de que “la instalación de nuevas redes de telecomunicaciones y la aparición de nuevos actores, tornaron obsoletas ciertas disposiciones” de esta norma sancionada en octubre de 2009, “resultando su actualización una urgente necesidad, pues atentan contra el crecimiento de la industria y no favorecen la realización de nuevas inversiones”.
Según el texto, “la imperiosa necesidad de efectuar la modificación normativa” configura “una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes”.
Y agregó que “esperar la cadencia habitual del trámite legislativo” para modificar la norma en el Congreso “irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos”.
Específicamente, el decreto de Macri modifica los artículos que fueron motivo de pulseada entre el gobierno y los grandes grupos de medios, puntualmente el grupo Clarín, y cuya aplicación fue judicializada incluso luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara la constitucionalidad de la ley.
La reforma más drástica es en el artículo 45 de la ley, por el cual se eliminan los topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable (hasta ahora era de 24), y el límite para que en ningún caso presten servicio a más del 35 por ciento del total nacional de abonados.
También se eliminan las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable y radio y TV abierta; y los actuales licenciatarios de TV y radio podrán pedir la extensión del plazo de licencia por 10 años, sin importar cuándo sea su fecha de vencimiento actual.
En el artículo 45 además se establecen nuevas reglas para la cantidad de licencias: en el orden nacional, se lleva a 15 licencias de servicios de comunicación audiovisual cuando se trate de televisión abierta o radio (antes eran 10); y en el orden provincial, no podrá exceder la cantidad de 4 licencias.
La medida también cambia el artículo 41 que prohibía la venta de medios audiovisuales, algo que ahora se permite, y facilita la integración de cadenas privadas de radio y televisión.
Además del presidente del organismo, el directorio del Enacom estará integrado por tres directores que serán nombrados por el Ejecutivo y otros tres que serán propuestos por el Congreso.
“La urgencia es responder a los intereses de Clarín”
El ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, afirmó que el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, que crea el Ente Nacional de Comunicaciones y modifica la ley de Medios, es “brutal, ilegal y anticonstitucional” y “responde a los intereses de (Héctor) Magnetto y Clarín”.
“La única necesidad de urgencia es la de responder a los intereses de Magnetto y Clarín, de pagarle los favores que le han hecho en campaña y de tener un blindaje mediático por las medidas antipopulares que han puesto en marcha”, dijo Sabbatella en declaraciones radiales.
Para el ex titular de la Afsca, el decreto responde a la “necesidad y urgencia de las corporaciones y poderosos y la complicidad de los sectores políticos que representan esos poderosos y una parte del Poder Judicial que está colonizado de los intereses corporativos o tienen cosas para esconder y tienen miedo de que Magnetto las ponga en la tapa de los diarios”.
Sabbatella dijo que se trata de un “decreto ilegal” y que implica “una desobediencia a una orden judicial”, en relación al fallo del juez de La Plata Luis Arias, que determinó la “prohibición de alterar las funciones” de la Afsca.
“Es evidente que la voracidad de los intereses económicos está por encima de la calidad institucional”, finalizó.
“Privilegios a monopolios”
El ex relator de Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, advirtió ayer que la modificación a la ley de Medios a través de un decreto por parte del gobierno de Mauricio Macri forma parte de un “regreso a privilegios de los monopolios” en el país. “Esto representa un regreso a los privilegios, una era que creíamos superada”, señaló La Rue.
“Debemos preguntarnos: ¿qué otro retroceso traerá el nuevo gobierno?”, finalizó.
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