El Ministerio de Trabajo de la Nación impulsará en 2014 la creación de nuevas mesas a nivel de los municipios para profundizar el combate a las prácticas empresariales ilegales sustentadas en el trabajo infantil, confirmaron fuentes de la cartera laboral. “Inicialmente se constituyeron comisiones en las provincias (las Copreti), una metodología de abordaje que hoy funciona en todo el país salvo en Chubut y en la ciudad de Buenos Aires, que eligieron otras formas de acción”, explicó a la titular de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti), María del Pilar Rey Méndez. “Dado que se trata de una cuestión compleja, un eje central del plan de trabajo para 2014 serán las acciones locales, concretas, de intervención en terreno”, anunció la funcionaria.
La desarticulación de situaciones de trabajo infantil será una de las metas centrales del gobierno nacional para el año que comenzará en pocas semanas, en coincidencia con la estrategia que, a nivel global, está desplegando la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que alentó un compromiso internacional firmado por países de los cinco continentes para erradicar en el corto plazo las llamadas “peores formas” de explotación de niños y en el mediano plazo toda forma de trabajo infantil. “Para eso necesitamos el compromiso político de las jurisdicciones, a través de mesas locales presididas por los intendentes, y la participación de todos los actores: empleadores, sindicatos y organizaciones civiles”, marcó Rey Méndez.
La funcionaria señaló que se efectuarán “estudios cualitativos rápidos”, como los que ya se hicieron en ladrilleras y basurales, que abarcarán todas las modalidades de trabajo infantil” que permitan obtener diagnósticos a partir de los cuales “desarrollar acciones concretas”.
Durante 2013, Conaeti inició con este fin un programa en Machagai (Chaco), Tupungato (Mendoza), Bahía Blanca y Mar del Plata; en tanto que para el año próximo la estrategia oficial se focalizará en Concordia y Paraná (en Entre Ríos), y localidades de Salta.
“La expectativa oficial es generalizar esas acciones”, subrayó Rey Méndez, y recordó que “la medición del Indec implementada a fines de 2012, a través de un módulo de la Encuesta Permanente de Hogares, mostró una reducción del 66 por ciento del trabajo infantil, frente al período 2004-2006”.
Más allá del trabajo territorial, la comisionada destacó la articulación interministerial con sectores como salud o educación que “permiten crear un marco de protección del trabajo decente y de inclusión social”.
Como ejemplo de estas acciones mencionó la inclusión de la temática en la currícula docente y, en materia de salud, la incorporación de ítems vinculados a esa forma de explotación en la historia pediátrica nacional y en la política de formación a agentes de salud.
La funcionaria señaló, por otra parte, que se avanza en “la aprobación de circuitos de intervención en distintos ámbitos institucionales del país, para unificar las prácticas ante situaciones de trabajo de niños y niñas”.
Rey Méndez resaltó además que, en materia normativa, en los últimos años el Congreso nacional elevó la edad mínima laboral (a 16 años); modificó las leyes de trabajo agrario y de tareas en casas particulares; y hace unos meses sancionó la penalización del trabajo infantil.
En esta última materia, indicó que “ya se iniciaron las primeras causas contra empresarios inescrupulosos, aunque muchos juzgados no ajustaron todavía sus criterios al tratamiento del delito, por lo que vamos a reforzar las acciones de capacitación”.
También resaltó la creación de centros de atención y cuidado que cubren los horarios de trabajo de los padres, que funcionan en Salta, Jujuy, Santa Fe y Mendoza, y a los que asisten más de 7 mil niños.
La labor de Argentina en la temática fue reconocida en la reciente Conferencia Mundial sobre Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, que sesionó en octubre pasado en Brasilia, en la cual la Argentina fue elegida como sede de la próxima edición.
“El encuentro será en 2017. Era un lugar que se disputaban algunos países de Europa e incluso Estados Unidos”, por lo que “es un aval a las políticas públicas que el país lleva adelante ante esta problemática”, resaltó Rey Méndez.
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