Luego de una noche de violentos saqueos y disturbios en distintas localidades de Córdoba que dejaron como saldo dos muertos y más de 200 heridos, los efectivos de la Policía de la provincia aceptaron ayer una propuesta oficial de aumento salarial y concluyeron el acuartelamiento iniciado el martes, en medio de un fuerte tensión entre el gobierno de José Manuel De la Sota y la Casa Rosada.
“Quiero transmitir la tranquilidad de compartir que la fuerza vuelve a estar al servicio. Nuestra fuerza policial saldrá por pedido de nuestro Poder Judicial, de este gobernador, a perseguir a todos los delincuentes y saqueadores”, aseguró De la Sota, al anunciar el acuerdo alcanzado con la fuerza provincial.
El acuartelamiento duró 36 horas y, ante la ausencia de policías en la calle, se produjeron saqueos en más de 60 supermercados y centenares de locales comerciales de otros rubros –un millar según la Cámara de Comercio local– que dejaron como saldo un joven de 20 años muerto por un disparo en el tórax durante un robo vandálico en el barrio Ciudad Evita, en tanto que un hombre de 85 años falleció producto de una descompensación que tuvo cuando asaltantes irrumpieron en su vivienda durante la madrugada.
Además, el intendente de Córdoba capital, Ramón Mestre, informó que entre los dos hospitales municipales habían sido atendidas unas 250 personas “con golpes y contusiones vinculadas a hechos de inseguridad”, entre ellos varios heridos de bala, y además se contabilizaban alrededor de 60 detenidos en toda la provincia.
De la Sota, quien se encontraba en Panamá rumbo a un congreso de mandatarios provinciales y debió regresar de urgencia, informó al mediodía que los policías habían aceptado la propuesta que contemplaba, entre otros puntos, llevar el salario básico de 2.500 a 8.000 pesos, un uniforme completo anual, el aumento de los adicionales y la exención de sanciones a los efectivos acuartelados.
Asimismo, el mandatario prometió asistencia para los comerciantes damnificados por los saqueos; instó a la Justicia a investigar para que “ninguno quede impune” y se comprometió a no aplicar sanciones, luego de un primer ultimátum lanzado por la mañana, en el que había amenazado con impulsar despidos en la fuerza.
“Cuentan con todo el respaldo del gobierno para salir a trabajar y para poner orden”, señaló el gobernador dirigiéndose a los policías, y dijo que esperaba que ese accionar sirviera “para que la Justicia pueda instruir causas contra cada uno” de los saqueadores.
Durante el anuncio el gobernador cordobés agradeció el apoyo de dirigentes opositores como el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri; su par santafesino, Antonio Bonfatti, y los diputados nacionales Sergio Massa y Julio Cobos, además del gobernador Daniel Scioli, entre otros, con quienes se comunicó durante la jornada.
“Es como si los cordobeses tuviéramos que quemar nuestro DNI, porque pareciera que algunos no nos consideran parte de la República Argentina”, bramó de la Sota en alusión a la negativa inicial de la Casa Rosada de enviar efectivos de Gendarmería para frenar los saqueos, los que finalmente fueron rechazados luego de alcanzado el acuerdo salarial.
Por último, el mandatario provincial agradeció a la prensa, “porque distribuyeron imágenes en las que ha quedado claro que no hubo un estallido social” y, al respecto, agregó: “Operaron bandas de delincuentes organizados que aprovecharon la ausencia policial”.
El acuerdo fue sellado entre el jefe de la Policía, César Almada; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el representante legal de los efectivos, Miguel Ortiz Pellegrini, y cinco esposas de los miembros de la fuerza provincial.
Almada y Monteoliva asumieron sus cargos en septiembre de este año, ya que, como consecuencia del escándalo que involucraba a altos mandos de la Policía con narcotraficantes, presentaron su renuncia Ramón Frías y Alejo Paredes.
Las mujeres de los policías, por su parte, cumplieron un papel activo en la medida de fuerza de sus esposos ya que fueron las primeras que llamaron a concentrarse frente a la Jefatura.
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