Diego Lagomarsino, el técnico informático que quedó imputado por haberle prestado la pistola que le causó la muerte al fiscal Alberto Nisman, rompió el silencio y salió ayer a defenderse de las sospechas en su contra y justificar por qué accedió al pedido de su jefe, mientras que su abogado anunció que pedirá que la presidenta Cristina Kirchner vaya a declarar como testigo en la causa.
El pasado lunes por la noche la presidenta apuntó en cadena nacional hacia Lagomarsino, después de subrayar la “íntima relación” que tenía con el fiscal de la causa Amia y revelar que el 14 de enero había tramitado su pasaporte para salir del país pero el Ministerio del Interior se lo retuvo.
“Son inauditas estas mentiras dichas en boca de la persona que tiene la responsabilidad de la primera magistratura –dijo el abogado Maximiliano Rusconi, defensor de Lagomarsino–. Ya conté cuatro o cinco hipótesis que tiene la presidenta en su cabeza”.
Y pese a considerarlas “contradictorias”, Rusconi añadió: “Sería importante que las aporte a la causa”, por lo que pedirá su citación como testigo, así como de cualquier “otro funcionario” que se refiera públicamente al caso y pueda tener para esclarecer la muerte del fiscal del caso Amia.
“Como queremos contribuir a la investigación, todo aquél que aparezca en los hechos vamos a informar a la Fiscalía para que lo convoque; posiblemente tenga el derecho de declarar a través de un escrito”, dijo Rusconi –un conocido penalista que asiste al ex presidente Carlos Menem en la causa por contrabando de armas– sobre la jefa del Estado.
Casi en simultáneo a que Lagomarsino se presentaba ante la prensa por primera vez, la fiscal Viviana Fein, a cargo de la investigación, reapareció ante los periodistas para desmentir, también, a la presidenta y sus funcionarios sobre el repentino regreso de Nisman a Buenos Aires.
La expectativa del caso, no obstante, estuvo centrada ayer en la primera aparición pública de Lagomarsino que, sin contestar preguntas, relató ante los periodistas cómo Nisman le solicitó el arma el sábado 17 de enero pasado.
Según Lagomarsino, Nisman le aseguró que era un legítimo usuario porque “era fiscal”, le prometió que no iba a usarla y le confió en que ya no confiaba en su custodia, pero que quería una pistola para llevarla en la guantera del auto por si aparecía “algún loquito con un palo” y lo intimidaba cuando paseaba con sus hijas.
“Tengo más miedo de tener razón que de no tenerla”, le dijo Nisman en el encuentro de aquel sábado cuando le contó, según Lagomarsino, lo “preocupado” que estaba tras haber denunciado a la presidenta por encabezar una complot para encubrir a Irán en el atentado contra la Amia y “fabricar” un culpable de la masacre. Su abogado, en tanto, aseguró que era “normal” que Nisman lo convocara en fin de semana y afirmó que su cliente había comenzado a diciembre a tramitar su pasaporte para viajar en marzo a Disney, junto a su familia, y el 14 de diciembre tenía turno en el Ministerio del Interior para obtener el documento. Rusconi también disparó sobre las críticas oficiales sobre el sueldo de Lagomarsino: dijo que sea la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, la que explique el sueldo de Lagomarsino que –detalló– en mano eran $ 32 mil, un salario “no tan raro” en el Poder Judicial.
Lagomarsino quiso terminar rápido su presentación ante los periodistas ya que, según dijo Rusconi, no querían superponer esa conferencia al comienzo del velatorio de Nisman, en una cochería del barrio porteño de Núñez, antesala de su inhumación, que se producirá hoy en el Cementerio Israelita de La Tablada.
Separaron al custodio más cercano
El suboficial Rubén Benítez, custodio de mayor confianza del fallecido fiscal Alberto Nisman, fue separado ayer de su cargo por “causa grave”, por decisión de las máximas autoridades de la Policía Federal.
Así, ya son tres los efectivos policiales que integraban la custodia de Nisman separados de su cargo, mientras que los restantes se encuentran sumariados.
El pase a disponibilidad de Benítez, de la división Seguridad y Custodia Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de la Nación, fue informado en el Orden del Día de la Policía Federal y se le aplicó el artículo 48 inciso G de la Ley 21.965.
El inciso G dispone la separación “por causas graves, si lo dispone la autoridad policial competente por sí, o a solicitud del órgano disciplinario instructor hasta tanto se dicte la resolución definitiva, pudiéndose dejar sin efecto en el transcurso del procedimiento”.
Benítez, único agente que entró al departamento de Nisman el fin de semana antes de su muerte, era el más antiguo de los suboficiales que integraban la custodia del fiscal, a quien conocía desde hacía más de diez años. Según se supo, el suboficial comenzó a trabajar con Nisman en 1999 y con los años forjaron cierta confianza. De acuerdo con su propio testimonio, el sábado (previo a la muerte del fiscal) Nisman le pidió consejos sobre qué tipo de arma podría comprar para defenderse cuando saliera en su auto, en el hipotético caso de que estuviera solo e intentaran atacarlo. Diego Lagomarsino señaló ayer que para él “todos los custodios se llamaban Benítez, porque él (por Nisman) hablaba siempre con Benítez”.
Una notebook puede ser la prueba clave
Una de las notebooks encontradas en el departamento del fiscal Alberto Nisman el día en que apareció muerto podría ser una prueba clave sobre las últimas horas con vida de quien investigaba el atentado contra la sede de la Amia. Se trata de una computadora que utilizaba una de las hijas de Nisman y que al momento del hallazgo sin vida del fiscal se encontraba en “aparente estado de uso” en uno de los dormitorios.
La jueza de instrucción Fabiana Palmaghini buscará analizar información de esa computadora, luego del testimonio de la madre del fiscal, Sara de Nisman, quien dijo que al ingresar al departamento de su hijo vio el monitor encendido, lo que llama la atención “considerando el extenso lapso que habría transcurrido desde su eventual última utilización, atendiendo al horario presunto de fallecimiento de Nisman”.
“Incorporar como punto de pericia al examen técnico que habrá de realizarse sobre la notebook. Resulta imperiosa la necesidad de determinar la configuración vinculada a la modalidad hibernar o de ahorro de energía”, ordenó la magistrada, quien dispuso varias medidas prueba, más allá de que la investigación está encabezada por la fiscal Viviana Fein.
En ese sentido, la jueza sugirió determinar si tenían registradas armas a su nombre tanto Nisman como su empleado, el técnico informático Diego Lagomarsino, este último –por ahora el único –imputado en la causa– por haberle entregado la pistola calibre 22 que fue la que acabó con la vida del fiscal.
La jueza también sugirió que se haga un nuevo estudio de disparo y barrido electrónico con el arma encontrada: en ese sentido, fuentes judiciales informaron que aún no se realizó la contraprueba del revólver, del que un primer estudio dio negativo sobre presencia de pólvora en la mano de Nisman.
Palmaghini también le pidió a Fein ampliar la declaración del personal de seguridad del complejo Le Parc, a raíz de las inconsistencias en los registros de ingreso y egreso de Lagomarsino, quien el día anterior al hallazgo sin vida del fiscal lo visitó en dos oportunidades, en una de las cuales le llevó el arma que aquél le había pedido prestada.
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