Ana Laura Píccolo
“Matar a un puto”. Eso repetía uno de los verdugos de Vanesa Zabala para arengar a más personas a participar del show. Ocurrió en la madrugada del 29 de marzo de 2013 en un descampado alejado del centro de Reconquista, en el norte provincial. La joven trans, de 32 años y trabajadora sexual, sobrevivió pocos minutos en el hospital. Su asesinato fue atroz y así lo reflejó el tribunal que condenó a cuatro personas a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. Lo que omitió el fallo es que se trató de un crimen de odio, porque a Vanesa la mataron por su identidad de género. Eso se discutió este miércoles durante la audiencia de apelación, que duró cinco horas. Ahora, tres camaristas de la ciudad de Vera tienen la posibilidad de hacer historia en Santa Fe e incorporar el agravante que sólo tiene un antecedente en el país, de junio pasado, por el travesticidio de la activista Diana Sacayán en la ciudad de Buenos Aires. Los jueces darán a conocer su resolución por escrito en las semanas próximas.
“Apelamos para pedir que se reconozca ese agravante. El concepto jurídico es el odio a la identidad de género y está previsto en el artículo 80 inciso 4 del Código Penal”, explicó Federico Lombardi, abogado del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) que representa a la querella. En diálogo con El Ciudadano, el letrado dijo que el agravante no modificaría la pena, ya que en caso de quedar firme la condena seguiría siendo a perpetua, pero sí la cuestión simbólica para todo el colectivo LGBTI. “Estaría bueno que los tribunales argentinos reconozcan cuando se trata de un crimen de odio. Porque cada vez que matan a una trans aparece como patrón común la crueldad con que se cometen los hechos. Como pasó con todos los crímenes de mujeres trans de este año en Santa Fe”, dijo Lombardi.
Como cuestión técnica, el letrado recordó que tanto los jueces como los defensores de los acusados se opusieron a aplicar el agravante del odio porque “no se pidió durante la requisitoria de elevación a juicio”. Pero en los mismos términos explicó que de modo inteligente el Código Procesal Penal permite ampliar la acusación y también da la posibilidad de defenderse.
La audiencia de este miércoles se prolongó por cinco horas en parte porque los tres hombres y la mujer condenados pidieron la palabra y se declararon inocentes. En diciembre pasado, los jueces Gonzalo Basualdo, Claudia Bressán e Ireneo Berzano los encontraron culpables de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y la participación de menores de edad. Se trata de José “Cocido” Petroni, de 30, Gustavo “Virulana” Vallejos, de 41, José “Chucky” Villasboas, de 33 y su pareja, Ana Virginia Abasto, de 31.
Según la reconstrucción que hizo la Fiscalía, el crimen ocurrió en la zona del Triángulo, frecuentada por trabajadoras sexuales, en las afueras del barrio Lanceros del Sauce de Reconquista, en la madrugada del Viernes Santo de 2013. Chucky llamó a Vanesa, quien estaba en su parada junto con otra travesti. Ella creyó que era un cliente y acudió, pero la atacaron en grupo más personas que estaban escondidas entre los pastizales. Primero la golpearon contra un cartel y le hicieron estallar el globo ocular. Chucky pedía a gritos que se sumen a “matar a un puto”, al tiempo que la empalaron con un caño, que según la autopsia le ingresó 50 centímetros en el cuerpo. La tortura siguió con golpes que le provocaron heridas graves en los intestinos, la cabeza, el abdomen, el pecho y la cara. Por último la tomaron de brazos y piernas y la azotaron contra un cartel.
“Todos intervinieron en todo. Todos se le fueron encima para causarle sufrimiento y ponerle fin a su vida. Hubo crueldad deliberada causando daño y dolor innecesarios para causarle la muerte. Como la introducción de un caño en forma reiterada en la zona anal. Eso no requiere mayor análisis que la voluntad de causar sufrimiento”, dijo la Fiscalía.
Hacerse visible
“La cuestión es jodida en el norte”, dijo a El Ciudadano Mauricio Aguilera, activista sexodisidente de Rafaela e integrante del Frente Justicia por Vanesa. El militante de 27 años que acompañó a la familia de la joven en cada audiencia dijo que el caso de Vanesa sirvió para sacar a la luz la realidad de un colectivo y la violencia estructural que sufren. “En el norte hay muchas trans y la discriminación es diferente. Las zonas rojas están muy alejadas del centro, parece que mientras menos se noten, mejor. A Vanesa la mataron en una zona descampada, oscura, sin iluminación, a la vera de la ruta, sin desmalezar. Entendemos que eso forma parte de la violencia que vive esta comunidad, recluida de la luz del día, a la marginalidad”, reflexionó Mauricio.
“Su crimen impactó mucho. No sólo porque se hicieron las primeras movilizaciones contra el travesticidio, sino que además sirvió, en términos de sociabilidad trans, para que las compañeras empiecen a ocupar el espacio público. Hacerse más visibles. Abandonar la invisibilidad desde un lugar de protesta y reclamos por sus propias libertades”, dijo.
Mauricio recordó que durante los años que pasaron desde el crimen la causa judicial atravesó muchas irregularidades, con la recusación de jueces por demoras dilatorias (que incluyeron la libertad de los cuatro acusados en mayo de 2016), obstáculos para que la familia de Vanesa pueda ser querellante y el cambio permanente de abogados del CAJ. A eso, agregó que en ningún momento del juicio se reconoció la identidad de Vanesa, quien en vida no había realizado la rectificación de su DNI. Por eso, en varias oportunidades del debate el tribunal omitió nombrar a Vanesa por su nombre de identidad. “A diferencia de Diana Sacayán, Vanesa no había rectificado su documento. Y eso no debería influir”, aclaró Mauricio.
Ahora, la última palabra respecto del crimen de odio la tienen los jueces de la Cámara Penal de Vera Fabio Mudry, Bruno Netri y Roberto Prieu Mántaras, quienes darán a conocer su veredicto por escrito en las próximas semanas.
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