Más de un tercio de las millones de personas que en una década comenzaron a integrar las “nuevas clases medias” en toda América latina están en riesgo de volver a caer en la pobreza, lo que requiere urgentes y múltiples políticas públicas –no sólo referidas a los ingresos– en toda la región.
La conclusión surge de un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que calculó que la situación de vulnerabilidad, en el marco de un contexto económico global difícil, afecta a entre 25 y 30 millones de personas en toda la región.
“Esto equivale a más de un tercio de la población que salió de la pobreza desde 2003. Así, la prioridad principal es proteger a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y atender las exclusiones duras que enfrentan millones de personas que nunca salieron de situación de pobreza por ingresos, ni de la pobreza multidimensional”, advirtió el organismo.
El PNUD determinó que “las trayectorias individuales del cambio de los ingresos en el período comprendido entre 2003 y 2013, vistas de punta a punta, sugieren que del 49,6 al 65,4 por ciento de la población regional experimentó una mejora económica que le permitió moverse hacia un grupo de mayores ingresos –por ejemplo, desde la pobreza extrema hacia la pobreza moderada, o desde la pobreza moderada hacia la vulnerabilidad económica–”, señaló el organismo.
En ese contexto, “sólo del 0,5 al 3,6 por ciento experimentó movimientos descendentes, por ejemplo, desde la vulnerabilidad económica hacia la pobreza por ingresos, o desde la clase media hacia la vulnerabilidad”.
Asimismo, el PNUD advirtió que “millones de personas dejaron de vivir en situación de exclusión y pobreza y alcanzaron un mayor bienestar económico y material”, pero que “al mismo tiempo se consolidó un grupo de la población que, si bien abandonó la pobreza por ingresos, se encuentra en una situación de elevada vulnerabilidad, en riesgo de recaer en la pobreza”.
“El 42 por ciento de la población regional vivía en condiciones de pobreza por ingresos en 2002, pero tal proporción descendió a poco más del 24 una década después, en 2013. En términos absolutos, el número de personas en situación de pobreza por ingresos disminuyó sostenidamente durante esos años desde casi 214 millones hasta casi 142, lo que indica que 72 millones de personas en la región abandonaron tal condición –de ellas, 59 millones vivían en condiciones de pobreza extrema en 2002–”, indicó.
Para el PNUD, “junto con la reducción de la pobreza, un gran número de personas experimentaron un crecimiento de sus ingresos de una magnitud tal que les permitió ubicarse en los estratos medios de la pirámide de ingresos”.
El informe contiene una conclusión muy interesante, que pone en duda la visión de que las mejoras sociales experimentadas en toda América latina durante la última década tuvieron como exclusivo protagonista el “viento de cola” de la suba de los precios de los productos primarios que todos estos países exportan.
El organismo dependiente de Naciones Unidas indicó en su informe sobre desarrollo humano para América latina y el Caribe “Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso”: “Ninguno de los logros sociales y económicos recientes alcanzados en la región fue producto del laissez faire”.
“Tanto el ritmo de crecimiento del ingreso como los logros sociales, los logros laborales y los logros en materia de equidad de género fueron moldeados por políticas públicas innovadoras y por intervenciones estratégicas en el proceso de desarrollo”, resalta el texto.
El organismo estimó que las personas que salieron de la pobreza en el período 1992-2002 lo hicieron en un 96 por ciento por el crecimiento económico y apenas un 4 por ciento por la redistribución del ingreso.
Pero esa relación se alteró de manera muy fuerte a partir de distintas políticas públicas –sociales, educativas, de igualdad de género– en la década siguiente: así, la reducción de la pobreza se debió entre 2003 y 2013 en un 62 por ciento al crecimiento y en un 38 por ciento a la redistribución.
En ese marco, parece jugar con mucho peso el gran aumento del gasto público en la región.
De acuerdo al informe, el gasto público social total por habitante creció a una tasa media anual de 7,3 por ciento y, en ese marco, los gastos en “protección social” fueron los que más crecieron.
El organismo planteó que en la actual coyuntura se requiere “proteger los logros alcanzados mediante pisos de ingresos y de activos, y del establecimiento de sistemas de cuidados y de protección social que garanticen el pleno ejercicio de los derechos sociales y económicos consagrados”.
“A ello se suman las políticas de protección ante la materialización de riesgos naturales y las políticas de sostenibilidad ambiental que construyen sobre la base de los logros ya alcanzados”, advirtió.
Por otra parte, el PNUD reclamó un mayor “uso de evidencia para el diseño y la implementación de la política pública aún constituye un reto formidable en lo que respecta a las áreas rurales y a grupos específicos de la población cuyas vulnerabilidades y exclusiones escapan de las mediciones convencionales de las cuentas nacionales o de las encuestas y los censos”.
De igual modo, propuso “un nuevo pacto fiscal” ya que “en la región se lograron implementar incrementos graduales de la presión tributaria, pero ésta sigue siendo insuficiente para enfrentar los retos de una agenda de progreso holístico en muchos países”. También instó a “la construcción de acuerdos ciudadanos para resolver algunas de estas tensiones en el ámbito fiscal, y mediante el fortalecimiento de la institucionalidad del desarrollo”.
“Los gobiernos de América latina y el Caribe lideraron las innovaciones sociales en los últimos 15 años. Se requiere traducir esta capacidad de innovación a todas las dimensiones del bienestar que hacen al desarrollo de una vida plena”, subrayó.
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