Un clima diferente se respiró la última semana entre los gobiernos de Mauricio Macri y Miguel Lifschitz, como lo demuestran la activa participación de la provincia en la convocatoria a hombres de negocios para recibir al presidente en la Bolsa de Comercio durante su visita a la ciudad del lunes pasado y el respaldo explícito del gobernador en el Senado de la Nación a la ley que habilita el pago a los fondos buitre.
No es difícil adivinar que Lifschitz no hubiera ido al Senado y puesto la cara avalando el pago a los buitres si antes no hubiera visto señales positivas hacia Santa Fe desde la Casa Rosada.
De todas maneras, para que quede claro que se trata de “cooperación institucional” y no más que eso, el congreso nacional del Partido Socialista que este fin de semana sesionó en Rosario ratificó su rol opositor y que nunca será parte de Cambiemos. Esta definición se hará carne con Antonio Bonfatti cuando en mayo asuma la presidencia del partido para jugar un rol que por definición es diferente al del gobernador, obligado a otros equilibrios.
Apurado y en desventaja
El desfile de gobernadores en el Senado evidencia la medida del trato que el gobierno central les propuso. Se pusieron la ley al hombro y a cambio podrán sacar provecho de la etapa de endeudamiento que se abre. Si es que se abre.
En los primeros cien días el gobierno tuvo que desviar la hoja de ruta. De hecho la negociación con los buitres no era el plan original según las palabras de Alfonso Prat Gay en la campaña por el balotaje: “Lo primero es reactivar el aparato productivo y hacer fluir los dólares de la producción. Entonces sí, una vez que hayamos recompuesto las reservas con dólares de la producción, se irá a discutir con los fondos buitre”.
Pero las cosas no salieron como esperaban. Los exportadores no liquidaron divisas en la medida que el gobierno necesitaba, y entonces salió corriendo a buscar con los buitres la llave para reabrir el mercado de capitales.
“Si nadie nos presta no hay margen para el gradualismo –aclaraba entonces Prat Gay–. Porque tenemos que volver a emitir tanto o más que antes, lo que atentaría contra nuestro programa antiinflacionario, o habrá que implementar un ajuste salvaje del gasto”. El propio Macri blanqueó esa situación esta semana cuando dijo: “O arreglo con los buitres o ajuste salvaje”.
El debate de la ley de pago en la Cámara de Diputados fue más que gráfico: quienes defendieron el acuerdo no lo hicieron por sus bondades sino por cuestiones circunstanciales o conveniencia.
Apoyar y pertenecer
Las razones por las que las provincias apoyan el acuerdo con los buitres son tan diversas como sus propias realidades. Algunas porque dependen del gobierno central como en la época kirchnerista. Otras porque el nivel de endeudamiento las condiciona y les resta autonomía. Otros por adhesión política. San Luis se expresó en contra del acuerdo, al igual que Santa Cruz.
Las cuatro más grandes ven el acuerdo como una oportunidad para tomar financiamiento en el exterior. En Mendoza, el gobernador Cornejo no esconde su intención de captar dólares para solventar el déficit corriente con la excusa de que la otra salida es el despido de 12 mil empleados públicos.
Buenos Aires está ahogada en deudas y déficit corriente que espera aliviar con más emisiones (días atrás colocó títulos por 1.250 millones de dólares al 9,35%). Córdoba esta semana consiguió autorización legislativa para emitir u$s 1.989 millones, de los cuales 1.100 son para canjear la deuda actual y mejorarle el perfil y así poder tomar más deuda.
Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, las dos mejores calificadas por bajo nivel de endeudamiento y programación de pagos, quieren dólares para financiar infraestructura.
En el caso de Santa Fe Lifschitz blanqueó ante el pleno de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado que como contrapartida del acuerdo con los buitres espera colocar 500 millones de dólares en títulos para financiar obras.
El país vuelve a un camino sinuoso. Estado nacional y las provincias más grandes tomarán deuda en condiciones malas en relación con lo que es el mercado global (con muchísimo viento a favor podrá ser 7,5%, y plazos de pago de entre 8 y 12 años a lo sumo). Muy diferentes a las de los créditos de organismos multilaterales que si bien financian proyectos específicos, en el caso de Santa Fe logró tasas de 3,5 y 5%, tienen plazos de hasta tres años de gracia y veinte para cancelar.
Juez con experiencia se busca
Mientras apuesta al mediano y largo plazo, la Casa Gris lidia con los problemas domésticos. En materia de Justicia, mañana el ministro Ricardo Silberstein entregará al gobernador una serie de proyectos para su consideración, entre ellos el borrador para modificar el sistema de selección de jueces, fiscales y defensores. Los candidatos serán evaluados con exámenes exprés que otorgarán una nota conceptual (no más puntaje) y recobrarán peso los antecedentes prácticos más que los técnicos o académicos, a la vez que se agiliza el sistema de impugnaciones. También hay proyectos de modificación de varios puntos del Código Procesal Penal, del Código Procesal Civil y Comercial y del sistema de adopción.
El tarifazo eléctrico es otra de las urgencias que tiene entre los palos a la provincia. En los próximos días llegarán las primeras facturas de EPE con aumentos de 300 y 400% para industrias electrointensivas que las vuelven inviables de un día para el otro.
El tarifazo nacional se fundamentó en la quita de subsidios, pero puso a las provincias entre la espada y la pared: o reemplazan el subsidio nacional con recursos propios o ven cerrar las empresas en sus territorios.
Lifschitz habló del tema con sus pares de Córdoba y Entre Ríos. También con Guillermo Moretti, de la Federación de Industriales de la provincia. Los ministros de la Producción, Luis Contigiani, y de Infraestructura y Transporte, José Garibay, están sobre el tema y en contacto con los empresarios. Esta semana habrá más encuentros. Con la Nación las tratativas vienen más tibias. Hasta ahora los industriales lograron charlas con interlocutores de rango intermedio pero no con el ministro Juan José Aranguren.
Una ordenanza espantosa
La noticia que dominó la semana fue la sanción de la ordenanza de descanso dominical. Titulada así, va en el sentido del derecho que reclama restituir el gremio mercantil, aunque la letra final es tan parcial que deberían interpretarla como un primer paso.
Lo que quedó como ordenanza es resultado del descuartizamiento de la reivindicación del gremio. La política local se encargó de traducir a papel una versión de los intereses económicos que batallaron cada punto y coma de la normativa. Si algo quedó claro es que no se podía satisfacer a todos, a tal punto que las grandes empresas del sector comercial que mandan en la economía de la ciudad terminaron enredadas en una guerra sin cuartel que incluso pulverizó las alianzas tradicionales por localía, rubro, tamaños, etcétera.
A nadie se le escapa que la ordenanza es un espanto de injusticias y contradicciones.
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