Comienza hoy en la comisión Presupuesto y Hacienda del Senado el análisis del proyecto de presupuesto provincial para 2014. Como ocurre con la composición integral de la cámara, en la comisión el PJ tiene mayoría propia y, por ello, podrá imponerle al oficialismo los cambios que sus senadores consideren necesarios respecto de la iniciativa original, remitida el jueves pasado por el Ejecutivo. Las dudas principales pasan por conocer cómo afectarán a la ciudadanía los aumentos de impuestos previstos por el gobierno. Si bien desde el justicialismo avisaron que hay voluntad de darle una herramienta legal imprescindible al Ejecutivo –como es el presupuesto– también dijeron que se tomarán un tiempo para estudiar el proyecto a fondo.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Alcides Calvo (departamento Castellanos), declaró: “Tenemos que darle al Ejecutivo una herramienta fundamental cuando se inicia un ejercicio económico; tenemos buena voluntad”. Pero también se mostró suspicaz respecto de la “actualización” de impuestos que propuso el gobierno, a la que tildó de “reforma tributaria encubierta”.
El presupuesto contempla una suba promedio del Inmobiliario Urbano y Rural del 25%, aumentos en las alícuotas de Ingresos Brutos para entidades financieras y empresas de telefonía celular, la duplicación del módulo tributario del impuesto de Sellos –de 10 a 20 centavos– y la aplicación de un impuesto “ecológico” o “verde” que alcanzará a 82 empresas: 50 industrias y 32 cerealeras. Ayer, el secretario de Ingresos Públicos de la provincia, Sergio Beccari, aclaró que no habrá subas en Patente y que lo único que se plantea en el proyecto de presupuesto es una modificación al Código Fiscal provincial para poder multar y autorizar a la administración provincial a actuar de oficio sobre aquellos santafesinos que patenten sus autos en localidades de Córdoba para pagar menos impuestos. “Con la modificación que planteamos, cuando presumimos que hay defraudación fiscal por radicación del vehículo en otra jurisdicción, podría activarse un mecanismo que comience con la multa y hasta derive en un trámite judicial de determinación de oficio”, explicó el funcionario. El trámite en la comisión de Presupuesto del Senado, según Calvo, no será rápido: “Vamos a tratar el proyecto con la seriedad que se merece, como lo hicimos siempre”.
El proyecto de presupuesto para 2014 tiene cifras récord de casi 54 mil millones de pesos de recursos y gastos. Las mayores partidas son para educación, seguridad y salud y se incluyen recursos para la puesta en marcha, en forma integral, de la reforma penal. Pero el aspecto más discutido, una vez más, será el aumento de impuestos y –en líneas generales– la política de gasto del Frente Progresista. El presupuesto estima recursos por 53.892 millones de pesos y un total de gastos de $ 53.609 millones, lo que da un superávit financiero de 282.459.000 pesos. Dentro del gasto de la administración central se ubica en primer lugar el Ministerio de Educación (35,39%), luego Seguridad (12,19) y tercero Salud (11,08).
Fiscales y defensores
Los integrantes de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura entrevistarán hoy a los quince postulantes para fiscales y defensores adjuntos cuyos pliegos serán tratados mañana en Asamblea Legislativa. Se trata de Verónica Lamas González y Andrea Corvalán, propuestas como defensoras adjuntas para Rosario, y Priscila Arambarri, quien ganó el concurso para el mismo cargo en San Lorenzo.
Además, están los pliegos de doce fiscales adjuntos: Cecilia Brindisi, María Bertotto, David Carizza, Guillermina Aiello, Juliana González, María Cecilia Squeff, Eduardo Sorrentino, Mariángeles Lagar y Marisol Favor Más (todos para Rosario), Leandro Matías (para San Lorenzo), Mauricio Clavero (Rufino) y Clelia Trossero (Esperanza).
Inicialmente, el gobierno había remitido dieciséis pliegos, pero en la última semana renunció a su postulación quien había ganado el concurso para cubrir una de las vacantes en el Servicio Provincial de la Defensa Penal, jurisdicción Rosario: el abogado penalista Enrique Sirio, quien representó en una causa por delitos de lesa humanidad al subcomandante del II Cuerpo de Ejército durante la última dictadura, Luciano Jáuregui, y ahora defiende a Delfín David Zacarías, procesado como jefe de una organización narco que manejaba una cocina de cocaína en Funes, detenido en septiembre. La Asamblea Legislativa deberá aprobar o rechazar las postulaciones.
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