A seis meses del anuncio por parte del municipio de la creación del Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana, destinado a delinear un plan de acción conjunta para combatir la violencia y la delincuencia, hasta el momento no se convocó a ninguno de los actores implicados en este tema, como fuerzas de seguridad, Poder Judicial, y tampoco a representantes de la sociedad civil, tal el caso de clubes, vecinales y organizaciones no gubernamentales. Es decir, no se avanzó aún ni un ápice en la implementación de este sistema.
El autor de este proyecto, que fue aprobado por unanimidad el año pasado en el Concejo Municipal, es Edgardo Falcón, quien aseguró que el titular de la subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Luis Baita, suspendió en dos ocasiones las reuniones para reglamentar la convocatoria. Según anunció el edil, hoy presentará un proyecto de decreto que permita comenzar a inscribir, de forma experimental, a vecinales y grupos de ciudadanos organizados en torno a la problemática de la seguridad. “Ellos (por el Ejecutivo) piensan a los observatorios como para evaluar desde arriba, al estilo de un mapa del delito, más pasivos. Nosotros planteamos un lugar de acción de abajo hacia arriba”, expresó Falcón.
En diálogo con El Ciudadano, el edil, integrante del bloque Socialista, explicó que desde el anuncio realizado por el municipio en diciembre pasado no se ha avanzado en nada. “Somos víctimas de la tecnocracia. Nos suspendieron dos reuniones con el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Baita, para ver los avances en la reglamentación de los observatorios. No sabemos las razones, pero evidencia falta de voluntad política del Ejecutivo a pesar de que fue un proyecto aprobado por unanimidad en el Concejo Municipal”, disparó. Este diario intentó comunicarse con Luis Baita , a cargo del área, pero no fue posible.
Ante la falta de respuestas del Ejecutivo, Falcón presentará un proyecto en la comisión de Seguridad del Concejo para empezar a inscribir a los barrios más organizados en la comisión asesora. “Si no lo hacen ellos desde arriba, lo haremos nosotros desde abajo. El decreto, si sale, instará a dar cumplimiento, por lo menos de forma experimental, a los observatorios en algunas seccionales”, detalló.
De acuerdo con el concejal, su equipo de trabajo avanzó sobre la temática y relevó varias zonas en las que los vecinos están listos para empezar a trabajar. En las seccionales 1ª, 4ª y la 9ª se encuentran desde el vamos prestos a inscribirse y reunirse para aconsejar a los estamentos políticos y de seguridad cuáles son las acciones que deben tomarse en sus barrios.
“Lo primero será inscribir a los vecinos, comprar los libros de actas y convocar a todos los estamentos”, explicó Falcón. Según la norma, en los observatorios de seguridad deben participar “asociaciones de comerciantes e industriales, civiles, vecinales y organizaciones no gubernamentales; autoridades de las instituciones educativas, asociaciones cooperadoras de las seccionales policiales y de las escuelas, representantes de centros Crecer, representantes de comedores, copas de leche y centros comunitarios; bomberos voluntarios y zapadores; representantes de las comunidades educativas o universitarias de la ciudad”. De la misma forma participarán, agrega el texto, funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia y las siguientes autoridades policiales: “el inspector de zona, el jefe de la seccional y de las subcomisarías o destacamentos o puestos que la comisaría comprenda y/o los funcionarios que determine el Ministerio de Seguridad de la provincia, Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad (Transporte Urbano de Pasajeros, Alumbrado Público y Parques y Paseos), Secretaría General, Obras Públicas y los que determine el Departamento Ejecutivo”. La ordenanza también especifica que debe invitarse a los miembros del Poder Judicial de Santa Fe –magistrados, fiscales y/o funcionarios– y de la Nación, respectivamente.
“Se busca la institucionalización y compromiso de todos. Por eso se debe llevar el libro de actas con las promesas de las instituciones según las prioridades de cada zona. La herramienta busca comprometer a los vecinos para que controlen a los funcionarios públicos. Es decir, si el comisario o jefe de cuerpo tras comprometerse a reforzar un corredor seguro o mantener más patrullas no cumple tras dos meses de acordada la acción, se deberá someter a una denuncia pública de incumplimiento. Lo mismo ocurre con un empleado público de Servicios Públicos que se comprometa a realizar una escamonda, por ejemplo”, explicó Falcón. “Nadie sabe mejor que los vecinos y la fuerza de seguridad dónde se vende y compra droga, se prostituye, se roba. El control social debe quedar asentado en algún lugar para movilizar a las cúpulas políticas”, agregó el edil.
Al observatorio –en el que trabajarán de manera conjunta vecinos y responsables de las políticas de seguridad– se debe sumar un sitio en internet que brinde información actualizada sobre la actividad diaria de la Policía, iniciativa de la concejala Mariana Alonso que el legislativo aprobó.
Comentarios