Dos ex gerentes y el ex jefe de seguridad de la empresa Ford en la última dictadura cívico-militar fueron procesados como partícipes necesarios del secuestro de 24 obreros en 1976, cuyos datos personales y fotografías se suministraron a los militares, y por haber permitido montar un centro clandestino de detención dentro del predio de la fábrica.
La decisión de la jueza federal de San Martín Alicia Vence recayó sobre el ex gerente de Manufactura de la planta automotriz Pedro Müller, el ex gerente de Relaciones Laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de Seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla, quienes fueron procesados sin prisión preventiva y embargados en 750 mil pesos cada uno, según los considerandos difundidos ayer.
“La violación de los derechos humanos no es únicamente patrimonio exclusivo de los agentes estatales, antes bien se concreta con la colaboración de actores privados, y en particular, por empresas que participan, apoyan y facilitan como actores económicos tales actos, en cuanto la violación beneficie sus intereses económicos”, señala el escrito.
En ese marco, destaca que “es importante no sólo perseguir judicialmente a los autores estatales, sino también a los privados”.
Delitos de lesa humanidad
En la resolución se consideró que los secuestros perpetrados entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976 fueron delitos de lesa humanidad e imprescriptibles.
“A los nombrados se les imputa el haber facilitado los datos personales de cada uno de los empleados involucrados, junto a sus fotografías y domicilios particulares, para que de esa forma puedan ser habidos”, afirmó la magistrada.
Además, “se les endilga haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del campo recreativo, para que fueran interrogados”.
“Allí fueron golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el personal que intervino. En muchos de los casos, ante la ausencia laboral de los secuestrados, los despedían «con justa causa»”, detalla la jueza.
“Pareciera casi inocente preguntarse si el directivo de una empresa multinacional como Ford SA, el gerente general que hacía las veces de vicepresidente, el gerente de relaciones labores y el jefe de seguridad no tenían una posición de garante sobre la seguridad física de sus empleados y subordinados”, analizó.
La acusación
La jueza los encontró partícipes primarios de “privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas, reiterada en 24 hechos, nueve de ellos agravados por haber transcurrido más de un mes e imposición de tormentos, reiterados en 24 ocasiones”.
Los procesados, residentes en Córdoba, deberán comunicar al juzgado eventuales cambios de domicilio, presentarse una vez por mes en la delegación de la Policía Federal más cercana y no dejar su vivienda por más de 24 horas.
El entonces presidente de Ford Motors Argentina, Nicolás Courard, también estaba imputado, pero el juzgado recibió constancias de su fallecimiento en Chile, en 1989.
Los secuestros fueron perpetrados por militares de la zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares, a cargo del ya condenado ex general Santiago Omar Riveros.
La jueza aludió también a precedentes internacionales como los procesos abiertos a empresas alemanas por su colaboración con el nazismo.
Además de ser delitos imprescriptibles, “no se puede soslayar que se trata de eventos tan aberrantes que ofenden a toda la comunidad internacional –delitos universales–”, advirtió.
Y recordó los casos de las causas abiertas a firmas alemanas por vender a los nazis el pesticida que se usaba en las cámaras de gas para asesinar a millones de judíos.
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