Ciudad

Nación proponía que funcionen manicomios

La ley de salud mental no se toca

Después de rumores de una posible reglamentación de Cambiemos de un proyecto que modifica el espíritu de la normativa, la responsable del órgano de revisión, María Graciela Iglesias, habló con El Ciudadano.


María Iglesias, al frente a la izquierda, frente a Miguel González, actual senador departamental por Santa Fe capital.

El fin de año de los familiares de usuarios y profesionales que defienden la ley de Salud Mental de 2010 no fue fácil. Desde Cambiemos surgió un proyecto de reglamentación que entendían contradecía puntos claves de la normativa. Todavía está colgado en internet. En particular, no incluía la prohibición de que funcionen los monovalentes, antes eran conocidos como manicomios. La responsable del Órgano de Revisión de Salud Mental, María Graciela Iglesias habló con El Ciudadano y prefirió no legitimarlo. “Reconocemos el único decreto, el 603 de 2013. El proyecto modificaba la ley y la Constitución Nacional impide modificar la ley por decreto reglamentario. La respuesta del país cuando se conoció el proyecto de reglamentación fue algo histórico”, contó y agregó que a principio de año se reunieron con Luciano Grasso del Ministerio de Salud nacional donde diagramaron un trabajo común para cumplir con la ley como está.

—El último informe dice que se crearon varios órganos de revisión en las provincias con la excepción de San Luis y San Juan ¿Cómo avanza la aplicación de la ley?

—Avanzamos mucho. Estamos cada vez más fuertes. El año pasado casi todas las provincias hicieron su propio proceso y llamaron al órgano para continuarlo. Santa Fe consiguió su ley de órgano de revisión y representantes de usuarios van a conformar el plenario del órgano de revisión nacional. Deben representar al sector a todas recomendaciones y monitoreos. La voz del usuario debe estar presente. Es la primera vez que lo van a integrar usuarios personalmente.

—Desde 2015 tienen planes de acción ¿Cómo planean trabajar este año?

—En 2018 será más intenso. En particular, sobre las internaciones involuntarias. Tiene un control de legalidad y debemos intervenir cuando pasan entre 60 y 90 días de la denuncia. Sobre las internaciones voluntarias prolongadas no hay control si no intervenimos y preguntamos cómo trabajan con la persona. Ahí estamos. Sobre todo, en las que están internadas en monovalentes privados o públicos.

—La ley no solo prohíbe nuevos centros monovalentes sino que pide desarmar los que están y girar la atención en los hospitales públicos. ¿Cómo es la situación a nivel nacional y en Santa Fe?

—En algunas provincias apenas hay atisbos. Estamos al inicio del cumplimento de la ley. Hubo un antes y un después en los últimos 4 años porque empezamos a trabajar con las instituciones. Hay muchos obstáculos porque las autoridades dicen que no tienen personal capacitado y tampoco están disponibles los dispositivos alternativos (talleres, centros terapéuticos, espacios de atención, etc). Es el huevo y la gallina. Si no ponen en marcha los alternativos tampoco se avanza en poder asistir a los que están en los monovalentes hoy. La apertura de los centros de salud públicos es primordial.

Trabajamos personalmente en capacitaciones para equipos de salud y abogados. El 19 de abril vamos a volver para hacer lo mismo en Rosario. Santa Fe se movilizó mucho y en comparación es de las provincias que más avanzó. Hay que sostenerlo. Entre Ríos está en el mismo camino. La esperanza es que puedan hacer un esfuerzo regional.

— ¿Cómo es el trabajo con las comunidades terapéuticas?

—Hasta el momento los resultados no son buenos y hay violaciones al artículo 18 (una persona no puede estar internada más de 60 días contra su voluntad sin la intervención del Órgano de Revisión). Están instaladas por fuera de las grandes ciudades y los resultados son parecidos. Vemos que les falta personal capacitado, más allá de cómo trabajan, si es desde el abstencionismo o la reducción de daños. Vamos a intensificar el trabajo. Tenemos por delante una reforma que debe estar a la altura de los Derechos Humanos que tenemos y merecemos mantener. Lo que importa es la gente. Eso significa no convertir a alguien en delincuente porque tenga un problema de sustancias y también las formas de tratar. Esa persona tiene los mismos derechos que un usuario de Salud Mental y el fin debe ser la rehabilitación y la inclusión. Hay muchas formas de trabajar. Mientras estén debajo del paragua de la ley las cosas son más claras.

— ¿Cómo trabajan las sanciones?

—Monitoreamos y tenemos mesas intersectoriales e interjurisdiccionales en las que trabajamos con las instituciones. Marcamos las irregularidades, tomamos las denuncias y atendemos las decisiones judiciales. Es un modelo que da buenos resultados. Tiene que haber una proporcionalidad entre lo punitivo y la gestión conjunta. Nuestra función es construir. Para construir hay que sentarse a la mesa.

— ¿Pueden convivir las dos formas de tratar al usuario? ¿Qué actores son claves en la ejecución de la ley?

—El paradigma es uno. Cuando se levanta algo que culturalmente rompe y provoca crisis con lo que se venía haciendo, trae complejidad. Los profesionales de la salud desde los colegios deben tomar la responsabilidad de discutir y definir criterios en sintonía con la ley. Trabajamos con los colegios de psicólogos más que con otros profesionales. Hay un punto donde el discurso debe ceder a la acción. No podemos decir que la ley es nueva. Es de 2010. Está vigente y somos un faro regional por nuestra legislación. La tenemos que hacer valer y eso incluye a los profesionales.

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