Dilma gobierna Brasil atrapada en una jaula de oro: la clase media. Es la que le dio los votos decisivos; es la que tiene que retener y cuidar. No es para menos: estimada en 105,4 millones de brasileños, esa franja supera la mitad de la población total del país (de 191 millones).
Para preservar ese idilio dorado es que en los últimos días la presidenta inició dos movimientos contrapuestos. Uno, un cierto repliegue frente a la iniciativa del PT (Partido de los Trabajadores) de regular los medios de comunicación; otro, un ataque frontal a la corrupción gubernamental. Mientras tanto, tres ministerios (Hacienda, Trabajo y Previsión Social) trabajan para que la crisis económico-financiera global no modifique el actual escenario de movilidad social, ni desbarranque a los 39,5 millones de brasileños que desde2003 aesta parte consiguieron ascender desde las clases D y E a la intermedia C.
“Sólo conozco un control: el remoto parala TV”, es la frase que repite Dilma Rousseff cuando se le pide opinar sobre la posibilidad de una nueva ley de prensa. Después de conocerse el pasado fin de semana el texto final del IV Congreso del PT, en el que se propone una “democratización o control social de los medios”, Dilma mandó a su ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo, a que pusiera los puntos sobre las íes. “Hay que separar la posición del partido de la posición del gobierno”, dijo Bernardo.
La presidenta –militante del PT– sabe que un apoyo a ese proyecto regulador impulsado por el ala más lulista del partido y por José Dirceu, un ex jefe de gabinete en el primer gobierno de Lula acusado de corrupción por la prensa, le restaría votos en la clase media.
El margen de error con los de esa franja es mínimo: en 2012 habrá elecciones municipales y el PT compite, por un lado, con el voto opositor de la socialdemocracia (PSDB), pero también con el de su aliado principal en el Congreso, el PMDB (de centro), que hoy está al frente de gran parte de las prefecturas (municipalidades).
Esa clase, además, le exige otros compromisos que Lula no pudo cumplir. Como el de la transparencia, una demanda que se disparó a partir del escándalo de corrupción del mensalao en 2005 (soborno pagado cada mes a varios diputados para que votaran a favor de los proyectos de interés del Poder Ejecutivo), y que arrastró, luego de las denuncias de la prensa, la renuncia del jefe de gabinete Dirceu (que hoy busca venganza impulsando una ley para controlar a los medios).
Por eso, el romance entre Lula y la clase media (y los interlocutores de ésta, que son los grandes medios de comunicación) entró en una vía de desgaste, que hizo que en su reelección en 2006 –ganó en segunda vuelta– necesitase sumar los votos de los más pobres del Nordeste brasileño.
Dilma, que a diferencia de Lula proviene de un hogar de clase media, entiende ese reclamo por mayor transparencia, menor clientelismo y corrupción. Por eso inició el operativo “fajina” (limpieza) en su gabinete, que consiste en romper con la práctica política que caracteriza a Brasil: la de repartir el manejo de los ministerios (hoy hay 36) entre los distintos partidos políticos, de acuerdo con su caudal electoral, para asegurarse una “base gobernante aliada” en el Congreso.
Esa limpieza pasa el plumero por la herencia nefasta: van 8 meses de gobierno y varias renuncias en su equipo luego de sospechas de corrupción (su jefe de Gabinete Antonio Palocci, del PT; el ministro de Transporte Alfredo Nascimento, del aliado derechista PR (Partido dela República); el ministro de Defensa Nelson Jobim, del centrista PMDB; el viceministro de Turismo Colbert Martins (también del PMDB), y el ministro de Agricultura Wagner Rossi (otro PMDB).
Según Christopher Garman, director para América latina del Eurasia Group, “si hace seis años el empleo y la renta eran las principales preocupaciones del elector, hoy las encuestas muestran que la calidad de la enseñanza, la salud y la seguridad son las principales demandas de la clase media”, que pide “un servicio público de mejor calidad, eficiencia y transparencia”, agrega. Sin embargo, este camino antimugre presenta escollos peligrosos. Principalmente, el costo político que acarrea: Dilma puede pasar la escoba anticorrupción, pero esas “razzias” en su gabinete transmiten a la vez una sensación de inestabilidad hacia el electorado. Para remediar estos desequilibrios es que desde esta semana modificó su rutina de gobierno “estática” dentro del Planalto por una que abarca recorridos por diferentes municipios del país. Mayor presencia, más votos. Al mismo tiempo, sigue revuelta la base aliada parlamentaria, en la que se aglutinan 15 partidos. Algunos, como el PR (cuyo feudo era el ministerio de Transporte, a cambio del voto de 7 senadores y 40 diputados) ya han dicho que no apoyarán al oficialismo en las votaciones que restan para este año.
¿Hasta dónde debe “limpiar” Dilma sin que esto afecte la gobernabilidad de su mandato? La respuesta, en parte, la diola Fiesp, que hace pocos días divulgó que en 2010 Brasil destinó entre 50.800 y 84.500 millones de reales (entre el 1,4 y el 2,3 del PBI) a “zonas grises”, es decir, pasibles de corrupción. Por su parte,la Fundación GetulioVargas estima que entre 2002 y 2008 hubo 40.000 millones de reales (el equivalente al PBI de Bolivia) desviados en corrupción. Así, de cara a las municipales de 2012 y en la búsqueda de un estilo que la diferencie de su antecesor Lula, Dilma Rousseff responde a las demandas de transparencia de la clase media brasileña. La tiene atrapada, pero también tiene a la prensa de su lado.
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